La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, presentó una nota ante la Corte Suprema para apurar una resolución que lleve a implementar el pago de Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial y, a la vez, habilite a hacerlo en el Ministerio Público. La jefa de los fiscales les propuso a los jueces supremos “trabajar en forma conjunta” en el análisis y la aplicación de los mecanismos de deducción impositiva. El máximo tribunal había empezado a analizar el tema la semana pasada, después del discurso de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso, que le trasladó la responsabilidad de una definición del tema.

La Presidenta recordó en la Asamblea Legislativa que la ley que obliga a los jueces y demás miembros del sistema judicial a pagar Ganancias existe y está vigente, sólo que la Corte, en tiempos de la mayoría automática menemista, en 1996, la declaró inaplicable a través de una acordada. Por eso, la administración del máximo tribunal no realiza la deducción impositiva al liquidar los salarios.

En la Procuración General explican que no se puede instrumentar el pago de Ganancias para los fiscales de la noche a la mañana, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece para ellos “el reconocimiento de la misma jerarquía y beneficios” que los que corresponden “al Poder Judicial”. Es decir, el argumento es que están “enganchados” con lo que defina la Corte para los jueces, funcionarios y empleados.

Gils Carbó ya se pronunció varias veces a favor del pago del Impuesto a las Ganancias. El oficio enviado a la Corte, en rigor, está firmado por el subdirector de administración de la Procuración, Daniel Domanico, quien pidió una reunión con el administrador general de la Corte, Daniel Marchi. La nota dice que, si la Corte modificara la acordada que exime a los jueces del pago del Impuesto a las Ganancias, “implicaría el deber legal de aplicar automáticamente esas mismas pautas de liquidación” en el Ministerio Público. Del mismo modo, la Procuración sostiene que no puede aplicarlo por su cuenta.

La discusión sobre la eximición de Ganancias divide aguas dentro de la Corte Suprema. El año pasado los ministros intentaron empezar a implementar el impuesto, con el plan de que se les impute a los nuevos miembros del Poder Judicial, pero no a los que ya están en funciones. Trataron el tema durante al menos dos plenarios, en septiembre, pero al abrir el debate a las entidades de los jueces –con la Asociación de Magistrados a la cabeza– y a la Unión de Empleados de la Justicia, la decisión quedó empantanada, según relataron en el Palacio de Justicia.

El análisis que hacen hoy los jueces supremos es que si derogan sin más la acordada que impide descontar Ganancias, se va a venir una ola de juicios. En el caso de los jueces, según el discurso habitual, invocarán que la Constitución dice que sus salarios son “intangibles”, frente a lo cual están los que oponen el argumento de que un impuesto no es una reducción salarial, sino una carga como la que pagan todos los ciudadanos. Como los empleados judiciales también están exentos, en el alto tribunal también vislumbran medidas de fuerza. Por esto, la posibilidad de aplicar el impuesto sólo a las nuevas generaciones judiciales sigue siendo una de las más contempladas puertas adentro. En este caso, los afectados bien podrían plantear que es discriminatorio, pero en la Corte dicen que la litigiosidad –o sea el volumen de reclamos– no sería tan significativa.

La mayoría de los jueces de la Corte se opone a lo que ha sido un planteo de la Asociación de Magistrados y de dirigentes de la oposición, en especial radicales: que si se empieza a descontar el Impuesto a las Ganancias haya una compensación salarial. Se estima que la reducción sería de entre el 25 y el 30 por ciento del sueldo. Otra posibilidad en estudio: que el descuento se extienda a todo el mundo por igual, pero se aplique a determinados rubros, del mismo modo que los legisladores no pagan Ganancias, por ejemplo, sobre gastos de representación. Tampoco se descarta una aplicación progresiva, durante un período de varios años.

Está todo en pleno debate. La complejidad del tema y las disputas que despierta en el Poder Judicial quedaron a la vista incluso en el encuentro del movimiento “Justicia legítima”, donde por falta de consenso fue un punto omitido en las conclusiones que se elaboraron al final. Habrá que ver si el empujón de Gils Carbó surte efecto.