María José Guembe *

La voz del público

Las audiencias en la Corte Suprema abrieron un debate de trascendencia constitucional al conocimiento público. La iniciativa hace a la publicidad de los actos de gobierno, al tiempo que permite a la sociedad formar una opinión sobre lo que se dirime en esa causa cuya definición tendrá impacto en sus derechos y en su posibilidad de optar entre diversos puntos de vista, concepciones de la vida y del mundo.

La Defensoría del Público, creada por la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, participó para acercar la voz de las audiencias a los jueces, una voz hasta entonces ausente en la discusión en el expediente judicial. Los reclamos que se presentaron se refieren a la inclusión de señales en la grilla de programación de Cablevisión, a las prácticas comerciales excluyentes y predatorias por parte de esta empresa y a distintas limitaciones al pluralismo informativo.

Desde la sanción de la ley el público es sujeto de derechos. Las alegaciones del Grupo Clarín, sin embargo, colocaron al público en el lugar de “usuario” y “consumidor” que “ejerce su derecho” cambiando de canal o de dial. Esta concepción deliberadamente omite que la diversidad es condición para poder elegir. Y que para lograr esa diversidad es preciso que exista lugar para nuevas voces.

La Corte escuchó nuevas perspectivas y miradas. Esperamos que pronto ponga fin a este conflicto dando plena operatividad a la ley audiovisual y, por tanto, al pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Los abogados del Grupo Clarín, frente a este horizonte han alertado que concurrirán a la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión y la Corte IDH no son instancias de apelación de tribunales locales sino que intervienen frente a violaciones a normas del Pacto de San José de Costa Rica. La ley cumple los estándares internacionales de derechos humanos, tal como fue remarcado en la audiencia pública, por lo que es esperable que el caso sea rechazado en esa instancia.

* Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público. Esta nota reemplaza un comentario de la autora publicado ayer, en el que se consignaron algunos conceptos erróneos.

Por Alejo García *

La disputa

Luego de un intenso recorrido por distintos foros de debate desarrollados por todo el país y contemplándose las opiniones de todas aquellas organizaciones sociales y actores del campo de la comunicación, en el mes de octubre del año 2009 fue sancionada por el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26522).

Cuatro años después de ser votada, la ley sigue sin poder ser implementada en forma plena debido a que el Grupo Clarín cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma.

La disputa en la Justicia de una ley votada por los representantes del pueblo, obedeciendo al mandato popular, instala un nuevo escenario que está relacionado no solo ya con la discusión sobre la democratización de los medios y sobre la posibilidad de que nuevas voces sean escuchadas, sino que también, y sobre todo, instala la idea de la lucha por el poder.

Durante los últimos años en Argentina miles y miles de jóvenes se han volcado a la política entendiendo a ésta como la única herramienta de transformación social y de poder enfrentar a los poderes reales. Este es, sin dudas, uno de los cambios culturales de la época donde la política pasa a formar parte de la mesa de las familias argentinas.

Quienes venimos militando en favor de la democratización de los medios de comunicación observamos que lo que también se está poniendo en juego en la decisión que vaya a tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es sobre el sentido de involucrarse o no en la política y en seguir creyendo en ésta como herramienta de cambio.

El mensaje de los poderes empresariales mediáticos y de quienes los protegen y defienden desde los estrados judiciales es simple, ¿qué sentido tendría involucrarse en la política si los poderes son inamovibles? También se podrían citar otros ejemplos, como los intentos de democratizar la Justicia, donde desde la misma corporación judicial se presentaron los mayores obstáculos a intentos de reformas que se vinculaban a la participación de los ciudadanos en la elección de algunos miembros del sistema jurídico, entre otras cosas.

El escenario que hoy nos muestra la imposibilidad de implementar en forma plena la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ubica en la disputa por el sentido.

