La Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que un docente de la Universidad Nacional del Sur deberá pagarle 70 mil pesos al ex agente de inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, conjuez de la Cámara Federal de esa ciudad, por lacerar su “privacidad, tranquilidad y honra” al difundir un afiche con su foto, sonriente y con boina militar, con la leyenda “Fuera de la UNS”. El fallo se conoció la misma semana en que se cumplieron tres años del pedido de juicio académico a Montezanti, que hiberna en el Consejo Departamental de Derecho de la UNS, controlado por abogados cercanos al magistrado. La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se movilizó el lunes a la sede del consejo para exigir que se expida, y le recordó al decano Andrés Bouzat y al vicedecano José Luis Centurión que están vencidos todos los plazos que fija el reglamento de juicios académicos.

Titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho de la UNS, Montezanti revistó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, donde prestaban servicio los interrogadores del centro clandestino La Escuelita y varios de los condenados a prisión perpetua en el primer juicio a represores de la ciudad. Quien lo presentó a fines de 1980 fue el coronel José Osvaldo Riveiro, notorio miembro de la Triple A, actualmente prófugo, que dijo conocerlo desde 1975. Según el listado de PCI difundido por el general César Milani, Montezanti, que ya era profesor en la UNS, se desempeñó como “asesor universitario”. Según su foja de calificaciones de mayo de 1982, la última como PCI, era “asesor de la 1ª Sección Ejecución”.

El profesor Dante Patrignani promovió en octubre de 2011 ante el rector Guillermo Crapiste el juicio académico de Montezanti. Tres meses antes, la Asamblea Universitaria había declarado que “la participación en tareas de inteligencia durante la dictadura cívico-militar está reñida con toda norma ética y moral aceptable, dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en general”. Patrignani recordó que la “falta de ética” era una de las causales de remoción previstas en el reglamento y que nombres, direcciones y actividades de víctimas del terrorismo de Estado “eran suministrados a los grupos de tareas por los agentes civiles de inteligencia”, que por lo tanto “han sido partícipes necesarios en estos delitos”.

Montezanti recurrió a la Justicia federal, donde goza de óptimos contactos, e impugnó la resolución de la Asamblea Universitaria que lo aludía sin nombrarlo. Gracias a una medida cautelar logró suspender el juicio académico durante más de dos años. En mayo, la Corte Suprema rechazó la impugnación del camarista y dejó sin efecto la cautelar que lo protegía. La decisión fue celebrada por quienes se niegan a compartir la UNS con personas vinculadas con el terrorismo de Estado, pero la conducción de Derecho nunca acusó recibo.

En paralelo, Montezanti había pedido el procesamiento de Patrignani y una indemnización de 70 mil pesos. Argumentó que la campaña por el pedido de remoción afectaba su “buen nombre y honor”. Entre sus testigos ofreció a Bouzat y a Centurión. En primera instancia, la Justicia le ordenó a Patrignani remover los afiches de las paredes y de su perfil de Facebook. La Cámara agregó la indemnización. El fallo lo firman Miguel Angel Díaz y Guillermo Ribichini, ex conscripto del Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura.

Montezanti ya había recurrido a la Justicia en 2006 contra un ex alumno que lo había acusado de ser “cómplice de los crímenes en esta universidad”. El juez José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que lo vieron en medio de un grupo de matones que a punta de pistola ocupaba la Universidad Tecnológica Nacional. El episodio data de 1974 y esa misma banda, que sigue impune, fue poco después el núcleo duro local de la Triple A, la organización que integró Balita Riveiro, el hombre que conocía a Montezanti desde 1975. Ares acreditó la existencia en el estudio del abogado de un diploma de la Liga Anticomunista Argentina, firmado por el represor Carlos Suárez Mason, y aclaró que “de ello sólo se puede extraer a todo evento una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.