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“El ideal de la soberanía del mercado no es un complemento de la democracia liberal sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política, ya que niega la necesidad de tomar decisiones políticas que son precisamente decisiones relacionadas con intereses comunes o de grupo en tanto que intereses distintos de la suma de opciones, racionales o de otra clase, de unos individuos dedicados a la procura de sus preferencias privadas.”

Eric Hobsbawm, Las perspectivas de la democracia.

Las audiencias públicas, que la actual Corte Suprema utiliza con intermitencias, son un formato interesante. La teatralización de las posturas sirve para divulgar, la visibilización airea (un cachito) el oscuro y opaco clima de los Tribunales. La realizada ayer reformateó, para peor, el recurso del amicus curiae. Se forzó a los presentantes a “tomar partido”, lo que limitó sus perspectivas. Como señaló el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, es “una injusta restricción, que polariza y empobrece los términos en discusión”. El neodiseño permitió la intrusión de terceros no alineados, una corrección culposa e incongruente.

Con todas esas objeciones, que no son pocas ni menudas, la audiencia tuvo su funcionalidad. La “Coreo” (uno de cada parte, por turno) aspiró a mostrar imparcialidad, que hará falta en la sentencia. Pero igualó al Estado con un particular que defiende intereses propios en un derrape que huele a pre-juicio.

Se asignó un tiempo preciso y breve a cada expositor. El Poder Judicial es una usina de incoherencia, ayer agregó una más: el esmero por hacer cortito un trámite que se considera muy valioso, encastrado en un pleito que está por cumplir cuatro rozagantes años.

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La seguidilla de participantes (que se detallan en la nota central) no disimuló cuán ceñido es el Club de Amigos del Multimedios Clarín. Habría que revisar bien, pero seguramente (salvo algún aporte de colegas de otras latitudes) ninguno de ellos ha dejado de percibir sueldos u honorarios de la parte actora. Todos defendieron la lógica del capitalismo predatorio versus la de la soberanía democrática. Eso se dirime en este expediente, cuando se lo simplifica y se lo expone a la luz. Ayer se hizo patente, más allá de los ropajes que impuso la Corte.

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El silencio fue el sonido ambiente de la mayoría de las presentaciones. Se alteró cuando habló Miguel Rodríguez Villafañe, titular de la Confederación Argentina de Cooperativas (Cooperar). En tono más emocional que el promedio, el hombre recordó las reglas de la Ley de Radiodifusión dictada durante la dictadura y empeorada por el gobierno menemista. “Eramos tratados como los que no tienen derecho a la palabra, por 29 años se marginó al sistema cooperativo. Tuvimos que perder espacios. Teníamos que esperar al 2009 para acceder a la palabra.” Evocó que Clarín no dijo nada en ese largo período de exclusión mediática de la economía solidaria y sin fines de lucro. Dio ejemplos tangibles sobre abusos de posición dominante, cometidos por el multimedios. “No permitan una concentración que nos arrodille”, exhortó con piel curtida y conocimiento de causa. Los cortesanos lo escuchaban con cara de circunstancias, que en el caso de Carlos Fayt se parecía bastante a la somnolencia. El aplauso estalló entusiasta, muy numeroso, aunque, claro, no unánime. En la plaza de Tribunales sí lo fue: nadie se manifestó en defensa de los poderes concentrados.

En la democracia todos valen uno, en el mercado sin ataduras los peces grandes se comen a los chicos. E imponen su centralidad. El cronista recuerda que Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe, justificó su apoyo a la LdSCA aduciendo entre otros motivos que la dominación de Clarín es también antifederal. De hecho, quien quisiera emitir un mensaje que llegara desde Florencia hasta Rufino (ciudades que están en el extremo norte y sur de su provincia) tenía que pasar por los medios audiovisuales nacionales, que siempre ahogaron la posibilidad concreta de competencia local.

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Entre otros objetivos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) busca restringir abusos de posición dominante que imponen límites a la libertad de expresión. Tal es el núcleo que se dirime en el juicio. Hablamos de las maniobras desleales para fagocitar competidores, los “precios predatorios” que excluyeron a medios de pequeño porte, el manejo de las transmisiones del fútbol codificado para premiar o desalentar aliados.

