“Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan a nosotras, y eso agrava la trata y la explotación”, sostuvo Elena Reynaga, presidenta de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales y fundadora de Ammar –sindicato integrado en la CTA que lidera Hugo Yasky–, al expresar su rechazo a los proyectos de penalizar a los clientes de trabajadoras sexuales. “Una vez más no hemos sido consultadas: nos ignoran, nos invisibilizan”, denunció, y recordó que la entidad fundada por ella fue premiada por las Naciones Unidas por su acción contra el VIH/sida. Según Reynaga, la diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) “mira siempre hacia Europa, pero una cosa es la policía de Suecia y otra la de Argentina, que ‘hace caja’ con nosotras”. En cambio destacó “los avances que las trabajadoras sexuales están logrando en Ecuador y en Bolivia”. Y advirtió que “elegimos a los diputados para que escuchen todas las voces, no algunas”. Ammar defiende las cooperativas de trabajadoras sexuales y rechaza el proxenetismo y la trata. Según un mapeo efectuado hace tres años, habría más de 80 mil trabajadoras sexuales en la Argentina.

–Una vez más, no fuimos consultadas –deploró Reynaga–. Vuelven a ignorarnos. Ammar tiene 19 años: en este tiempo logramos la derogación de edictos policiales en distintas provincias y trabajamos con los ministerios de Salud. En 2010 recibimos el premio Cinta Roja (otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– y Onusida). Pertenecemos a la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales, con 65 organizaciones de 16 países. En Bolivia, gracias al gobierno de Evo Morales, la compañera Evelia Yucra obtuvo el primer DNI donde figura “trabajadora sexual”. En Ecuador, el presidente Rafael Correa recibe a las trabajadoras sexuales y les otorgó una casa para su sede.

–¿Qué opinan de la penalización del cliente?

–Algunos miran siempre hacia otros países, europeos, y se olvidan de que viven en la Argentina. Una cosa es la policía de Suecia, otra la de Argentina. Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan más de lo que ya estamos: se exacerba la trata y la explotación. ¿Y por qué el Estado tiene que regular en qué se gasta la plata? ¿Por qué va a prohibir que alguien con su plata compre sexo? ¿Y quién aplica estas leyes? La policía; nos vuelven a poner en manos de estos mafiosos, que hacen caja con nosotras. En la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 81 del Código Contravencional prohíbe la oferta y también la demanda de sexo en la vía pública, pero la policía le hace la contravención a la chica y al cliente le dice: “Poneme un doscientos y no te mando la contravención a tu casa”; lo mismo pasaría con una ley que criminalice al cliente.

–La idea del proyecto es que no existe el trabajo sexual como actividad libremente elegida...

–Respetamos lo que cada diputado piense. Pero no los elegimos para que hagan lo que ellos creen sino para que legislen para todas y todos. Los legisladores parecen pensar que la prohibición tiene más impacto mediático, en vez de plantear políticas diferenciadas para la trata, el proxenetismo y el trabajo sexual autónomo. Ya hace tres años hicimos un mapeo y, sólo en las cinco provincias más importantes, se estimaron 80 mil trabajadoras sexuales. Buscamos el reconocimiento, la creación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas. Y cuando nos movilizamos, la gente se acerca, está dispuesta a firmar, nos dice que ojalá lo logremos...

–¿Y en cuanto al proyecto de penalizar al cliente sólo cuando medie trata de personas, como sugirió el diputado Aníbal Fernández?

–Tampoco estamos de acuerdo. ¿Cómo se haría para diferenciar? En un prostíbulo podría haber situaciones distintas. Y sí, podría ser que en un prostíbulo superclandestino haya trata. Pero en los procedimientos que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires no hay trata de personas sino proxenetismo: las mujeres no están secuestradas, pero las explotan. Por este y otros temas venimos reuniéndonos mensualmente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

–¿Qué objetivos tiene el diálogo de Ammar con la Defensoría del Pueblo?

–La Defensoría nos convocó el año pasado con la idea de diseñar políticas públicas. En la Ciudad apoyamos el proyecto de la diputada María Rachid para derogar el artículo 81. Y no queremos quedar marginadas de la política de vivienda; en el proyecto Pro.Cre.Ar hay que mostrar cuánto se gana: queremos pagar impuestos y poder así recibir créditos. El 80 por ciento de las trabajadoras sexuales vive en cuartuchos de hoteles, con sus chicos, pagando lo mismo que por un departamento de dos ambientes.

–¿Hay otras cuestiones que se planteen en esas reuniones?

–Las chicas denuncian atropellos en los procedimientos que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, no sólo de los policías sino también de psicólogas que participan. Una coordinadora de las psicólogas vino a nuestra sede el día que se reúnen las chicas: “¿No podés entender que no estoy obligada, que estoy trabajando?”, le reclamaban. La psicóloga tuvo la capacidad de reconocer que era un tema que desconocía, y me pareció bárbaro que haya venido a escuchar a las compañeras. Nosotras no somos tontas, no somos estúpidas. Hay muchas trabajadoras sexuales que son pensantes, inteligentes, y no trabajan para nadie más que ellas y sus hijos.