El papa Francisco deberá ofrecer más que gestos de austeridad y circunspección si quiere que la Ciudad del Vaticano deje de ser considerada una plaza atractiva para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales y del financiamiento del terrorismo. Luego de haber protagonizado reiterados escándalos financieros, propiciados por la opacidad de su sistema bancario, la Santa Sede decidió a fines de 2010 impulsar una serie de reformas para adaptarse a los estándares internacionales contra el lavado. Sin embargo, desde entonces avanza con pies de plomo y son pocos los resultados que puede mostrar.

En septiembre de 2009 Benedicto XVI designó al banquero Ettore Gotti Tedeschi al frente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), entidad comúnmente conocida como Banco del Vaticano. Su nombramiento se interpretó como un intento por transparentar las cuestionadas finanzas de la entidad. Apenas unos meses antes, el periodista Gianluigi Nuzzi había puesto al banco en el centro de las miradas con la publicación de su libro Vaticano S.A., donde revelaba que el IOR llevaba décadas lavando dinero de la mafia y encubriendo a políticos, banqueros y empresarios. El caso más resonante ocurrió en mayo de 1982 cuando se produjo la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano que tenía al IOR como su principal accionista. Esa historia tuvo todos los componentes de una novela policial. Incluyó el supuesto suicidio de Roberto Calvi, presidente del Ambrosiano, quien ese mismo año apareció colgado en el puente de los Frailes Negros de Londres, y los asesinatos de Giorgio Ambrosoli, abogado liquidador de la entidad financiera, y de Michele Sindona, un banquero de la mafia, que ordenó matar a Ambrosoli y luego fue envenenado en la cárcel cuando cumplía cadena perpetua por ese hecho. No obstante, lo que reveló Nuzzi es que ese tipo de prácticas eran cotidianas en el Vaticano.

Durante los primeros meses como presidente del IOR, Gotti Tedeschi, inició contactos informales con la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que el Vaticano deje de ser considerado un paraíso fiscal, pero no se observaron cambios significativos en las prácticas y en septiembre de 2010 la entidad quedó envuelta nuevamente entre sospechas cuando la fiscalía de Roma ordenó incautar 23 millones de euros depositados en dos de sus cuentas. Las autoridades italianas informaron entonces que el IOR había violado las normas europeas contra el lavado de dinero al no haber comunicado los nombres de dos clientes que días antes habían ingresado en el Instituto 20 millones y 3 millones de euros, respectivamente. Las autoridades del Vaticano mostraron su “perplejidad y asombro”, pero acusaron el golpe y aceleraron las reformas. En diciembre de 2010, sancionaron una ley antilavado donde se estableció que aquellos que desarrollaren actividades financieras vinculadas con la Santa Sede debían someterse “las obligaciones de prevención del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo”. El texto, que entró en vigencia en abril de 2011, fijó 12 años de cárcel por delitos de blanqueo, 15 por delitos vinculados con el terrorismo, de seis meses a cuatro años por malversación de fondos, de uno a cuatro años por fraude y lo mismo por abuso de información privilegiada. Además, Benedicto XVI creó la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo que tiene por función vigilar las diferentes entidades que administran dinero en la Iglesia: el APSA (que gestiona el patrimonio inmobiliario), el Governatorato (museos, empleados, farmacia y guardia suiza, entre otros) y el Banco Vaticano.

Con estas reformas, se presentó en un plenario del GAFI y solicitó su ingreso, pero sin tener que someterse a una auditoría del organismo. El pedido sólo contó con el respaldo de Italia y por lo tanto fue rechazado. Lo que hizo entonces fue tramitar su ingreso al Moneyval, un organismo europeo adscripto al GAFI, el cual se concretó en abril de 2011. Entonces sí acordó una visita para someter a evaluación su sistema normativo y operativo antilavado. La misión del Moneyval tuvo lugar del 22 al 26 de noviembre de 2011. Durante esos días, los expertos mantuvieron reuniones con representantes de la Secretaría de Estado, de la Gobernación, las Oficinas Jurídicas, el Cuerpo de la Gendarmería, la Prefectura de Asuntos Económicos y el IOR. Los resultados del informe de Moneyval debían estar en julio de 2012, pero antes de que se conocieran estalló un nuevo escándalo en la Santa Sede.

El 24 de mayo, en medio de la filtración de los secretos vaticanos conocida como Vatileaks, Gotti Tedeschi fue desplazado del IOR. Su salida fue atribuida al secretario de Estado, Tarcisio Bertone, hombre fuerte de la curia, con quien mantenía un fuerte enfrentamiento. Gotti Tedeschi dejó trascender entonces su temor a ser asesinado y pocos meses después, durante un allanamiento realizado por la policía en su domicilio, por otro caso en el que estaba involucrado, se encontraron un par de expedientes que serían su seguro de vida. Fuentes policiales informaron que aquellas carpetas contenían apuntes donde supuestamente aparecen probadas un conjunto de operaciones ilícitas amparadas por la opacidad del IOR. El abogado del banquero informó entonces a la prensa, con la clara intención de evitar alguna represalia, que “el señor Gotti Tedeschi no entregó espontáneamente, es decir por su decisión, material alguno a los fiscales. Los fiscales de Nápoles y Roma se han hecho del material a través de un secuestro como resultado de las pesquisas ejecutadas por orden de la fiscalía de Nápoles”.

En ese contexto, se conoció en julio de 2012 el informe de Moneyval que arrojó resultados ambiguos. Por un lado, el texto celebró que el Vaticano haya sancionado una ley antilavado, adecuado el concepto de secreto bancario a estándares internacionales y reforzado la cooperación internacional, contemplando el intercambio de información entre la AIF y las Unidades de Información Financiera de otros países. No obstante, al mismo tiempo cuestionó la estructura de la AIF por no operar con los criterios de una UIF tradicional, lo cual podría derivar en dificultades para una aplicación efectiva de esos estándares internacionales. Además, advirtió sobre un supuesto conflicto de intereses por el hecho de que personas que cumplen actividades en el ente vigilante aparecen al mismo tiempo formando parte de los organismos que deben ser vigilados. Esas dos últimas advertencias relativizan los avances que pueden haberse logrado y si el auditado no fuera el Vaticano posiblemente las críticas hubieran sido mayores.

En su nuevo papel de papa Francisco, Jorge Bergoglio deberá demostrar si su intención es profundizar las reformas para lograr transparencia en la lucha contra el lavado o seguir dilatando los cambios. Por ahora, quienes lo rodean son los principales responsables de la opacidad que aún perdura y su antecesor Benedicto XVI parece haberle querido marcar la cancha al nombrar al frente del Banco Vaticano al alemán Ernest von Freyberg, apenas cuatro días después de haber anunciado su propia renuncia.

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