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En 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Caracas para confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, premió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por su defensa de los principios de la libertad de prensa contenidos en la declaración de Chapultepec, la misma que el diputado electo Sergio Massa firmó esta semana en su visita a la Asociación de Propietarios de diarios de la Argentina. En 2009, la SIP realizó su asamblea anual en la Argentina, y Lorenzetti la inauguró junto con el entonces vicepresidente Julio Cobos, y en 2010 recibió en su despacho al CEO del Grupo Clarín, Héctor Horacio Magnetto. En enero de 2010, el ex diputado radical Daniel Katz, mencionó que la fórmula presidencial que Cobos encabezaría en las elecciones presidenciales del año siguiente podría completarse con Lorenzetti, quien lo negó. Pero la entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Lo supo por una integrante del grupo, la diputada macrista Gabriela Michetti, quien identificó a sus otros miembros: Lorenzetti, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el diputado de Wall Street Alfonso de Prat Gay, el entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz; varios hombres de negocios y banqueros que Michetti o la embajadora se abstuvieron de nombrar. En 2012, la SIP transmitió a Lorenzetti su apoyo contra presiones políticas que condicionaran su fallo por la Ley Audiovisual y el también juez de la Corte Carlos Fayt lanzó la candidatura de Lorenzetti, esta vez a la presidencia. Lorenzetti aclaró que no aspiraba a ningún cargo político. El mes pasado, en su asamblea realizada en Denver, la SIP declaró su esperanza de que la Corte se pronunciara en contra de la ley audiovisual. Pocos días después el tribunal confirmó la validez constitucional de todos los artículos impugnados de aquella ley.

Núcleo de coincidencias

Tal vez estos antecedentes expliquen la furia desatada contra Lorenzetti, que abarca desde el tardío descubrimiento del diario Clarín de que quiere ser presidente, hasta la denuncia de la pintoresca diputada Elisa Carrió de que existe un pacto espurio del juez con el gobierno nacional y la irónica afirmación del profesor de derecho constitucional Lucas Arrimada: “Me parece que esta constitucionalidad de la Ley de Medios trae un Código Civil unificado bajo el brazo”. Al mismo tiempo, desde posiciones afines al gobierno nacional hubo hasta pedidos de disculpas a Lorenzetti por la desconfianza con que lo trataron hasta el día del fallo. Esto refleja la incomprensión generalizada sobre el rol de la Corte en las primeras décadas del siglo XXI, sin distinción de banderías. La actitud episcopal de Lorenzetti en su profusión de conferencias explicativas ha contribuido a oscurecer las cosas, pero eso no es grave mientras los jueces también hablen por sus fallos y si esos fallos respetan las distintas atribuciones de cada uno de los poderes. A la segunda semana de asumir, el ex presidente Néstor Kirchner impulsó el juicio político a la mayoría automática que había convertido a la Corte en un apéndice del Poder Ejecutivo. Adoptó además un mecanismo autorrestrictivo y transparente para la designación de sus nuevos ministros, en beneficio de la calidad institucional, con un intenso escrutinio público de los candidatos. Gracias a esto, aun cuando el kirchnerismo designó a cuatro de los siete miembros de la Corte, las votaciones del tribunal no siguen una pauta previsible. Una de las juezas designadas por Kirchner, Carmen Argibay, se pronunció en contra de partes de la ley audiovisual y la mayoría favorable se formó con el voto del juez Enrique Petracchi, a quien el presidente Raúl Alfonsín colocó allí hace 30 años. El mismo Petra-cchi y Lorenzetti firmaron el fallo que suspendió las elecciones convocadas por el gobernador kirchnerista de Santiago del Estero. Estos dos ejemplos de los últimos días no son excepcionales. De acuerdo con un relevamiento estadístico realizado por el constitucionalista Gustavo Arballo sobre una muestra de los 50 casos más relevantes del año 2012, el 78 por ciento fueron resueltos por unanimidad. Ya más en detalle detectó que la Corte funciona con un núcleo central de coincidencias que integran cuatro jueces designados por tres gobiernos distintos: Lorenzetti y Elena Highton (por Kirchner), Carlos Fayt (por Alfonsín) y Juan Carlos Maqueda (durante el interinato presidencial del ex senador Eduardo Duhalde). Quienes más veces han coincidido fueron Maqueda y Highton mientras que la pareja menos frecuente la formaron Argibay y Raúl Zaffaroni, ambos nombrados por Kirchner, quienes sólo coincidieron en cuatro casos.