Referirse a monopolios en forma excluyente es una simplificación, explicó el abogado y especialista en comunicación Damián Loreti (CELS): el Estado tiene la potestad de hacer desinvertir cuando se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración.

El abogado Víctor Abramovich, que habló por la Universidad de Lanús, pronunció una frase redonda, en una exposición brillante: “La libertad de expresión es un bien social”. Contrapuso esa lectura a una visión liberal arcaica del derecho, que tutela estructuras que “silencian a sectores de la población”.

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Los amicus de Clarín homologaron a menudo la libertad de expresión con el poderío económico de los medios privados. Tal es la tesis central del deplorable fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que la Corte debe revisar. Nada hay de casual: la sentencia es en buena medida un copy paste de presentaciones o alegatos periodísticos de los letrados del multimedios.

Su idea es que una empresa poderosa es la mejor (si no la única) garante de la libertad de expresión. Si ese porte se equiparara al de Clarín se llegaría a la absurda conclusión de que es el único adalid de ese derecho, ya que no hay otro conglomerado igual en la Argentina. Y pocos o quizá ninguno comparativamente similares en el mundo. Si se acentúa un argumento falaz se derrapa pronto al ridículo. La Cámara supo hacerlo, ayer se le sumaron quienes se pronunciaron por capitalistas “con espalda”, esto es con poder propio. Poder fáctico, dicho esto sin adjetivar con la sola intención de diferenciarlo de los democráticos que son otra cosa.

Otro toque de sinceridad involuntariamente esclarecedora provino de Asdrúbal Aguiar Aranguren (Observatorio Latinoamericano de la Democracia), quien apuntó que regulaciones como la de la LdsCA son frecuentes en la región, “una tendencia legislativa emergente”. Así es, los regímenes democráticos y populares (los más radicales y también los “templados”) tienen como adversarios temibles a los medios dominantes. El afán de atenuar su omnipotencia se acentuó en el vecindario desde el 2009. Esto es, durante el largo período conseguido por las chicanas de Clarín y la aquiescencia de jueces de todas las instancias (incluidos los Supremos). El dato es llamativo, debería ser ponderado por la Corte que usó la falta de precedentes en el derecho comparado como argumento contra la reforma del Consejo de la Magistratura. La LdsCA no es una argentinada exótica ni una criatura exclusiva del kirchnerismo, sino una de las varias respuestas sistémicas de los sistemas democráticos más vivaces de esta etapa histórica.

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Eliseo Verón fue un destacado académico, sabio en el estudio de la semiología y las comunicaciones. Al cronista le costó asumir que fuera el mismo hombre que habló ayer en el cuarto piso de Tribunales, pero todas las reseñas coinciden y hay que rendirse a la evidencia. Sería mejor pensar que era un clon o un personaje parecido a los actores de Hollywood Lee Marvin o James Coburn.

El fino pensador del pasado pronunció un discurso falsamente naïf acerca de la libertad que proveen las nuevas tecnologías. El pluralismo está garantizado por Internet, Twitter y otras innovaciones, propuso Verón. El razonamiento, amén de trivial, en algún punto colisiona con el eje del razonamiento del multimedios que es la necesidad de grandes empresas capitalistas como sostenes de la libertad de expresión. Si las redes son las garantías, serían superfluos los “fierros” corporativos.

El pobre papel de Verón, vaya otra paradoja, se viralizó en las redes sociales. Los tuits reseñados en el blog Saber derecho lo consignan con certeza y sin piedad.

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Verón integra el elenco de Clarín desde hace añares. También enseña en la Universidad de San Andrés. Pero se presentó en nombre de una ONG (Comité del Consumidor, Codelco). Otro docente de ese centro de estudios aguantó los trapos de la actora.

La posición del Estado fue acompañada por expositores de las universidades públicas de Lanús y San Martín. A la de Moreno se le negó el derecho a presentarse, con argumentos formales. La tensión entre lo público y lo privado tuvo allí otra muestra. Un símbolo, acaso de lo que hay en juego.

La audiencia de hoy, se imagina, será más dialogada, con preguntas y respuestas. La funcionalidad cabal de ambas se conocerá cuando se dicte la sentencia. Más allá de las virtudes que les reconoce esta crónica, cabe esperar que no hayan sido un artilugio para seguir el pronunciamiento de la Corte que será un hito en la historia del sistema democrático, salga pato o gallareta.

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