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La Iglesia Católica difundirá hoy un agresivo documento en el que denunciará presiones contra la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial e incluirá pronunciamientos contra el caudillismo, la agudización de los conflictos como forma de construcción democrática, la inseguridad, las complicidades con el narcotráfico, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan y su politización. También criticará las políticas sociales de transferencia directa de recursos a los sectores más vulnerables. No es habitual que los documentos eclesiásticos navideños se hagan públicos un mes antes de la fecha. Así, estas “Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad” parecen menos pensadas para celebrar el nacimiento de Cristo que el vencimiento de la medida cautelar que ha demorado la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Otra particularidad es que el documento no fue discutido ni redactado por los ochenta prelados que componen la Asamblea Plenaria. Ese cuerpo sesionó hace tres semanas y su tiempo de discusión se dedicó a elaborar la respuesta al grupo de Cristianos para el Tercer Milenio. Esos laicos, entre quienes están el ex embajador Hernán Patiño Mayer, el diputado Felipe Solá, la defensora del pueblo porteño Alicia Pierini y la socióloga Ana Cafiero, reclamaron por el silencio de la Iglesia ante las provocativas declaraciones del ex dictador Jorge Videla, a quien a pesar de sus crímenes no se le ha vedado el acceso a la Eucaristía. El documento elaborado el 8 de noviembre, el mismo día de la manifestación opositora en el Obelisco, negó una vez más la documentada complicidad del Episcopado con la dictadura militar. La redacción de un documento político de actualidad fue delegada entonces en una comisión especial. Desde que el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, reemplazó en la presidencia del Episcopado al de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, los documentos eclesiásticos habían mermado su hostilidad al gobierno nacional y se concentraban en temas más generales de interés para la Iglesia, que se arroga la tutoría nacional en cuestiones éticas y sexuales. En este caso, en cambio, reaparecerán los temas políticos que caracterizaron la gestión y la pluma de Bergoglio. El documento llevará la firma colectiva de la 104ª Asamblea Plenaria. Arancedo preside la Conferencia Episcopal y lo acompañan el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, como vicepresidente 1º; el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, como vicepresidente 2º, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía Seguí, como secretario. Bergoglio sigue siendo uno de los veinte miembros de la Comisión Permanente, debido a su cargo como arzobispo de la Capital Federal.

“A casi treinta años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica”, dirán los obispos. “Todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por una dirigencia que no piense sólo en sus propios intereses, sino que se preocupe prioritariamente por el bien común.” Sin la menor referencia a la crisis internacional y a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para impedir su repercusión sobre el nivel de empleo y las remuneraciones, los jerarcas católicos reclamarán por “la dignidad de nuestros hermanos más pobres en su vida personal y familiar, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral. La educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las personas y a las comunidades ser artífices de su propio destino”. Hacía mucho que el Episcopado no cuestionaba las políticas de transferencia directa de recursos, como la Asignación Universal por Hijo, que varios de sus miembros han encomiado. En un tópico recurrente en los documentos eclesiásticos durante la gestión de Bergoglio y habitual en los pronunciamientos de medios y dirigentes políticos de la oposición, los obispos pedirán a Cristo “Concédenos la sabiduría del diálogo” y dirán que la democracia no se construye agudizando los conflictos que existen en toda sociedad, sino mediante los ideales de la amistad social. Una de las sombras que los prelados ven levantarse contra “una vigencia más plena del orden democrático” es la del “excesivo caudillismo, que atenta contra el desarrollo armónico de las instituciones, acentúa su deterioro y menoscaba la autonomía de cada uno de los poderes del estado, tanto en el orden nacional como provincial. Esto es particularmente delicado cuando se trata de la independencia del Poder Judicial”. El documento también incluirá una referencia al federalismo y la república. Lo hará con una cita de la Oración por la Patria, que el Episcopado difundió durante la crisis de fin de siglo, en la que decía que “nos sentimos heridos y agobiados”. El texto que se dará a conocer hoy agregará que el anhelo obispal está contenido en la Constitución Nacional. “Queremos ser una nación basada efectivamente en un sistema republicano, representativo y federal.” Tampoco faltará el tópico clásico de la reconciliación, que los obispos consideran como una deuda pendiente. “Se hace cada vez más necesario generar contextos de encuentro, de diálogo, de comunión fraterna que nos permitan reconocemos y tratamos como hermanos, aborreciendo el odio y construyendo la paz”, dirá. Ese es el tema en debate entre los obispos y los Cristianos para el Tercer Milenio, quienes en su segunda carta pidieron que los obispos “hagan cesar el público pecado de escándalo que se configura hoy, cuando un criminal convicto y confeso de delitos de lesa humanidad, sin arrepentirse ni manifestar voluntad alguna de reparación de las atrocidades cometidas, tiene acceso al sacramento de la Eucaristía”.

Según los obispos, el país padece una crisis moral y cultural. Su texto dirá que “la base de todos los derechos humanos” es la dignidad de la vida desde la concepción hasta su término natural y que el matrimonio entre varón y mujer, “anterior al Estado, es la base de toda la sociedad y nada puede reemplazarla”. Como para la doctrina católica los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, el sistema educativo no debe imponerles “contenidos contrarios a sus convicciones morales y religiosas”. El sistema educativo debe mejorarse, de modo que sus principales beneficiarios sean los más pobres. “La necesaria preparación para la vida cívica de niños y jóvenes debe excluir la politización prematura y partidista de los alumnos.” Hay una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y ésta es una desafiante hipoteca social. Al referirse a lo que llaman “la proliferación del delito y de la consiguiente inseguridad”, los obispos las atribuyen al “crecimiento del crimen del narcotráfico y la red de complicidades que lo sustentan”.