Hoy se reúne el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires para decidir si suspende o no al juez de Mar del Plata, aún en funciones, Pedro Federico Hooft. Denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en la Justicia Penal por su rol durante la última dictadura, y con el proceso de juicio político aprobado ya en 2009, el magistrado logró conseguir hasta ahora una serie de salvoconductos, a través de una batería de presentaciones jurídicas para atrasar no sólo el comienzo formal del proceso penal en Mar del Plata, sino también la suspensión de funciones que prevé el juicio político. El jurado, presidido por un integrante de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, estará compuesto por 5 abogados y 6 legisladores. El juicio comienza a las 11 en la Corte. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata y las víctimas que van a seguir la sesión convocaron a una conferencia de prensa a las dos de la tarde en la Comisión Provincial por la Memoria.

“Realmente esta situación me emociona mucho, me invade la emoción y no sólo por los años que una está sobre esto”, dice Marta García de Candeloro. “Realmente es necesario que esto salga: que este jury salga en forma positiva no sólo por mi caso, sino por todos los casos que hay respecto de Hooft, que era prácticamente el único juez de Mar del Plata y acá la represión ha sido muy grande. Esto es importante porque el caso Hooft habla de la Justicia y es importante para ir rompiendo esa cosa tan sostenida sobre que ‘fueron los militares’ o aquello del ‘a mí no me tocó’ y permite ir ampliando los círculos para mirar a todos los que intervienen en este tipo de procesos.”

Marta es uno de las testigos fundamentales del caso Hooft y una de las víctimas que después de sus denuncias sufrió represalias de parte del juez que inventó acusaciones en su contra y utilizó espacios de poder en Mar del Plata para responderle a través de los medios. Ella estuvo secuestrada en el centro clandestino de La Cueva y luego pasó a la Comisaría 4 de Mar del Plata, donde vio al magistrado, le gritó su nombre y el nombre de su marido. Pese a que en ese momento Hooft ya tenía en su despacho los trámites de hábeas corpus iniciados por los familiares, ni siquiera la miró.

Marta era la esposa de Jorge Candeloro, uno de los abogados laboralistas caídos poco antes de los operativos conocidos como las Noches de las Corbatas, de julio de 1976, en las que fueron secuestrados otros abogados laboralistas, y que es otro eje de la causa Hooft. Referente del PCR en la zona, Jorge tuvo un rol clave en la causa por el crimen de Silvia Filler en 1971, por el que fueron detenidos varios miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

A ellos los secuestraron en junio. En julio cayeron los otros abogados: Camilo Ricci, Raúl Hugo Alais, Norberto Centeno, Salvador Arestín, Carlos Bozzi, Mercedes Argañaraz de Fresneda y Tomás Fresneda. El 11 y 13 de julio cayeron el abogado José Verde y su esposa, y Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García, estos cuatro sobrevivientes.

Durante esa sucesión de noches de operativos, Hooft estaba de turno en el juzgado y le llegaron los pedidos de hábeas corpus presentados por los familiares. Hooft “no produjo investigación alguna”, señala la denuncia de 2006. Y en el caso de Candeloro, recibió un informe del coronel Pedro Alberto Barda, jefe de la Subzona Militar 15 de Mar del Plata. El informe decía que había muerto por aplicación de la ley de fuga. En dos de los últimos juicios orales de Mar del Plata quedó acreditado que Jorge murió en La Cueva, producto de la tortura. En el mismo sentido, la denuncia original señala que el juez no “requirió la exhibición del cadáver ni practicó medida alguna de comprobación de los hechos”, “no requirió se le informase el lugar de inhumación de los restos ni la autopsia”. Tampoco se preocupó por la demora con la que las autoridades militares informaron del caso, ya que Candeloro murió en el supuesto intento de fuga el 28 de junio de 1977, pero el juez no recibió la comunicación hasta cuatro meses más tarde.

Las dos vías

La complicidad del juez Hooft con la dictadura está siendo analizada a través de dos vías: el proceso penal y el juicio político. La causa judicial se abrió en mayo de 2006 con una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a la que se sumaron días más tarde la Secretaría de Derechos Humanos provincial, los organismos de derechos humanos locales y las víctimas. En julio de ese mismo año se abrió en forma paralela un pedido de juicio político en la Secretaría de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Desde ese momento a esta parte, el magistrado logró frenar las dos causas.

En la causa penal, recusó a todos los jueces de Mar del Plata que tuvieron el expediente y consiguió apartarlos. La causa ahora está en manos de un juez federal de Azul, Martín Bava. Que lo citó a indagatoria para el próximo 13 de marzo, con un pedido que atravesó toda serie de problemas. La indagatoria original era para el año pasado. Hooft apeló. La Cámara de Mar del Plata rechazó la apelación, pero Hooft recusó a Bava. Luego la Cámara Federal rechazó la recusación y Bava confirmó la indagatoria. Ese paso dará por iniciada la causa.

El juicio político siguió un camino paralelo, pero con el mismo tipo de problemas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la provincia aceptó la apertura del proceso sobre Hooft. Según la Constitución bonaerense, el magistrado debe ser suspendido en sus funciones mientras dura el proceso. La Corte, sin embargo, admitió que el juez continúe con sus funciones. Además, Hooft pidió un “recurso extraordinario” para apelar a la Corte Suprema de Nación y también obtuvo el acuerdo. Tres años y medio después, la Corte nacional rechazó el pedido en un escrito muy crítico con los magistrados provinciales. Hoy el jurado tiene que tomar finalmente la decisión de suspender al juez para avanzar con el proceso. Además de Hitters, el jurado estará compuesto por abogados conjueces: José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Ricardo Rosello. También integrarán el jurado los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.