El ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous tendrá que enfrentar un juicio oral por “falso testimonio”, acusado de haber mentido al hablar de la existencia de lo que llamaba una “embajada paralela” que exigía el pago de sobornos a empresarios argentinos que querían hacer negocios con ese país. El ex diplomático había dicho, al declarar públicamente y en el contexto de una causa penal, que hubo empresas de maquinaria agrícola que acordaron exportaciones a las que se les pedía una comisión del 15 por ciento a través de la contratación de una intermediaria. Para fundamentarlo, señaló que le habían hablado de esos supuestos manejos su entonces número dos, Alberto Alvarez Tufillo, y el ganadero Eduardo Cavanagh, pero ambos lo negaron en tribunales. A Sadous lo juzgará el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF6). Aunque parezca paradójico, el expediente donde se investigan las presuntas coimas propiamente dichas –a cargo de Julián Ercolini– sigue abierto, casi paralizado, a la espera de respuestas de la República Bolivariana, pero después de más de cinco años de trámite todavía no se pudo probar ningún delito.

El meollo de esta historia es una denuncia de Elisa Carrió que se remonta a 2008, donde señalaba una supuesta asociación ilícita de funcionarios kirchneristas, en la que incluía desde sospechas en la construcción de obras públicas y el negocio de juego hasta un fideicomiso con Venezuela, que tenía como objetivo que ese país comprara productos argentinos y la Argentina comprara fuel oil a Venezuela. Ercolini dividió la causa, y el último caso quedó focalizado en la gestión del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el papel del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, en negocios con los venezolanos, en especial la venta de maquinaria agrícola. Sadous fue testigo en esa causa. De Vido y Uberti lo denunciaron por falso testimonio. El juez Rodolfo Canicoba Corral le dio la razón y procesó al ex embajador. La Cámara Federal confirmó que había mentido.

Uno de los planteos de la denuncia por falso testimonio hacía hincapié en que Sadous se había tomado cinco años para revelar las presuntas coimas: dijo que se había enterado en 2005 (su último año en Caracas, donde había llegado en 2002), pero las dio a conocer en 2010. Las primeras operaciones para la exportación de las máquinas fueron en 2006, cuando Sadous ya no estaba en la embajada. En su declaración había mencionado a Uberti como una suerte de “embajador paralelo”, pero la Cámara evaluó que tenía nombramientos oficiales para sus viajes a Venezuela, como coordinador de negocios, que eran conocidos por el mismo Sadous. Eso incluso –sostuvo el tribunal– quedó probado en un cable que mandó desde Caracas, que es la vía que los diplomáticos utilizan para comunicarse con sus superiores.

Según la versión de Sadous, el agregado comercial de la embajada, Alvarez Tufillo, le había hecho referencias a negocios manejados a través de una “embajada paralela”, y que el empresario Cavanagh mencionó presiones y sobornos. Ambos desmintieron ese relato. Cavanagh afirmó al declarar: “Nunca le dije a Sadous que tenía miedo y no tenía motivos para tener miedo. Ahí (en Venezuela) hay competencia, pero no miedo”. El no pudo concretar la operación que pretendía y quedó afuera de la exportación, explicó, pero tampoco había hecho una denuncia en su momento. Alvarez Tufillo declaró que nunca habían hablado con el embajador de irregularidades en el comercio con Venezuela. El empresario Jorge Aizpun también refutó a Sadous. El juez Canicoba Corral afirmó al procesar a Sadous que había comprobado que “vertió afirmaciones falsas en perjuicio de los allí imputados Julio De Vido y Claudio Uberti”.

El delito de falso testimonio prevé penas de un mes a cuatro años de prisión, pero cuando se comete dentro de un expediente judicial, el rango pasa de uno a diez años. En el TOF6 recibieron la causa la semana pasada, pero como tienen una larga lista de causas esperando juicio y en la de Sadous no hay nadie privado de la libertad, podría suceder que el juicio se haga dentro de uno o dos años. Está por verse.

En la causa que está a cargo de Ercolini e interviene la fiscalía de Gerardo Pollicita, quienes rastrean posibles irregularidades en el fideicomiso y los acuerdos con Venezuela, entre ellos los supuestos sobornos, declararon 45 titulares de empresas que exportaron maquinaria agrícola y otros que fueron excluidos, pero todos negaron la existencia de coimas. Tampoco aportó nada sustancial el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, pese a su respaldo a Sadous. Allegados al expediente dijeron a Página/12 que hasta ahora no hay ningún delito comprobado y que están esperando información que fue pedida a Venezuela, entre otras cosas datos acerca de las empresas que en teoría actuaron como intermediarias, el dinero recibido y el que fue enviado a la Argentina. Lo cuentan casi como quien da por hecho que la información puede tardar años en llegar.