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Las dificultades de la fragmentada oposición ante el proceso electoral del año próximo y la voluntad del actual gobierno de incidir en la selección del candidato a sucederlo han estimulado la búsqueda de alternativas que, de concretarse, alterarían en forma drástica el actual panorama. Una incluye entre los candidatos al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien es visto con simpatía por las mayores cámaras patronales y por la revigorizada Iglesia Católica. La otra recrearía los pactos entre el justicialismo y el radicalismo, esta vez con un explícito acuerdo electoral, mediante las candidaturas de Daniel Scioli a la presidencia y Ricardo Alfonsín a la gobernación bonaerense. Las ostensibles dificultades de ambas combinaciones no desalientan a sus impulsores, insatisfechos con el cuadro de situación restante, con la implosión de UNEN, la disputa entre Maurizio Macrì y Sergio Massa por el apoyo de un radicalismo cada día más cómodo con su carácter de federación de partidos provinciales, y la reticencia del kirchnerismo a considerar que Scioli pueda representarlo en las urnas.

El grupo secreto

La eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos fue mencionada por primera vez en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En aquel momento, igual que ahora, se había instalado un consenso político-mediático sobre el presunto agotamiento del actual ciclo político y el riesgo de que su desplome tuviera consecuencias económicas y sistémicas catastróficas. La entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Según su confidente, la diputada macrista Gabriela Michetti, ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008, luego del voto de Cobos en el Senado contrario al gobierno que integraba. Además de dirigentes políticos tanto radicales como justicialistas, participaban varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. Dos años después, su candidatura fue lanzada en forma pública por su colega en la Corte, Carlos Fayt, durante un almuerzo en el Club del Progreso. Entonces sí, Lorenzetti sostuvo que no tenía tal propósito y que la difusión recibida procuraba afectar su imagen de imparcialidad. Agregó que el silencio que mantuvo cuando se difundió el cable de Wikileaks obedecía a que no se había enterado en aquel momento. Luego del fallo que rechazó los pedidos de inconstitucionalidad de la ley audiovisual, hace ahora un año, el diario Clarín descubrió que Lorenzetti, a quien había cortejado durante cuatro años, aspiraba a la presidencia. En 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Caracas para confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, había premiado a Lorenzetti por su defensa de los principios de la libertad de prensa contenidos en la declaración de Chapultepec. En 2009, la SIP realizó su asamblea anual en la Argentina, y Lorenzetti la inauguró junto con Cobos. Desde fines del año pasado, Lorenzetti actúa en forma abierta como un líder político. El Centro de Información Judicial (CIJ) se ha convertido en su plataforma de lanzamiento. Una de las tareas centrales de ese portal de comunicación y propaganda es difundir cada una de las actividades del presidente de la Corte, del que se han publicado hasta cinco títulos, fotografías y videos en un mismo día, ya sea que dicte conferencias, reciba distinciones, presida encuentros o suspire. En sintonía con el Episcopado Católico, el nuevo eje de su discurso ha pasado a ser el narcotráfico y la inseguridad, aunque para ello deba contradecir los pronunciamientos del tribunal que preside, y el reclamo de determinadas políticas públicas a los demás poderes del Estado, algo que no forma parte de sus deberes constitucionales ni de los usos y costumbres del cargo. Si en los años precedentes mantuvo sus contactos políticos en reserva, la semana pasada hizo trascender en el amistoso portal de Daniel Hadad un encuentro con una docena de banqueros y titulares de empresas y cámaras patronales, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre quienes escucharon su monserga, centrada en la inseguridad, el consumo de estupefacientes, su comercio ilegal y el lavado de los beneficios que produce, estuvieron representados la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos argentinos, la Unión Industrial y las Cámaras de Comercio y la Construcción. En la adopción de estos temas como leitmotiv de todas sus apariciones públicas coincide con Scioli y con el diputado Sergio Massa. Sus chances de alcanzar un lugar en alguna fórmula presidencial dependen de la inhabilidad que hasta ahora han mostrado las fuerzas opositoras para tejer acuerdos con viabilidad electoral. Luego de la disputa abierta por Elisa Carrió acerca de una gran coalición que incluya a Maurizio Macrì, en las últimas semanas las coincidencias nacionales han comenzado a contradecir los entendimientos provinciales. Por momentos, UNEN parece una batalla de todos contra todos. Mientras Gerardo Morales se mostraba en Jujuy con Sergio Massa para anunciar un posible acuerdo, Julio Cobos le recriminó que de ese modo debilitara a la alianza que el radicalismo constituyó con el Partido Socialista, Libres del Sur, Elisa Carrió, Fernando Ezequiel Solanas Pacheco, Margarita Stolbizer y Luis Juez. El radical cordobés Oscar Aguad postula un entendimiento con Maurizio Macrì, opción a la que ahora también se sumó Juez, principal denunciante de los presuntos negocios ilícitos del intendente de la capital de Córdoba, el también radical Ramón Mestre. A un año de la fulgurante victoria de Massa en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el anhelado efecto dominó, con todas las fichas justicialistas inclinándose a lo largo y lo ancho del país no se produjo, de modo que el ex intendente de Nordelta carece de bases en el territorio para su proyecto presidencial. Ni siquiera tiene una carta ganadora en su propia provincia, algo que difícilmente pueda compensar con acuerdos de cúpula en distritos pequeños como Jujuy. Para colmo, el negociado pase de Martín Insaurralde provocó una crisis interna con otros aspirantes a la candidatura del Frente Renovador, y puede terminar con la creación de un partido provincial hacia el que el ex intendente de Lomas de Zamora arrastre a algunos intendentes hoy renovadores. Vuelve a ponerse a prueba el viejo axioma de que salir del justicialismo es quedar a la intemperie.

