La Justicia investiga la operación de infiltración de un agente de inteligencia de la Policía Federal en la comunidad judía, nada menos que a lo largo de catorce años, entre 1986 y 2000. La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos luego de que el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, formulara la denuncia. El agente, Juan Alberto Pérez, confesó que, con el nombre de Iossi Pérez, en todo ese período llegó a ser secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, estuvo a cargo de actividades de seguridad en el propio edificio de la AMIA y otras instalaciones de la comunidad judía y se casó con A.L., que es secretaria de un altísimo cargo de la embajada de Israel. En ese marco, admitió haber entregado a sus jefes los planos del edificio de la AMIA en la época previa al atentado; formuló la hipótesis de que hombres de la Federal debían saber del ataque porque la custodia no estaba en su puesto y contó que trabajó luego entre los escombros y que no le consta que se haya encontrado el motor de la Trafic que –según la Justicia– se usó en el atentado contra la mutual judía. Nisman señala que Pérez sólo aportó hipótesis, no datos reales sobre el atentado, pero dispuso medidas de prueba.

Iossi Pérez empezó su trabajo de infiltración en 1986, pero, según contó en su declaración, en el año 1998 ya estaba preocupado porque podría haberse usado la información que le dio a su jefa en la Federal –una tal Laura, a la que no identifica– para perpetrar el ataque contra la AMIA. Fue entonces que decidió contactar con el periodista Horacio Lutzky, de larga trayectoria en los medios de la comunidad judía, y a la periodista Miriam Lewin, que trabajaba en Telenoche. A ambos les contó la verdad. Lutzky y Lewin hicieron gestiones antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso con el American Jewish Committee para que declarara como testigo protegido porque, según siempre afirmó, su vida correría peligro. La existencia del agente fue hecha pública en las últimas semanas por el periodista Gabriel Levinas en la reedición de su libro sobre el atentado contra la AMIA.

Desde el punto de vista del ataque contra la mutual judía, Iossi revela los siguientes datos:

- Que por su trabajo de infiltración en la OSA y debido a la mudanza que se iba a hacer al edificio de la AMIA, tuvo acceso a los planos de la sede. Les sacó copias y se los entregó a sus jefes de la Federal. Que esos planos –elucubra– pudieron ser usados en el atentado.

- Que Inteligencia de la Federal no sólo usaba sino que vendía datos y que pudo haberlos vendido a algún grupo terrorista.

- Que supone que alguna información tenían en la Federal sobre el atentado porque no estaban los dos policías asignados a la custodia de la AMIA en el momento del ataque.

- Que acompañó a los rescatistas israelíes en la remoción de los escombros en los días posteriores y que en su presencia no encontraron el motor de la camioneta Trafic que, según el Tribunal Oral, fue usada en el ataque. Estuvo con los israelíes 48 horas y deduce que, si no se encontró el motor en ese período, no existió. El fiscal Nisman, en cambio, sostiene que el motor fue encontrado después y que hay abundante prueba de ello.

- La hipótesis formulada por Pérez es que el atentado fue cometido por sectores nazis de las fuerzas de seguridad argentinas.

Más allá de lo que dijo o no dijo Iossi, los familiares agrupados en Memoria Activa reclamaron ayer que se allanara la Policía Federal, se secuestraran todos los archivos y, además, suponen que, “si hubo un infiltrado en la comunidad judía, debió haber otros infiltrados de la Federal entre los iraníes, los sirio-libaneses u otras comunidades, lo que debe estar registrado y tienen que existir los archivos”, le dijo Diana Malamud, referente de Memoria Activa, a Página/12.

La actividad de inteligencia interior es ilegal y por ello se abrió la causa judicial que está a cargo del juez Ramos. El sujeto se infiltró en todas las áreas de la comunidad judía, estuvo casado hasta 2004 con la secretaria del número 2 de la embajada de Israel y le entregó al fiscal Nisman la credencial que lo acredita como espía de la Federal. Como estaba preocupado por su seguridad, en 2006 grabó un video que está en poder del fiscal, en el que relató todos sus trabajos de inteligencia.

La investigación ahora irá por dos caminos. Por un lado, verificar si hay algún aporte real que tenga que ver con los atentados en sí mismos. Eso estará a cargo de Nisman. En el terreno del espionaje ilegal interno, la iniciativa estará en manos del juez Ramos. Por ahora, el agente fue incorporado al programa de testigos protegidos porque supone que no faltarán quienes quieran silenciarlo. Pérez trabajaba en inteligencia de la Federal, en Paraná, Entre Ríos, hasta hace una semana.

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