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Seis de cada diez personas considera que hay un estado de libertad de expresión bueno o muy bueno en la Argentina; un porcentaje casi similar sostiene que el fallo de la Corte sobre la ley de medios es justo o muy justo, y más de la mitad de las personas considera que el Grupo Clarín debe acatar el fallo y adecuarse a la ley. Quienes sostienen estas posiciones duplican a los que consideran que el estado de la libertad de prensa es negativo.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro durante los últimos días de la semana que pasó. El sondeo, dirigido por Ignacio Ramírez, se hizo sobre la base de 1200 entrevistas telefónicas realizadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Ibarómetro menciona que el relevamiento telefónico está desarrollado bajo normas de calidad ISO 9001:2000.

“La opinión pública exhibe un mayoritario acompañamiento al fallo de la Corte –señala Ramírez–, cuyo prestigio transfiere legitimidad a la tan discutida ley de medios. Si bien es cierto que en las opiniones vertidas en esta época se traslucen las posturas a favor o en contra del Gobierno, el respaldo que suscita el fallo de la Corte –cercano al 60 por ciento de la opinión pública– configura un umbral de consenso superior a las proporciones de aprobación y rechazo al Poder Ejecutivo. Atención que no se puede tomar como parámetro el voto del 27 de octubre. En la misma encuesta preguntamos por la imagen del gobierno de la Presidenta y llega al 52 por ciento. Sea como fuere, la mayoría –a partir del pronunciamiento de la Corte– se inclina por la postura de que el Grupo Clarín acate el fallo. De aquí en adelante, para consolidar el apoyo ciudadano a la ley de medios, el gobierno nacional tiene el desafío de darles visibilidad y densidad a los aspectos menos ‘contenciosos’ de la ley, tales como el fomento a la producción nacional de contenidos y la federalización del mapa de medios.”

Hay un cuadro impactante del estudio de Ibarómetro: nada menos que el 72 por ciento de los encuestados dice que los medios no son imparciales. Hay un 48 por ciento que dice que ofrecen una visión que está en línea con sus intereses políticos y económicos, mientras que otro 24 por ciento piensa que lo que relatan está de acuerdo con sus valores e ideología. Del otro lado, apenas un 14 por ciento habla de que los medios hacen una descripción objetiva de la realidad. El dato derrumba el mito que se pretende instalar de medios que actúan en una especie de vacío virginal.

“Con respecto a los ‘signos de época’ –dice Ramírez–, el estudio aporta dos claves insoslayables para reflexionar sobre los últimos años del país: más allá de su vigencia normativa, el debate en torno de la ley de medios provocó una proceso de aprendizaje ciudadano, un cambio cultural, por el cual la sociedad no percibe más a los medios como ‘testigos imparciales de los hechos y aspectos de la realidad’, sino más bien como actores teñidos de intereses y/o ideologías. Es decir, lo que resultaba el punto de partida de cualquier carrera de comunicación social se generalizó al conjunto de la ciudadanía. Tal alteración en la mirada sobre los medios modifica el ‘contrato de lectura’ que los ciudadanos establecen con los medios que consumen, estando ahora mejor provistos de músculos críticos.”

El estudio de Ibarómetro confirma una sensación palpable desde hace tiempo: la confianza en los grandes medios está en los niveles más bajos de la historia. Es posible que ello ocurra en todo el mundo. Uno de los ejemplos más utilizados es el apoyo que los medios norteamericanos le dieron a la invasión a Irak, con el argumento de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. La información se probó falsa. Otro tanto ocurrió en España cuando los grandes medios sostuvieron que el atentado de Atocha fue perpetrado por ETA, versión difundida por el gobierno de José María Aznar y luego desmentida por la realidad. La desconfianza respecto de los medios de comunicación –justamente porque el ciudadano percibe que defienden sus intereses económicos e ideología– ha decrecido en forma notoria. “Se trata de un elocuente dato de ‘época’ –resume Ramírez–, ya que un ranking de este tipo en la década de los 90 ubicaba a los medios (hoy en el diez por ciento) y a las ONG (hoy apenas 3,2 por ciento de confianza) en los primeros lugares. En los años que envolvieron la crisis del 2001 el ‘ningunismo’ (no creo en ninguno) se recortaba como alternativa más elegida, mientras que los resultados actuales condensan las profundas transformaciones del ecosistema cultural argentino: en primer lugar figura el Gobierno, que tiene lo que se llama un núcleo duro que respalda, sobre todo a la Presidenta, sin fisuras.” Por supuesto que hay dirigentes de oposición que podrían aspirar a lograr esa confianza, pero es un proceso en marcha, no concretado por ahora.

En casi todos los aspectos, los ciudadanos que respaldan la ley de medios y el fallo de la Corte duplican a los que están en contra. Y las proporciones se hacen más nítidas cuando se habla del estado de la libertad de prensa en el país, y el 60 por ciento afirma que es positiva o muy positiva la situación. El dato se resalta cuando durante la semana que pasó hubo legisladores que fueron a la Corte a pedir que anule su propio fallo, algo disparatado desde el punto de vista jurídico, pero –según se ve– también desde el ángulo de la opinión pública.

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