En una decisión polémica, una profesora de Lengua y literatura de un colegio secundario de San Luis fue sancionada con una suspensión de 90 días, sin goce de sueldo, por promover en una clase de cuarto año la lectura de un libro, Hay una chica en mi sopa (Planeta, 2011), que narra la historia de una adolescente que se siente atraída por su profesora de alemán. El Ministerio de Educación de la provincia le aplicó la sanción luego de que un grupo de padres y madres cuestionaron el texto como “pornográfico” y un “atropello” a la educación de sus hijos. Varios alumnos y alumnas dijeron que les daba vergüenza leerlo en voz alta. Inmediatamente, los directivos de la escuela ordenaron el secuestro de los libros y los guardaron en un depósito del edificio escolar hasta que los padres los retiraran del establecimiento. La docente no tuvo oportunidad de defender la elección del texto. En diálogo con este diario, explicó que buscó cumplir con el abordaje transversal que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. El episodio generó el lunes pasado una marcha de organizaciones sociales y sindicales en apoyo a la profesora. Tanto el gremio docente ASDE como la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA en San Luis salieron a respaldarla, repudiaron la actitud de las autoridades educativas –frente al planteo de los padres y madres– y advirtieron que se perdió una oportunidad de convertir “un desacuerdo en un acto educativo”. ¿Tuvo la sanción un carácter aleccionador frente a una docente que se ocupó de la educación sexual integral en una provincia donde de “ese tema” casi no se habla? ¿Pueden los padres y madres definir los contenidos que se traten en las aulas? ¿Cómo se pueden trabajar los lineamientos curriculares para la educación sexual en las distintas materias? A partir del caso de San Luis, expertas consultadas por Página/12 se explayan sobre el tema.

Modos

La profesora sancionada se llama Romina García Hermelo. Tiene 30 años y hace tres que es docente en el Colegio Nicolás Antonio de San Luis, más conocido como Bellas Artes, de la capital provincial. Es una escuela pública. Y por tanto laica. Sin embargo, en la sala de profesores hay colgado un afiche con el rostro del flamante Papa argentino, Francisco. García Hermelo tenía a su cargo la materia Lengua y literatura en el curso de 4 año “C”.

Hay una chica en mi sopa es de la joven escritora peruana Silvia Núñez del Arco Vidal, esposa del polémico periodista Jaime Bayly. Es su segundo libro. “En líneas generales el libro narra la vida de una adolescente que se enamora –al punto de obsesionarse– de su profesora y relata ciertas incertidumbres en su vida en general y en su sexualidad en particular”, describió la docente.

–¿Por qué eligió ese libro para ese curso? –le preguntó Página/12.

–En cuarto año los chicos y chicas tienen 15 y 16 años. Sinceramente creo que el libro es apropiado para esa edad. El año pasado lo usé y me fue muy bien, surgieron dinámicas interesantes. Y en caso de que no lo fuera para algunos padres, madres o incluso el equipo directivo, los modos fueron realmente injustos para mí. Creo que la situación podría haber sido tranquilamente solucionable en el interior de la institución. No es una lectura pornográfica, menos hace apología del uso de estupefacientes, como alegaron algunos padres. En la sanción que me aplicó el Ministerio de Educación no hay un informe técnico que afirme eso. El tema de la sexualidad circula en relatos de grandes autores de todos los tiempos, pensemos en eso. La historia de la chica protagonista es narrada de un modo fresco, es una lectura fácil y atrapa al adolescente. Te resalto que todos los años tengo alumnas que ya son mamás. Estas lecturas muchas veces disparan temáticas que los chicos aprenden del peor modo, por los medios, por Internet. Pienso en la Ley de Educación Sexual Integral, que propone un abordaje transversal a la hora de pensar la educación sexual, y desde la literatura la propuesta claramente es acercar lecturas a los chicos y chicas, en un marco de contención y apoyo, en este caso del docente, para que puedan reflexionar en torno de su sexualidad.

