La Cámara Federal, la Corte Suprema y un fiscal federal, todos juntos el mismo día, promovieron investigaciones contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Los dos tribunales dicen que hay que determinar la validez legal de la designación como fiscales subrogantes y ad hoc de funcionarios del Ministerio Público que tienen cargos de menor jerarquía, como secretarios. Algunos de esos nombramientos los promovió la procuradora con la creación de unidades especializadas en distintos delitos, desde lavado de dinero y narcotráfico hasta la apropiación de hijos de desa-parecidos. Un grupo de ONG presentó un “amicus curiae” en defensa de ese modelo de gestión, pero la Cámara lo ignoró olímpicamente. El fiscal Gerardo Di Masi, por su lado, le dio impulso a una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió por supuesto “encubrimiento” contra Gils Carbó y dos fiscales subrogantes de la procuraduría antilavado (Procelac), a quienes considera sospechosos de “intentar frustrar la investigación” que involucra al empresario Lázaro Báez. El dictamen propone a la vez imputar al juez del caso, Sebastián Casanello, quien también fue cuestionado por los camaristas.

La discusión sobre el nombramiento, como fiscales ad hoc o subrogantes, de personal del Ministerio Público que no tiene el cargo concursado sino puestos menores sin acuerdo del Senado, se disparó a partir de la intervención de la procuraduría de lavado de dinero, a cargo de Carlos Gonella, en la causa contra el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, que terminó implicando también al empresario Báez en el supuesto envío de 50 millones de euros a bancos y sociedades extranjeros. Al comienzo, Gonella y Omar Orsi llevaron al juez Casanello reportes de operaciones sospechosas de Elaskar y Fariña y pidieron su indagatoria. El fiscal del caso, Guillermo Marijuán, estaba de licencia.

El lugar de líder de Gils Carbó en el movimiento anticorporativo “Justicia legítima”, junto a los cambios que impulsa en la estructura del Ministerio Público –donde además de crear unidades nuevas desplazó de lugares de poder a algunos fiscales cuyo trabajo, a su entender, no había mostrado frutos–, la han vuelto blanco de cuestionamientos.

- La Sala I de la Cámara Federal ordenó ayer reabrir una causa contra Gils Carbó iniciada por el senador radical Mario Cimadevilla y de la que se había hecho eco Marijuán. Cimadevilla decía que la creación de unidades especializadas, como la Procelac (de lavado) y la Procunar (de narcocriminalidad), invadía facultades del Poder Legislativo; la designación de subrogantes avanzaba sobre atribuciones del Ejecutivo y el Senado. El juez Casanello había cerrado la causa por inexistencia de delito. Dijo que la ley de Ministerio Público habilitaba a la procuradora, como jefa de los fiscales, a hacer todo lo que había hecho, más aún teniendo en cuenta las demoras en concursos y la decisión de mejorar las investigaciones. Explicó que sin esas designaciones habría sido imposible avanzar en causas de derechos humanos.

Finalmente, los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero dijeron que el juez se quedó en un “debate jurídico”, en “mera retórica” sin promover pruebas, dicen, sobre la creación de cargos “no coyunturales” sino “estables”; el nombramiento de “acusadores públicos” por un “camino tangencial”. “La gravedad de las imputaciones –señalan– dirigidas a Gils Carbó no podía ser reducida mediante la simple apelación a un recurso dialéctico, sino que reclamaba un examen acerca de los hechos.” Los jueces citan al fiscal de Cámara Germán Moldes, cuando dictaminó que “Justicia lenta no es justicia, pero menos lo es una Justicia apresurada”, en alusión a que Casanello habría cerrado a la causa demasiado rápido.

Ayer, antes de que fallara la Cámara, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y otras ONG hicieron una presentación en esta causa. Ofrecieron argumentos en defensa de Gils Carbó y enumeraron deficiencias de actuación previas: según el Cipce, las causas de corrupción llegan a juicio, duran unos once años y los fiscales no piden medidas para recuperar el dinero malhabido; según Abuelas, sólo 2 por ciento de las causas por apropiación de hijos de desaparecidos se inició con una denuncia fiscal y el 72 por ciento de los fiscales sólo pidió medidas de prueba una vez en el trámite de las causas. También ofrecieron cifras de violencia institucional. La Cámara no dijo nada de esta presentación.

La procuración tiene unidades muy anteriores al nombramiento de Gils Carbó, dedicadas a derechos humanos, trata de personas y delitos tributarios, incluso una de la Anses, a cargo de Marijuán. La Cámara ha avalado, además, fallos de jueces subrogantes antes de que recibieran acuerdo del Senado.

- En la Corte Suprema, anunciaron que a raíz del planteo de nulidad por un dictamen firmado por una procuradora subrogante, Alejandra Cordone Rosello, el tribunal se expedirá sobre la validez de ese tipo de nombramientos provisorios, para sentar un criterio. Antes, le dio cinco días a Gils Carbó para que exponga su postura. El caso es un expediente comercial, “Automotores Saavedra”, promovido por el empresario Antonio Conrado de Martino, quien objetó el dictamen en cuestión por estar firmado por una funcionaria sin título de fiscal.

- El fiscal Gerardo Di Masi impulsó una denuncia de Carrió y propuso imputar a Gils Carbó, a los fiscales Gonella y Orsi y al juez Casanello. Habló de posible encubrimiento e incumplimiento de deberes. A los tres primeros los acusa de intentar frustrar la investigación, por no haber imputado e investigado a Báez al mismo tiempo que se avanzaba contra Fariña y Elaskar. El juez había sido denunciado por Carrió por girar a la Justicia de Río Gallegos su presentación sobre el supuesto desmantelamiento de una caja de seguridad de Báez y por no hacer un allanamiento solicitado por Marijuán en función de un anónimo, en un galpón donde supuestamente habría documentación de la financiera SGI, de Elaskar. El fiscal Di Masi pidió copia de la causa contra Báez para determinar si hubo demoras en la investigación. Sobre el allanamiento, la Sala II de la Cámara Federal avaló la decisión del juez de no hacerlo, pero le dijo que les pida a los dueños del galpón que entreguen documentación que pueda estar relacionada con la causa.