El Poder Ejecutivo nacional denunció penalmente al juez federal Luis Armella y solicitó su remoción ante el Consejo de la Magistratura, por la “posible comisión de delitos” en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las denuncias citan las notas periodísticas publicadas por Página/12 donde se informó que “un grupo de empresas vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación”; también se basan en la investigación que, a partir de esas notas, la Corte Suprema encargó a la Auditoría General de la Nación y que “ratifica lo adelantado por la investigación periodística”. Los cargos contra Armella son: “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Ante el Consejo de la Magistratura y sobre las mismas bases, el pedido de juicio político es por “palmario mal desempeño”, ya que el juez Armella “ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.

Ambas presentaciones están suscriptas por Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, con el patrocinio de Angelina Abbona, procuradora del Tesoro de la Nación. La denuncia penal señala “la posible comisión de delitos de acción pública” por Luis Antonio Armella, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes, a quien la Corte Suprema de la Nación atribuyó la competencia para la ejecución de su dictamen que, el 8 de julio de 2008, dispuso el saneamiento de la cuenca.

El texto recuerda que “entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre de este año se publicó en el diario Página/12 una serie de notas suscriptas por Horacio Verbitsky” en las que “se informó que un grupo de empresas vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación”. “Según dicha investigación periodística, se encontraría probado un modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal”, dice la denuncia, y precisa que “el juez intimó a la Autoridad de la Cuenca (Acumar), bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos proyectos”; “ante la premura exigida por el magistrado, se habilitarían los supuestos de excepción” para beneficiar, “sin procesos licitatorios”, a “empresas que serían próximas al juez”.

Según el texto firmado por Abal Medina, “se contrató siguiendo las órdenes del magistrado”, cuyas resoluciones implicarían “un plan dirigido a orientar la contratación a través de las empresas AySA y Ceamse”, a las que “la Acumar les transmitió la urgencia, los planes perentorios y las intimaciones del magistrado”.

La denuncia cita “el informe de la Auditoría General de la Nación, fechado el 9 de octubre, que “señala cuatro contrataciones directas efectuadas por Aysa con Compañía Constructora M&T S.A.”, por más de dos millones de pesos, y “14 obras adjudicadas a M&T mediante concurso privado de precios, por un total de 123.428.218 pesos”.

Seis empresas, siempre las mismas, eran invitadas por AySA a los concursos privados, que siempre ganaba M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas “por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios”.

También la Ceamse efectuó “una contratación directa de la firma M&T, por un monto de 3.597.834,30 pesos”, “a partir de las razones de urgencia sustentadas en la resolución del juez Armella”.

La denuncia se detiene en “el caso de la firma Gildin S.A.”. Citando nuevamente a este diario, señala “la relación directa del juez Armella con los socios y directivos de Gildin”; recuerda que en 2009 “Armella prohibió la instalación de nuevas canteras en la Cuenca y ordenó “la clausura de la totalidad de las que se mantenían operativas”, lo cual permitió “liberar de competencia a Gildin y asegurar su contratación”.

El texto agrega que, en este marco, “desde esta Jefatura de Gabinete se ordenó al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, en su carácter de presidente de la Acumar, una investigación interna”: como resultado, la denuncia menciona “funcionarios vinculados al juez Armella: se trata del ingeniero Daniel Zinij y el arquitecto Gabriel Zinij, quienes se desempeñaron en AySA y Acumar al momento de las contrataciones referidas; e Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela y Gabriel Husain, quienes asimismo se desempeñaron como funcionarios de Acumar”.

La presentación sostiene que los hechos que describe “encuadran prima facie en el artículo 174 inciso 5º del Código Penal, que tipifica la “estafa contra una administración pública”; en el artículo 248 del Código Penal, que tipifica la “violación de los deberes del funcionario público”; y en el artículo 265, referido a “negociaciones incompatibles con la función pública, delito que reprime con prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua”.

Los mismos argumentos se utilizan en la denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Luis Armella, “por mal desempeño y posible comisión de delito en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales delegadas por la Corte Suprema”. En este caso, advierte que “la conducta del juez Armella configura palmario mal desempeño” y sostiene que “ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”, por lo cual solicita “la remoción del juez Luis Antonio Armella”.