El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó ayer a prisión perpetua a cinco represores, incluido el ex hombre fuerte de la provincia, Musa Azar, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Otros cinco imputados fueron sentenciados a penas que van de cinco a veinte años de prisión. El tribunal que preside Graciela Fernández Vecino dictó dos condenas por delitos sexuales a autores directos, ambos policías, y otras dos a sus jefes como autores mediatos. Los jueces resolvieron que la sentencia se debe cumplir en una cárcel común: los condenados ya pasan sus días en la Unidad Penal 35 del Servicio Penitenciario Federal, en Colonia Pinto, a 40 kilómetros de Santiago.

En este juicio, una decena de acusados fueron juzgados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, asociación ilícita, allanamiento ilegal, violaciones y abusos sexuales contra 44 víctimas. La mayor parte de los hechos ocurrieron luego del golpe de Estado aunque también se incluyeron casos de 1975 y de fines de 1974. Las penas de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado los fiscales Gustavo Gimena y Félix Crous, recayeron sobre los ex policías provinciales Musa Azar, su segundo Miguel Tomás “Pirulo” Garbi, Ramiro López Veloso (único condenado por abuso deshonesto a un detenido), Juan Felipe “Sérpico” Bustamante y Francisco Antonio “Paco” Laitán, todos ex miembros de la denominada SIDE santiagueña. El ex mayor del Ejército Jorge Alberto D’Amico, para quien el Ministerio Público Fiscal había pedido 25 años de cárcel, recibió una pena de 20 años. Los jueces pidieron además su baja del Ejército. Otros cuatro ex policías recibieron penas menores: ocho años de cárcel para Carlos Héctor Capella, seis para Eduardo Bautista “Poroto” Baudano (los fiscales habían pedido 25 para cada uno) y cinco para José Gregorio “Pepe” Brao y Rolando Doroteo Salvatierra (los fiscales habían pedido 15 años). En los casos de Capella y Salvatierra, el tribunal ordenó la inmediata detención y traslado a la cárcel, ya que habían permanecido excarcelados durante el juicio oral.

En instrucción avanzan las imputaciones contra una decena de imputados, incluidos ex magistrados y funcionarios de la Justicia. Además continúa prófugo el ex policía Roberto Díaz, acusado por homicidio, por cuya captura el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos. La jornada comenzó a las ocho de la mañana, cuando familiares de desaparecidos, sobrevivientes y militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se concentraron en la plaza principal de Santiago. Desde allí marcharon quince cuadras hasta la puerta del juzgado federal. Poco después de las nueve, el tribunal que también integran Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asis ofreció a los acusados hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. La mayoría se limitó a remarcar su inocencia y a agradecer el trabajo de sus abogados. Laitán, acusado por una violación, dijo haberse sentido impedido de ejercer su defensa porque era su palabra contra la de la víctima. El tribunal finalmente lo encontró culpable. Musa Azar prefirió el silencio. “No tengo nada que decir”, fueron las palabras del ex comisario de la policía santiagueña, que, igual que Garbi y López Veloso, fue condenado en 2010 por secuestrar y asesinar al estudiante Cecilio Kammenetzky. Las palabras de Musa Azar se escucharon a través del sistema de videoconferencias desde el Hospital Regional Ramón Carrillo, en la capital santiagueña, donde permanece internado.

Luego de un cuarto intermedio, a las 17 la sala estaba colmada por más de ochenta personas. Otras 50 se ubicaron en una sala contigua con monitores, mientras el grueso de los militantes se ubicó sobre la avenida Belgrano, donde seguían las instancias desde una pantalla gigante. Los represores, excepto Laitán, optaron por evitar las miradas de víctimas y familiares y escucharon sus condenas desde una sala contigua.

“Es una causa emblemática y el veredicto deja más que contenta a esta fiscalía, ya que el tribunal prácticamente ha receptado los alegatos del Ministerio Público y de las querellas, salvo en cuanto a la pena de cuatro imputados”, reflexionó el fiscal Gustavo Gimena. “Creemos que debieron aplicarse los máximos o al menos una escala cercana al máximo, ya que los secuestros y tormentos, además de ser aberrantes, se cometieron en el marco de un genocidio, de un plan de persecusión y exterminio de militantes políticos”, agregó. El fiscal destacó que, a pedido del Ministerio Público, el tribunal declaró la nulidad de todos los procedimientos llevados a cabo por la vieja ley 20.840 de “actividades subversivas”. “En los prontaurios y legajos judiciales de muchos sobrevivientes sigue constando esa condena. Es un gran avance, una reparación, que ahora deban eliminarse de esos legajos, ya que se consideran nulas”, celebró.

Con esta sentencia, asciende a 346 el número de condenados por secuestros, tormentos y homicidios durante el terrorismo de Estado.