Los gozos y las sombras

Con estas características que impiden un encasillamiento esquemático, la Corte le ha dado al gobierno grandes satisfacciones (al declarar nulas las leyes y decretos de impunidad por los crímenes de la dictadura, por ejemplo) y también costosos disgustos (con el reconocimiento de la libertad sindical contra el deseo de la CGT y del Poder Ejecutivo, su intervención en la limpieza del Riachuelo, la demarcación de las tierras de la etnia Qom o la actualización de los índices previsionales) y no hay forma de encuadrarla como pro o antigubernativa. Esto no equivale a considerar que sus jueces sean apolíticos o carezcan de ideología. En un reportaje con la revista Derecho, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Petracchi dijo que “los jueces son políticos les guste o no. A lo sumo, les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas, lo que sucede es que no son solamente políticas, son además jurídicas, se tienen que adecuar a la Constitución. Cuando existe un conflicto de valores, y eso es lo que siempre hay que juzgar, se toma a uno sobre el otro, y eso configura una decisión política”. En el caso de la ley audiovisual, la Corte reconoció que en ese conflicto de valores el interés público debe prevalecer sobre los beneficios de las empresas, lo cual no significa afectar el derecho de propiedad, ya que si se demostrara un perjuicio patrimonial debería ser indemnizado. Para ello hicieron propios los conceptos sobre los aspectos individual y colectivo de la libertad de expresión desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluyen tanto el derecho de cada uno a expresarse como el del conjunto social a informarse en forma diversificada y plural, como precondición para la existencia del sistema democrático, que requiere una sociedad bien informada al momento de decidir sobre su propio gobierno.

Hoja de ruta

Las bondades del fallo no pueden disimular la enormidad del lapso que la Corte consintió que transcurriera antes de su validación constitucional, con una decisión que según su propio presidente no cierra el camino a nuevos recursos contra cada paso de su aplicación, cosa que el Grupo Clarín ya se declaró decidido a presentar. Frente a esos cuatro años, debatir si debía salir antes o después de las elecciones es una trivialidad. Ante el reclamo de Zaffaroni y Petracchi por mayor prontitud, Lorenzetti respondió con la necesidad de alcanzar consensos en un voto único. Cuando ambos jueces le comunicaron que habían concluido los suyos sin perseguir por más tiempo esa utopía, Lorenzetti les entregó un punto redactado por él, una especie de estatuto del deber ser regulatorio. Luego de una oblicua crítica a la deficiente defensa del Grupo Clarín en la causa, ese punto 74 del voto mayoritario estableció que para obtener pluralidad y diversidad en los medios es necesario que la publicidad oficial se distribuya en forma transparente; que vía subsidios u otro tipo de beneficios los medios no sean instrumentos de una corriente política ni eliminen el debate y el disenso; que los medios públicos den voz a todos los sectores de la sociedad y no estén al servicio del gobierno; que el ente de aplicación de la ley sea un órgano técnico e independiente y no discrimine a las opiniones disidentes. Como remate, agregó que la aplicación de la ley podría perjudicar no sólo al Grupo Clarín sino también a usuarios y consumidores, que “podrían hacer valer sus derechos por las vías que correspondan”. Este verdadero plan de acción fue firmado por Highton pero no por Za-ffaroni. Para terminar con las dilaciones Petracchi lo aceptó, pero no completo. Sugerir a usuarios y consumidores que recurrieran también ellos contra la ley le pareció demasiado, porque no encontró forma de compatibilizar la función judicial con ese consejo a una hipotética parte futura. De inmediato el Grupo Clarín y sus defensores comenzaron a recorrer esa hoja de ruta, con anuncios extravagantes: el macrismo se presentó a la propia Corte reclamándole que suspendiera la aplicación de la sentencia hasta que no se cumpliera ese punteo de generalidades y Carrió anunció que viajaría a Washington, aunque no dijo si para visitar sus imponentes museos, reiterar su viejo pedido de una intervención extranjera en la Argentina o para interiorizarse de las reglas de funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que no es posible acceder sin particulares damnificados que antes hayan agotado los recursos internos. No todos las conocen tan bien como Lorenzetti.

