Si en Argentina, desde 2005, prosperan los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura esto no sucedió en otros países de la región, donde apenas se constituyeron comisiones para investigar las violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Brasil o incluso se cuestiona la anulación de una ley de amnistía, como en Uruguay. Esta comparación entre las luchas contra la impunidad en Latinoamérica fue el centro de la conferencia La Justicia frente a crímenes contra la humanidad. Experiencias comparadas, que organizaron ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.

Las violaciones masivas a los derechos humanos fueron un denominador común en todas las dictaduras del Cono Sur. Al finalizar los gobiernos de facto, también fue común que aparecieran leyes de amnistía que prohibían enjuiciar a los militares y funcionarios que encabezaron cada período. Para comparar los casos de Argentina, Uruguay y Brasil, un panel compuesto por investigadores, abogados y activistas de derechos humanos debatió ayer en la Universidad de Palermo. Buscaban analizar las posibilidades de una “Justicia de transición” entre las dictaduras y las democracias que vinieron luego. El debate estuvo moderado por el profesor de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Leonardo Filippini.

En Uruguay, sostuvo la investigadora de la Universidad de Oxford Francesca Lessa, fue la propia sociedad civil la que impulsó la lucha para dejar atrás ese “santuario de la impunidad”, como lo llamó el escritor Eduardo Galeano, para seguir el camino de toda la región.

“Las élites políticas frenaron, con éxito, la movilización popular contra la impunidad”, sostuvo la especialista en el caso uruguayo, al menos hasta la llegada de los gobiernos del Frente Amplio que introdujo algunas oportunidades como la eliminación en 2011 de la Ley de Caducidad, que establecía el fin del “ejercicio de la pretensión punitiva” del Estado uruguayo “respecto de los delitos cometidos” por funcionarios militares y policiales que actuaron durante el “período de facto”.

Sin embargo, Lessa cuestionó la “jurisprudencia conservadora” que sentó la propia Corte Suprema uruguaya, que consideró inconstitucional la anulación de esa ley. No obstante, también destacó que algunos jueces de primera instancia “hayan tomado distancia y decidieran continuar con las investigaciones a pesar del silencio y la impunidad”.

Brasil, según expuso la directora ejecutiva de la ONG Conectas, Lucía Nader, “no tuvo justicia ni transición”. Allí no hay siquiera un número consensuado de desaparecidos, que oscilan entre los 360 oficiales, los 600 de denunciados por los organismos de derechos humanos y los 1200 que calcula la Comisión Nacional de la Verdad creada en 2011 por el gobierno de Dilma Rousseff. Además se señala que hubo unos 20 mil torturados en el período entre 1964, tras el golpe de Estado al gobierno de Joao Goulart, y 1985, subrayó Nader, es “sólo de la verdad, no de justicia”.

“¿Por qué no hablan de la dictadura?”, dice que le preguntan a la activista de derechos humanos. Los gobiernos de facto que se sucedieron después de 1964 no constituyen una temática que se nombre en Brasil. Allá, relató Nader, no hay Madres de Plaza de Mayo que visibilicen el tema. “Los medios no hablan de eso, las ONG, tampoco”, añadió.

En cuanto al gobierno brasileño, la directora de Conectas sostuvo que, pese a la constitución de la comisión en 2011 y que en estos días, por ejemplo, obtendrá documentos de una comisión provincial bonaerense, tuvo una actuación un tanto decepcionante. “Esperábamos más de Dilma en esa área”, remarcó.

Actualmente, en Brasil persiste “una cultura de la tortura porque no se ha lidiado con el pasado”, agregó Nader. En ese sentido, señaló el crecimiento poblacional en las cárceles, que subió un 370 por ciento en los últimos 20 años, mientras que la población brasileña avanzó sólo el 30 por ciento en el mismo período. La ONG, que encabeza y trabaja en las prisiones del país, denuncia asimismo una “tortura sistemática” dentro de esos establecimientos, así como el accionar de la policía militar, donde no hubo una transición ni una reforma.

Esos panoramas parecen haber quedado atrás para Argentina, donde desde 2005 y 2006 se llevaron adelante unos 123 juicios por crímenes de lesa humanidad y en el que hubo 520 condenados (aunque sólo 108 de ellos tienen condena firme). Actualmente, hay 14 juicios en curso en el país con 268 imputados por delitos y unas 2100 víctimas. Estos procesos incluyen megacausas como las de la ESMA y La Perla.

Pese a ello, Argentina todavía enfrenta algunos desafíos, según indicó el abogado del Cels Diego Morales. “Empezamos a encontrar procesos que no avanzaban, son las investigaciones referidas a aquellas sobre jueces que tuvieron participación en la dictadura y las responsabilidades posibles de empresarios”, explicó. En ese sentido instó a recuperar el proceso de verdad y justicia en torno de estos dos tipos de actores. “Se abre un escenario relevante, pero hay desafíos muy serios”, agregó Morales y, respecto de los trabajadores entregados por los propios empresarios para limitar su actividad sindical, concluyó: “Hay que debatir las respuestas vinculadas con el tipo de reparación para las familias pensando en el derecho laboral”.

Informe: Aldana Vales.