El sentido que está en disputa es sobre el proyecto de país que queremos, y la construcción de ese sentido no debe ser una experiencia individual sino que, como dicen Gettino y Vellegia, “se debe promover la lucha por la formación social de sentido para la emancipación de los individuos y las sociedades”.

Por esto es que es importante dar este debate al interior de las organizaciones sociales, de las universidades, de los sindicatos, de las escuelas, en los distintos territorios donde a cada uno le toque estar, generando espacios de diálogo, de comunicación, de reflexión sobre la disputa de fondo y que tiene que ver con la importancia de la construcción de un poder popular capaz de seguir revolucionando culturalmente este país.

Como diría Ricardo Forster, “hoy hay que dar una batalla, también, contra la barbarie cultural, contra los lenguajes que son lenguajes del vacío, de la rapiña, de la estupidez. Lenguajes que construyen un sentido común que se está devorando, precisamente, la capacidad crítica de los individuos en el interior de nuestras sociedades. Por lo tanto es fundamental ser capaces de recoger tradiciones, de interrumpir el discurso monótono de los medios de comunicación. Pero también es fundamental percibir que lo que estamos disputando nuevamente es el sentido, estamos disputando el sentido”.

* Licenciado en Trabajo Social. Docente e investigador universitario. Coordinador de la Asociación Civil Cine en Movimiento.

Guido Croxatto * y Julián Axat **

Por qué

Por qué no pensar que la práctica que esta ley genera –el debate mismo que hoy vemos– es el fin y el sentido de la ley. Una ley que fue producto de un debate democrático con presencia de distintos sectores, y que venía –viene– a dejar de lado una vieja ley del Proceso (que mataba al que pensaba distinto, al que osaba “meterse”, “opinar”, a alzar la palabra). Por qué no reconocer que el debate político y jurídico que la ley genera es prueba de lo que la ley pretende: que se escuchen más voces. Que se escuchen otras voces que a menudo no son escuchadas. Que se enfrenten intereses. Y que esa confrontación se haga visible. Se pueda ver. En un primer sentido diremos que la ley visibiliza. Reconoce. Muestra.

Esta ley supone un cambio en varios sentidos. Pero sobre todo obliga a repensar las categorías (muchas veces anquilosadas, repetidas) con que se maneja el derecho. La libertad de prensa del siglo XIX –a cuyos lineamientos se remiten de modo superficial pero insistente los que se oponen a esta ley de medios– no es ni supone los desafíos que sí supone la comunicación en la cultura en el siglo XXI. (Entonces los argumentos que en el siglo XIX sonaban renovadores, democráticos, hoy suponen todo lo contrario: concentración, statu quo.) Y esto por una razón muy sencilla: porque ha habido y hay una revolución tecnológica y una revolución en las comunicaciones (en el grado y el modo de la comunicación, en la forma y los tiempos de comunicarnos, de decir las cosas, de reproducirlas) que impactan de modo directo en la configuración de la democracia. Los medios no son solo agentes libres de expresarse, muchas veces estructuran el debate y de ese modo configuran una sociedad, una cultura. Estos son los dos costados del debate, que a veces quedan confundidos. Mezclados. Es la práctica de lo que denominamos a veces con un poco de imprecisión esfera pública. Esta nueva situación de hecho no puede estar sustraída al debate. No hay esfera pública en la era de las comunicaciones sin democratización real de la palabra. No hay democracia. Se trata de ampliar el acceso. El mundo ha cambiado. La revolución en las comunicaciones es solo equiparable a la emancipación sexual o a la revolución de la juventud del siglo XX. No entender este cambio –esta revolución, este cambio complejo– supone manejar las comunicaciones del siglo XXI con las categorías del siglo XIX. Es decir, atrasar. No entender los cambios que vive la sociedad. Y que vive la política (Sartori habla de la e-democracia, en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida).