Buenas preguntas

El viernes, durante la audiencia en la CIDH solicitada por un grupo de periodistas argentinos para quejarse por la supuesta persecución que padecen por parte del gobierno, hubo un par de preguntas interesantes, que los peticionarios no contestaron. Los comisionados Rodrigo Escobar Gil, colombiano, y Rosa María Ortiz, paraguaya, quisieron saber si los periodistas habían acudido a la Justicia para denunciar lo que contaron en la audiencia y, en caso contrario, por qué no. La Relatora para la Libertad de expresión, la también colombiana Catalina Botero, preguntó si el juicio público que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá presentaron como una difamación oficial no era un ejercicio de la libertad de expresión de otro sector de la sociedad. Morales Solá dijo que un extranjero podría pensar que no hay problemas de libertad de expresión en la Argentina pero que esa era una apariencia equivocada, porque el gobierno pretende “eliminar al periodismo”. También desvalorizó la despenalización de las calumnias e injurias cuando hay un interés público en juego y el reemplazo de la pena por una multa en los demás casos. Dijo que el gobierno sustituyó la condena penal por la condena pública y que él prefería la cárcel al odio y la descalificación y a que el Estado cambie la historia de su vida, al presentarlo falsamente como partidario de la dictadura. Como se ve, también en cuestión de preferencias, la Argentina es un país libre y plural. La audiencia concluyó sin que pudiera saberse si elegiría una cárcel federal o una del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el gobierno y sectores afines se interpretó la audiencia como una réplica del Grupo Clarín al fallo de la Corte, cosa que carece de asidero. Había sido convocada hace un mes, en respuesta al cuarto pedido que esos periodistas presentaron en varios años y es legítimo que la Comisión la haya concedido. En una sobria intervención, el funcionario de la Cancillería Javier Salgado explicó la diferencia entre una audiencia temática general, como la del viernes, y un caso, en el que sí es procedente debatir situaciones individuales como las expuestas. También destacó que la Argentina es el país que más casos ha resuelto en el Sistema mediante el procedimiento de la solución amistosa. Dos de ellas dieron lugar a reformas legislativas, en los casos “Verbitsky” y “Kimel”, que despenalizaron la expresión. De todas las peticiones presentadas desde la Argentina que están en trámite, sólo el uno y medio por ciento se refieren a libertad de expresión, ninguna por hechos ocurridos a partir de 2003. Y dentro del país sólo hay dos causas judiciales abiertas, ambas del periodista Luis Majul, una por las investigaciones de la AFIP y otra por el hackeo de su casilla electrónica, que fue remitida al juzgado federal de San Isidro (allí están procesados por la interceptación de comunicaciones el general Daniel Reimundes, los ex servicios de informaciones Juan Yofre, Héctor Alderete, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; el empresario Néstor Ick y, por encubrimiento y revelación de secretos, los periodistas Roberto García, Héctor Mainhard y Carlos Pagni). Salgado mencionó otras decisiones favorables a la libertad de expresión y de prensa: la declaración de interés público de la fabricación y distribución de papel para periódicos de modo de asegurar la igualdad de oportunidades; la ley de democratización de la representación política que garantiza a todos los partidos espacios gratuitos en los medios audiovisuales; la resolución 210 de 2001 que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad no reprimir la expresión de reclamos sociales o políticos y respetar y proteger la actividad periodística durante su transcurso. Es incoherente que Salgado haya objetado la concesión de la audiencia, que permitió exponer semejante record, para encomio de dos comisionados, Ortiz y el chileno Felipe González. La audiencia concluyó con un balbuceo del funcionario de la jefatura de gabinete Juan Ross, quien desperdició sus pocos minutos en anunciar que sería breve y en provocar un cruce de palabras con Morales Solá, acaso porque la cuestión de la publicidad oficial sobre la que debía responder es una de las indiscutibles asignaturas pendientes del gobierno, igual que la demorada ley de acceso a la información pública. Después del fallo tan esperado, es hora de saldarlas.