A pesar de todo

La fantasía de un denominado Tercer Movimiento Histórico, que sume voluntades de los dos partidos más antiguos y arraigados del país reaparece en forma esporádica, ya sea como proyecto de hegemonía o como respuesta defensiva ante cuadros complejos. Se manifestó durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, tuvo un primer atisbo electoral cuando Juan D. Perón contempló invitar a Ricardo Balbín a que lo acompañara como vicepresidente, y se renovó como aspiración en la presidencia democrática de Raúl Alfonsín, pero sin alcanzar resultados. Fue clave en el Pacto de Olivos de 1993, que abrió la puerta a la reforma constitucional que permitió una tercera candidatura presidencial de Carlos Menem, a cambio de ampliar la representación radical en el Senado, y volvió a manifestarse en 2001, cuando Alfonsín y el senador Eduardo Duhalde dejaron sin sustentación al gobierno de Fernando de la Rúa y forzaron su renuncia. Pero en ninguno de esos casos la entente justicialista-radical llegó a plasmarse en una propuesta electoral conjunta, como la que ahora están explorando el gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli y el hijo de Alfonsín. El radicalismo protagonizó intentos fallidos en 2007, cuando eligió como candidato presidencial a Roberto Lavagna acompañado por Gerardo Morales, y en 2011, con el propio Ricardo Alfonsín como postulante a la presidencia y el Peornista Opositor Francisco De Narváez en la boleta para la gobernación bonaerense. El fracaso de ambos experimentos (en 2007 Lavagna rozó el 17 por ciento de los votos y cuatro años después Alfonsín apenas pasó del 11 por ciento) no ha obrado como disuasivo, por distintas razones. Los radicales no tienen una alternativa mejor, ya que la provincia de Buenos Aires que alguna vez fue su bastión hoy es su talón de Aquiles. Los seguidores de DOS entienden que la falla no estuvo en el acuerdo suprapartidario sino en la ausencia de candidatos presidenciales atractivos. Scioli cree que su abrazo con Alfonsín marcaría en forma indeleble el contraste con el kirchnerismo y podría concitar la adhesión del resto del justicialismo, aunque cuesta imaginar una cesión voluntaria de la provincia de Buenos Aires al hoy contraído rival histórico. El marketing del acuerdo haría hincapié en la solución para una Argentina crispada, que necesita de todos por encima de las banderías partidarias y cuenta con el beneplácito del Grupo Techint, un instigador constante de este tipo de esquemas, con un programa económico al paladar de la transnacional italiana basado en un pacto de contención salarial, que la alta inflación facilita porque basta con ralentar las actualizaciones.

A contramano

A lo largo del año, dirigentes de distintos partidos plantearon la intervención militar en la represión del narcotráfico, aunque para ello hubiera que revisar las leyes de defensa nacional, seguridad interior e Inteligencia, que lo prohíben. Coincidieron en este punto Macrì, Scioli, Massa, José Pampuro y Carlos Menem. Desde el gobierno nacional los refutó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y se opusieron en público los FAUNistas Ricardo Alfonsín y Hermes Binner, aunque en privado manifestó su acuerdo Ernesto Sanz. Ahora se suma a la misma corriente Julio Cobos. Su principal asesor en la materia es el coronel mendocino Carlos Pissolito, retirado hace dos años luego de una larga experiencia en las misiones de paz de Naciones Unidas. Fue director del Centro de Capacitación para esas misiones de Campo de Mayo y agregado militar en Estados Unidos. Dirige dos asociaciones civiles, Cascos Azules y Santa Romana, y acaba de publicar el libro Las Fuerzas Armadas en otras operaciones diferentes a la guerra, en el que reflexiona sobre su experiencia en Haití, Irak, Kuwait y Chipre y postula la intervención castrense en seguridad interior. Allí afirma que la legislación vigente es incoherente, porque permite emplear a fuerzas militares en cuestiones de seguridad pero les prohíbe “tanto prepararse como equiparse para enfrenar estas situaciones, a la par que se las inhibe de hacer la inteligencia interna necesaria”. Según Pissolito cuando se asignan al componente militar tareas policiales “es conveniente que se lo eduque, instruya y equipe en tareas policiales básicas; tales como el control del orden público y la detención temporaria de personas”, entre las que menciona “narcos, terroristas, etc”. Esta efervescencia crece al mismo tiempo que el país que más avanzó en el sendero que estos políticos proponen para la Argentina, vive un amargo desengaño por sus catastróficas consecuencias. El ex presidente de México, Vicente Fox, quien gobernó entre 2000 y 2006, acaba de cuestionar a quien lo sucedió, Vicente Calderón: “Fue un error sacar al Ejército, fue una violación flagrante de los derechos humanos. El Ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó. Ni se acabó con los carteles ni con la drogas –afirmó–. ¿De qué sirvió esa guerra? Se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato.” Encomió, en cambio, al actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien decidió crear una Gendarmería que a partir del año próximo debía sustituir en esa tarea al Ejército. Pero el nuevo cuerpo, que Peña Nieto estimó en 40.000 hombres durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, hasta el momento sólo tiene 5000, por lo que militares y marinos siguen cometiendo masacres de civiles, mientras el Senado trata un proyecto de ley por el cual esos abusos ya no serán tratados por la justicia militar sino por la ordinaria. Fox planteó que el único camino viable es la legalización de las drogas y vaticinó que muy pronto eso ocurrirá en el Distrito Federal.