Las comunicaciones reconocen diversos problemas. Owen Fiss, en su libro La ironía de la libertad de expresión, reconoce algunos de ellos. Y por eso cuestiona la falsedad del seudoliberalismo. Que termina mitigando la libertad de los más desfavorecidos a expresarse. Es decir, a ser libres. A formar parte de esa esfera pública. Fiss pone tres ejemplos donde el discurso estándar de la libertad de expresión (con demasiado cinismo asimilada a libertad de mercado, a “competencia”. De hecho, muchos opositores a esta ley hablan de las voces como si su derecho fuera cuestión de “rating”, y no, precisamente, como quiere esta ley, de un derecho, un derecho a expresarse, a tener voz, se tenga o no se tenga “rating”; los desaparecidos no tenían “rating” en la dictadura). Esos ejemplos son el discurso del odio, la pornografía (que el feminismo no separaba nítidamente del primero), y la concentración de medios en manos de empresarios poderosos (Berlusconi es un ejemplo) que utilizan sus propios medios para hacer escuchar una sola voz: la suya. Cuando esa voz tapa a todas las demás (por ejemplo, porque es la única que tiene llegada, es la que “domina el mercado”) entonces defender esa posición dominante no es equiparable a defender la libertad de expresión, sino al contrario, porque se defiende a costa de negar la libertad de los otros. Negar sus derechos. Su palabra. Fiss entiende que la pornografía limita la libertad de expresión de la mujer, porque da una imagen sometida. Entonces, opone la libertad de expresión de la mujer a la libertad de la expresión del hombre (que defiende la pornografía que silencia a la mujer y le niega su libertad, como su libertad –la libertad del hombre– a expresarse). Muchas veces no son una sola. Son dos libertades distintas. Y a veces chocan entre sí. La democracia precisamente es la que debe repensar y reconocer estos choques para empezar a pensar de modo más igualitario la democracia y la libertad. En síntesis, de lo que se trata es de pasar de una posición falsamente liberal a lo que Fiss llama liberalismo igualitario (liberalismo en serio), donde todas las voces sean escuchadas. Con libertad. Fiss entiende que es el Estado precisamente el agente de esa igualdad, que el mercado, por sí solo, naturalmente, no genera. Tampoco busca. Es el Estado el que debe permitir que otras voces asomen. En ese sentido, Fiss supera el sentido tradicional (del liberalismo del siglo XIX) para el cual el Estado era un “enemigo” (el principal enemigo) de la libertad de expresión. En este nuevo contexto, en el siglo XXI, a la hora de defender la libertad, en un contexto de mercado dominante y revolución tecnológica, el Estado puede ser un aliado de esa igualdad. Un aliado y no un enemigo de la palabra. De la pluralidad. Pero esto supone, claro, un Derecho (una Justicia, una sociedad) que empiece a usar, como sostiene Fiss, las categorías del siglo XXI. Y no las del siglo XIX. La situación de Argentina, por otro lado, no es excepcional. La concentración de medios es una regla en América latina, por ejemplo Televisa en México o la red O Globo en Brasil, cuya posición deriva también de la dictadura en ese país. No es casual que los monopolios hayan sido no sólo cómplices, sino parte misma del pasado al que no querían volver. Ese pasado en el que precisamente los desaparecidos no aparecían en las tapas de los diarios. Porque las únicas que informaban a la sociedad eran las viejas locas de Plaza de Mayo. La categoría misma del desaparecido (el hecho de que miles de personas hayan desaparecido sin que nada saliera en los mismos diarios que hoy se oponen a la ley de medios) es una prueba más –tal vez la más cruda– de por qué la democratización/igualdad de palabra es esencial para la democracia. No se puede analizar un derecho con los criterios del mercado. Por la simple razón de que si fuera por el mercado, los derechos no existirían. Seguiríamos con la esclavitud. Diciendo que es “eficiente”. Hoy estamos ante un desafío semejante. Acabar con la esclavitud de la palabra. Con la palabra esclava. Que tiene miedo de ser libre. Que tiene miedo a crecer.

* UBA-Conicet.
** Defensor juvenil

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