El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) va a asumir la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín. Así lo anticipó ayer el organismo de derechos humanos, que advirtió que la demanda, presentada pocos días antes del 7 de diciembre, cuando entrará en plena vigencia la ley de medios audiovisuales, busca poner un mordaza judicial a la libertad de expresión. La denuncia fue presentada por los abogados del multimedios y acusa del delito de incitar a la violencia colectiva a los periodistas Sandra Russo, columnista de Página/12 y panelista del programa 6,7,8, y Roberto Caballero, ex director del diario Tiempo Argentino, así como también al relator de Fútbol para Todos Javier Vicente. Básicamente, la demanda toma una serie de opiniones críticas que tuvieron sobre Clarín en el programa 6,7,8 (y en el caso de Vicente, durante la emisión de un partido) y los acusa de “incentivar a la violencia” contra el grupo y sus directivos. La misma acusación se extiende, además, a funcionarios y legisladores como el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, o el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

El escrito fue presentado el jueves por el apoderado judicial de Clarín, José María Sáenz Valiente, junto con los abogados Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada.

Está formulado como una denuncia por incitación a la violencia colectiva, pero pide a la Justicia que evalúe aplicar también la figura de coacción agravada, que establece penas no excarcelables.

A Sandra Russo la acusan de ser una de las instigadoras a la violencia por haber dicho sobre los cacerolazos en el programa del 13 de septiembre de 6,7,8: “Son las cacerolas de Clarín”. Y más adelante: “En este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno. En los ‘90 hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si lograran la destitución, ¿qué pasaría el día después?”.

Contra Caballero usan una opinión que formuló en el mismo programa, el 4 de octubre, sobre la protesta de prefectos y gendarmes: “¿Qué creo yo, digamos, que es lo que está sucediendo?”, se preguntó el periodista. “Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra de la cabeza y dice ‘en qué país estamos’. Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria”.

Aún más insólita es la acusación contra el relator Javier Vicente. La frase con la que, según Clarín, incitó a la violencia fue pronunciada mientras Canal 7 transmitía un partido de Quilmes vs. Estudiantes. “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento: 7 de diciembre.”

El escrito tiene 35 páginas. Su planteo es que estas opiniones son parte de una “maniobra” que tiene voceros e “ideólogos” y busca que la gente salga a hacer algún tipo de ataque contra a los directivos del Grupo –el escrito incluso advierte sobre la seguridad de sus periodistas y familiares–.

En el caso de los funcionarios incluidos en la denuncia, los acusa de ser también “propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo” y por lo tanto también incitar a la violencia colectiva a Sabbatella, Zannini, al ministro de Justicia, Julio Alak, a los legisladores Edgardo Depetri y Juan Cabandié.

Finalmente, a lo largo de la presentación son mencionadas otras personas cuyos nombres quedan sólo asentados, por ahora. Entre ellos están la también periodista de Página/12 Nora Veiras, panelista de 6,7,8, al igual que Orlando Barone, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, y de un modo más general “integrantes” de Unidos y Organizados.

“Estrategia desesperada”

Tras transcribir una decena de opiniones críticas a Clarín de los mencionados, la denuncia advierte que “resulta aún más peligrosa la actitud del Gobierno y algunos de los funcionarios que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o ‘dead line’ en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos: el 7 de diciembre próximo, según ellos es el día en el cual hay que vencer al enemigo sin ahorrar violencia para lograrlo”.

Se refieren así a la fecha fijada por la Corte Suprema como límite para la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de adecuarse al número de licencias audiovisuales permitido por la nueva ley.

La difusión de la denuncia –de la que Clarín hasta ayer no había publicado una línea– generó reacciones inmediatas. En principio, de los propios denunciados. “Me parece que esto es parte de la estrategia desesperada de un grupo que quiere mantener sus privilegios y busca cómo no cumplir la ley”, consideró Sabbatella. “Con esta denuncia –agregó– queda claro quiénes son los autoritarios e intolerantes, quiénes son los que quieren meter presos a periodistas por sus opiniones o a funcionarios por querer hacer cumplir la ley.”

El titular de la Afsca, como el resto de los denunciados, no había recibido hasta ayer ningún tipo de notificación judicial. “Me enteré por los medios y no por los del grupo denunciante. En ese sentido, parece que hasta a ellos mismos les da vergüenza la denuncia que hicieron: ni siquiera se animaron a publicarlo en sus propios medios.”

Caballero, a su vez, consideró que la denuncia de Clarín corresponde a otra época. “Intenta aplicar una mordaza judicial a aquellos periodistas que no decimos lo que (Héctor) Magnetto quiere escuchar. Es un intento por coartar la libertad de expresión, de presionar para que se ejerza la autocensura profesional. La verdad, sólo en los regímenes totalitarios se puede pensar que las opiniones de un periodista constituyen un delito penal.”

Hoy, a las cinco de la tarde, en la sede del CELS habrá una conferencia de prensa en la que los integrantes del organismo de derechos humanos, junto a los denunciados, plantearán los pasos a seguir. El secretario de la entidad, Damián Loretti, señaló que la denuncia “es un precedente grave no sólo para los periodistas, sino para cualquier ciudadano que exprese una opinión sobre temas de interés público”.

El organismo recordó en un comunicado de prensa que, para proteger la libertad de expresión, en los últimos años fueron despenalizadas las figuras de calumnias e injurias en caso de temas de interés público. Por esto, la denuncia “acude a dos tipos del Código Penal (la instigación a la violencia y la coacción agravada) que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo que resalta el absurdo de la intención persecutoria”.