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Desde Córdoba

La jornada del martes y madrugada del miércoles pasado resquebrajó el aparente contrato social de la ciudadanía cordobesa. La propagación de los saqueos que se sucedieron con el correr de las horas, y la cadena subsiguiente de hechos que se desató (tiroteos, heridos, muerte) hizo estallar las ideas de comunidad, espacio público, bien colectivo, entre otras categorías. Frente a los discursos que hablaron de “anomia”, “caos” o “desborde social”, el grupo de investigadores del Llano en llamas, de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Córdoba (ver aparte) puso en juego otra interpretación: “Esta no es una ciudad de delincuentes que sin presencia de la fuerza policial es tierra de nadie. Este es un modo de gobierno que extiende a la sociedad todas sus disputas y nos vuelve a todos rehenes de un poder irresponsable y displicente”. Alejandra Ciuffolini, coordinadora de este colectivo académico dedicado a estudiar la conflictividad social, explica que la propia fuerza policial ha sido creadora de “espacios de violencia” o “zonas liberadas”, que luego devienen “situaciones incontrolables”. Pero no comparte la idea de espontaneidad del “desborde social”.

Ciuffolini intenta rastrear las problemáticas que subyacen a lo ocurrido los últimos días y entiende que hay un marco de políticas, encabezadas en la provincia por José Manuel de la Sota que propone una “dinámica excluyente y segregadora” hacia los sectores populares que han decantado en estos hechos de violencia. En diálogo con Página/12, la doctora en Ciencias Sociales puntea los vínculos entre una sociedad que invita a los jóvenes pobres a un consumo del que no pueden formar parte, mientras construye sentido para que las clases medias y altas salgan a la “caza de los ‘negros de mierda’”.

–En las últimas horas algunos analistas hablaron de “desborde social”, “anomia”, de un hecho “fuera de lo socialmente razonable”. ¿Qué historia subyace a la jornada del martes pasado?

–Nuestro trabajo de investigación sobre luchas sociales nos permite un análisis en el que los hechos recientes se inscriben en una historia más larga de conflictos y necesidades en los sectores populares. Cabe reseñar la dinámica excluyente y segregadora de la mayor política de vivienda en la última década, como el programa “Mi casa, mi vida”, que ha desplazado a los bordes de la ciudad a buena parte de los sectores populares que habitaban en villas y asentamientos. Incluso relocalizó en un mismo barrio a poblaciones con enemistades históricas, cuyo resultado ha sido la configuración de espacios inhabitables por la violencia imperante. Tenemos además una práctica de seguridad, que se asienta en el abusivo Código de Faltas como herramienta de control de la vía pública, delimitando espacios de circulación y vida de los pobres; leyes como la de narco-menudeo y contra la trata, que con sus figuras escasamente tipificadas intensifican la persecución y el hostigamiento hacia los sectores populares. Hay que sumar la inaccesibilidad a cuestiones tan básicas como la tierra, la vivienda, por el encarecimiento del suelo y por claras políticas de desarrollo urbano que privilegian los emprendimientos privados. De fondo también aparece el deterioro financiero de la provincia, que impacta en el diseño de programas y políticas sociales, y especialmente en materia de empleo. Estas cuestiones, entre otras, han generado un profundo malestar en las barriadas populares, especialmente en los jóvenes.

–Con todas esas problemáticas agudizándose, ¿podía advertirse una reacción de este tipo?

–Hace ya unos años, cuando se conocían los disturbios en los suburbios de París, nosotros advertíamos que no estábamos distantes de eso. Sin embargo, esa rabia social que se gesta en los permanentes procesos de exclusión se agudiza aún más por la constricción del acceso al consumo, que parece ser el precario vínculo de pertenencia que especialmente los jóvenes de barrios populares ven como posibilidad. Esa rabia social permanece en un estado de latencia, de la que los sucesos recientes son sólo una muestra.

–¿Qué lectura particular tiene del motor que inicia los saqueos?

–Especialmente en relación con los saqueos, cabría precisar que comienzan en barrios cuyos habitantes son en buena parte policías retirados o en actividad, por ejemplo barrio SEP, lo que casi no deja duda de la conexión entre los primeros saqueos y el mismo conflicto policial.

–¿Entiende que la propia policía tuvo un rol clave?

–Si hay algo que la policía de la provincia ha usado como recurso casi permanente en los conflictos sociales es generar “zonas liberadas”, o lo que debería llamarse “creación de espacios de violencia”.

–Entonces, la idea de espontaneidad de los saqueos ¿hay que reformularla?

–No comparto la idea de desborde social, y sí creo que se han generado espacios de violencia, cuyo devenir es siempre incontrolable, así lo demuestra también lo sucedido en otras circunstancias recientes, como el acampe contra Monsanto, donde una patota atacó a la asamblea de Malvinas Argentinas mientras la policía estaba en el lugar, y la reciente batalla en el barrio Bajo Pueyrredón luego de que un joven fuera baleado aparentemente por un efectivo.

–¿Qué diferencias tiene este hecho con otras irrupciones masivas y violentas en el espacio público?

–La rabia social o el malestar que se evidencia en los sectores populares no logra aún organizarse de manera masiva y política. El hecho de la masividad lo distancia de los sucesos del 2001, y la aún insuficiente organización política del histórico Cordobazo. Aquí se trata de otra cosa, es aquello que aún está por venir, de eso que puede volverse y sobre eso que aún no es.

–¿Cómo interpretar el armado de “grupos de seguridad civiles” en barrios medios y altos?

–La rabia social no sólo es de los sectores populares, también está en las clases medias y altas, y ése es el otro lado de la rabia. Si algo hay de llamativo en estos días es la furia de esos sectores. El modo violento con que jóvenes y adultos se lanzaron a la “caza” de aquellos que portan gorra, van en moto de a dos y son morochos. La peligrosa ideología construida alrededor del “negro de mierda”, que es exactamente aquella que está en nuestras calles desde hace más de una década dispuesta como paradigma de seguridad.

–¿Cómo queda la institución policial configurada en el imaginario colectivo luego de estas jornadas?

–El traslado del conflicto salarial de la policía al campo social es una operación de legitimación y lavado de cara para una institución que había sido profundamente afectada con el escándalo de las conexiones entre poder político, la policía y el narcotráfico. El conflicto salarial, encarado por los estamentos más bajos de la fuerza, impacta frente al caos con un efecto de legitimación en los sectores medios-altos de la sociedad frente a la ausencia policial en las calles, que evita una reestructuración real de la fuerza.

–¿Cómo cree que se reflejará en lo inmediato esta conflictividad?

–Lo sucedido en esta semana abre un escenario político y sindical complejo, pues será difícil contener la avalancha de reclamos que se inicia y que se han habilitado por esta situación, mostrando con más claridad aún la descomposición de las alianzas en la fuerza política gobernante. Ciertamente, entiendo que esto se traducirá en un plazo no muy largo en desplazamientos y nombramientos en las distintas carteras del Ejecutivo provincial.