Desde Nueva York

Después de décadas de infructuosos intentos por abordar concretamente el tema, la Organización de las Naciones Unidas tratará hoy específicamente la necesidad de instrumentar un marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana. Tras desatarse el conflicto con los fondos buitre, que todavía sigue abierto, la Argentina impulsó en el seno del G-77 + China la creación de mecanismos de regulación multilateral, que hoy se debatirán en la última asamblea anual del organismo internacional. Hasta ahora, la propuesta cuenta con el apoyo mayoritario de los países en desarrollo, aunque otros como Estados Unidos, Japón, Canadá y algunos miembros de la Unión Europea no acompañarían el planteo. De todas maneras, tanto desde el G-77 como desde el gobierno argentino se mostraron confiados ayer en el resultado positivo de la reunión. Una vez aprobada la resolución, la ONU tendrá hasta fin de año para definir la modalidad de tratamiento y hasta septiembre del año próximo para aprobar el contenido específico del marco regulatorio.

“La Asamblea General decide elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario, en su sexagésimo noveno período de sesiones (septiembre 2014 hasta septiembre de 2015), un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales.” Así dice la parte resolutiva del texto que el presidente del G-77 + China, el boliviano Sacha Llorenti, pondrá hoy a consideración del resto de los 193 países miembros de Naciones Unidas. Por el reglamento del organismo, Llorenti será el único orador en defender el proyecto antes de su votación. Posteriormente, otros países harán uso de la palabra para manifestar su apoyo. El canciller Héctor Timerman será el representante de la Argentina y estará acompañado por la embajadora ante la ONU, Marita Perceval.

Se espera que antes se expresen los países que rechazan la iniciativa.

Ya en 1970, el economista y ex secretario general adjunto de la ONU, el sueco Göran Ohlin, escribió que la financiación para el de-sarrollo necesitaba algo parecido a una institución de “insolvencia honorable”. Desde entonces, han existido reiterados intentos de aprobar un sistema que regule los procesos de reestructuración de deuda de los países soberanos. En la primera Conferencia de Financiación para el Desarrollo, celebrada en marzo de 2002 en Monterrey, los Estados expresaron su compromiso de trabajar en un mecanismo internacional de renegociación de deudas. Incluso el Fondo Monetario Internacional en 2003 trabajó durante un tiempo en este tema, pero los esfuerzos no prosperaron debido a la oposición de Estados Unidos. A diferencia de la asamblea de la ONU, donde cada Estado cuenta con un voto, en el FMI los votos son proporcionales al PBI de cada nación, por lo que la negativa norteamericana implicó un obstáculo insalvable para la promoción de estos instrumentos.

Entre otros antecedentes se destaca la insistencia reiterada, desde el año 2004, del secretario general de Naciones Unidas para abordar esta cuestión, además de otros pronunciamientos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), la Conferencia sobre la Crisis Económica y Financiera Mundial de 2009. Desde ese año, el G-77 viene insistentemente solicitando la inclusión de un párrafo sobre la creación de un grupo de trabajo sobre el tema de la deuda, el cual no pudo plasmarse en los proyectos de resolución por el rechazo de los países desarrollados.

Es por este contexto que desde el gobierno argentino consideran histórica la reunión de hoy, en la que podrían revertirse años de postergaciones. Como bloque, el G-77 + China está conformado por 133 países, de los cuales 132 tienen voto. Allí se encuentran casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe, de Africa, China, India, entre otros. Aunque al tratarse de un grupo muy amplio no se espera el acompañamiento del total de sus miembros, los avales serían suficientes para conseguir una mayoría en la asamblea, conformada por 193 países.

El caso argentino contra los fondos buitre y el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa puso en evidencia la necesidad de no seguir aplazando una definición en pos de un improbable consenso. Existen incluso posturas diferentes en el propio gobierno de Estados Unidos, entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Mientras el primero rechaza abiertamente cualquier tipo de regulación, el segundo podría aceptar un debate al respecto, teniendo en cuenta que la situación actual puede resultar hasta perjudicial para la propia jurisdicción de Nueva York.

Entre otros puntos, la propuesta del G-77 sostiene que “las crisis de deuda soberana son un problema recurrente que entraña graves consecuencias políticas, económicas y sociales, que los procesos de reestructuración de la deuda soberana son un fenómeno frecuente en el sistema financiero internacional”. En una clara alusión a los fondos buitre y el bloqueo implementado por Griesa, también advierte que “los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados u obstaculizados por los acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados como los fondos de cobertura, que adquieren deuda de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para obtener el reembolso de la totalidad del valor”. En ese contexto, afirma que el sistema financiero internacional “no cuenta con un marco jurídico riguroso para la reestructuración ordenada y previsible de la deuda, lo que aumenta aún más el costo de incumplimiento”.

De aprobarse hoy, todavía resonarán los ecos de este día cuando la Presidenta venga a inaugurar un nuevo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.