Sinvergüenza

El episodio que desembocó en la sanción comenzó a escribirse el 8 de mayo, cuando un grupo de alumnos de 4 “C” les plantearon a directivos del colegio que se “sentían mal” con el libro porque “la profe nos obliga a leer en voz alta y nos da vergüenza” y “nos pone un uno si no lo traemos y leemos”. También alegaron que les había dicho “que es natural que una chica se enamore de otra”, y que “no la cataloguen como lesbiana”. Ese mismo día, según surgen de las actas del colegio –a las que tuvo acceso este diario y confirmó la asesora pedagógica de la institución, Patricia

Echaniz– se ordenó a los alumnos dejar en depósito en dirección el libro para que lo retirasen sus tutores. Al día siguiente, 9 de mayo, los directivos convocaron a una reunión a padres y madres de los estudiantes de 4 “C” para hablar del tema. Una madre llegó a decir que con esa lectura el trabajo que ella había hecho en toda su vida, “en poco menos de dos horas, la profesora lo destruyó”, es “una sinvergüenza y se lo reconoce en su presencia, es una atrevida”. Los padres pidieron que se la sacara del curso. Alegaron que el libro es “pornografía”. “No está bien llevar esa lectura a chicos adolescentes, inculcarles política, sexo”, dijo otra madre. También se cuestiona que la docente “no crea en nada”, que haya pedido “investigar sobre el movimiento zapatista” y que respete la diversidad sexual. García Hermelo cuestiona que no haya sido invitada a participar ni en la primera reunión con los alumnos ni en la segunda con los padres, y que tampoco el colegio haya generado otra instancia de diálogo para poder hablar sobre los cuestionamientos hacia el libro y su persona. Niega que amenazara a los alumnos con ponerles un 1 si no lo leían.

García Hermelo hizo una presentación ante el Inadi porque entendió que fue discriminada por su forma de pensar y hasta de vestir. “No sólo los puso incómodos el libro, sino también cómo pensaba”, apuntó.

Sin defensa

La profesora fue informada de ambas reuniones luego de que tuvieran lugar, y le dijeron que podía hacer su descargo. Lo entregó el martes 14. “En ese momento en el colegio, mientras entrego la nota de descargo llaman del Ministerio de Educación para pedir mi DNI y dirección, o sea, la sanción la tenían antes de escuchar y leer la nota de descargo. Lo corroboro, ya que al otro día recibo la sanción de suspensión por 90 días, sin goce de haberes y me instruyen un sumario”, señaló. En la notificación de suspensión –a la que accedió Página/12– el Ministerio de Educación señala que el texto es “pornográfico” y “obsceno” y que “hace apología del uso de estupefacientes”. “No realizaron ningún informe técnico del libro, es decir, no mencionan argumentos sólidos o alguna evaluación seria sobre el libro. Es decir, el ministerio me sanciona en base a un acta de padres y el equipo directivo, sin mi presencia, o sea que no pude justificar la elección de la lectura”, objetó García Hermelo. “Antes de que entregara la nota de descargo, los padres salen en algunos medios y piden audiencia con el ministro de Educación, Marcelo Sosa. El ministro los atiende y decide proceder de ese modo. Me gustaría destacar que los padres no proponen una reunión conmigo, o sea, ningún padre se me acerca, como tampoco el equipo directivo para poder dialogar sobre esta lectura en el interior de la institución. Por otro lado, el ministerio avasalla mi derecho como ciudadana a la legítima defensa, para que pueda fundamentar pedagógicamente el libro. Me sacan del colegio como si fuera una degenerada, una violadora de adolescentes. Eso es lo grave”, consideró la profesora.

El lunes pasado se realizó una marcha frente al Ministerio de Educación para apoyar a la docente, en la que participaron “padres autoconvocados”, organizaciones gremiales y sociales. El martes, el ministro Sosa aceptó recibir a García Hermelo y le comunicó que el gobierno daba marcha atrás en el quite de sueldo impuesto en un primer momento. En la resolución N 73, fechada el 15 de mayo, en la que consta la sanción, quedó asentado que la jefa del Programa de Educación Obligatoria sugirió la suspensión por 90 días y la sustanciación del sumario administrativo “a los fines de preservar el orden institucional y llevar tranquilidad a la comunidad educativa”. El gremio docente Asde, de San Luis, se solidarizó con la docente y señaló que se avergüenza de las autoridades que, “en lugar de convertir un desacuerdo en un acto educativo, han enseñado a alumnos y padres el prejuicio, la intolerancia, el culto al pensamiento único y el irrespeto, además de la inequidad al condenar ferozmente a un docente altamente calificado, en su ausencia, sin darle el derecho de defensa que corresponde”.