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Seis de cada diez personas considera que en la negociación con los fondos buitre “el Gobierno está haciendo las cosas de manera correcta y responsable”. Y en la misma proporción mayoritaria, los ciudadanos afirman que “los fallos del juez Griesa demuestran los vínculos entre el capital financiero y la Justicia norteamericana”. Detrás de estos datos y el notorio crecimiento de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte) –verificada por todas las encuestas– está el hecho de que la gente percibió que la Argentina no cambió de postura desde el principio, que existe una especie de ataque de un pequeño grupo de poderosos financistas y que la firmeza del Gobierno no ha llevado, ni por asomo, a una situación similar a la de 2001. También pesa de forma importante la percepción de la gente de que la Presidenta no se mueve en esta batalla sobre la base de intereses electorales.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada en forma exclusiva para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que encabeza el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 437 ciudadanos en la noche del jueves y durante el viernes, en Capital Federal y los 19 distritos del Gran Buenos Aires, respetándose las proporciones edad, sexo y nivel económico-social. Bacman sostiene que la muestra es representativa de la opinión pública a nivel nacional porque agrupa casi a la mitad del electorado y combina dos distritos que en 2013 tuvieron comportamientos distintos en las urnas.

“Acá la clave es que, desde el punto de vista comunicacional, el Gobierno ha logrado hacer prevalecer su mensaje. O, dicho en otros términos, a la gente le parece cierto y razonable el mensaje del Gobierno –resume Bacman–. Por ejemplo, cree que del otro lado, acosando a la Argentina, hay un pequeño grupo de fondos buitres, que son apenas el uno por ciento de los bonistas, que son un grupo indeseable en términos del sentido común y que hay una especie de agresión contra el país. En una palabra, así como otras veces no aceptaron algún enemigo señalado por el Gobierno, esta vez hay una sólida mayoría que tiene la misma visión que la Casa Rosada y piensa que hay una alianza buitres-juez Griesa-poder financiero que constituye un real enemigo.”

Para Bacman hay muchos términos técnicos e incluso jurídicos que la gente no entiende, pero percibe el grueso de la situación. “Yo veo en la encuesta que la gente le cree a la Presidenta cuando dice que no va a firmar cualquier cosa que comprometa el futuro y que acordar con los fondos buitre algo mejor que con el 93 por ciento de los bonistas compromete el futuro, que eso nos mete otra vez en una gigantesca deuda. La nota escrita por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna coincidiendo con ese punto de vista, también hizo que se disolviera mucho el discurso opositor. El massismo bajó el tono; Macri, que en los días anteriores había dicho que se debía pagar sin dar vueltas, se encerró en el silencio; el radicalismo nunca fue claro. O sea que en la oposición sólo quedaron los titulares de los diarios adversos al Gobierno.”

Según sostuvieron varios encuestadores –y también publicó este diario–, hace un mes el ciudadano común estaba preocupado por el peligro de un default y una situación parecida a la de 2001. Las encuestas daban casi una situación pareja entre quienes opinaban que el Gobierno manejaba bien la situación y los que sostenían que la manejaba mal. Había unos puntos de diferencia: 51 por ciento aprobaba el tratamiento del conflicto con los fondos buitre y más del 40 por ciento se manifestaba en desacuerdo. En estos 30 días se fue instalando un espíritu de mayor tranquilidad y a lo largo del jueves y el viernes –cuando se concretó la encuesta del CEOP– se asentó la idea de que el panorama es serio pero que no hay una catástrofe como pronosticaban algunos a través de los medios. También se entiende que el Estado cuenta con fondos, con reservas, que no existe una cesación de pagos como en 2001, sino una ofensiva de ese adversario –buitres-Griesa– señalado por el Gobierno. Eso explica que la aprobación del manejo del choque con los holdouts haya subido a más del 60 por ciento y el desacuerdo haya bajado al 33 por ciento. Pero, además, la gente marca, por amplia mayoría, la responsabilidad en la situación: el 60 por ciento sostiene que no se llegó a un acuerdo por culpa de los buitres, la Justicia norteamericana y el juez Griesa, mientras que apenas la mitad, el 30 por ciento, afirma que no se llegó a un acuerdo por culpa del Gobierno.

“Yo creo que jugó un papel importante el discurso del jueves de la Presidenta –sostiene Bacman–. Fue breve y eso es importante cuando se trata de cuestiones bastante técnicas. Insistió en la idea de que el Gobierno ratifica lo que viene diciendo desde el primer día: que hay un pequeño grupo de buitres atacando al país desde afuera. También reiteró el concepto de que se busca un país previsible y sustentable. A mí me parece que en todo esto pesa que el ciudadano común no ve lo que hace CFK como una jugada electoral. Se sabe que no hay reelección y la postura de que no va a firmar cualquier cosa que endeude al país, cae muy bien. Hay una parte de la población que sabe que si la Presidenta acuerda con los buitres, el pago sería con bonos que pagarán los próximos gobiernos y que la famosa cláusula RUFO también será motivo de juicios que deberán afrontar los próximos gobiernos. O sea que supuestamente para ella sería fácil salir del paso firmando y en la encuesta se valora que CFK se mantenga firme contra viento y marea.”

El sondeo del CEOP muestra un aspecto en que el Gobierno ha hecho eje: no se puede llamar default a la situación actual. Una amplia mayoría (64 por ciento) está de acuerdo con esa postura y sostiene que la Argentina “no está en default, viene pagando la deuda desde hace años”. Esta idea redondea la postura de la gente respecto de lo que está pasando: perciben un ataque de afuera, injusto porque sólo es el uno por ciento de los acreedores y protagonizado por un puñado de individuos oscuros. El hecho de que la sede de la controversia sea Nueva York, Estados Unidos, le agrega el condimento del país poderoso ejerciendo el poder en forma despiadada.

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