La Secretaría de Inteligencia (SI), a cargo de Oscar Parrilli, le hizo saber al juez federal Ariel Lijo que las dos personas mencionadas por el fiscal Alberto Nisman como integrantes de la SI “no pertenecen ni han pertenecido (a la ex SIDE) como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”. Se trata de Ramón “Allan” Héctor Bogado y el ex juez Héctor Yrimia. En el escrito, Parrilli le notifica a Lijo que Bogado tiene dos causas por tráfico de influencias, ya que se hizo pasar por integrante de la SI ante la Dirección de Aduanas y ante un particular en un expediente por extorsión. Una causa es de 2013 y la otra de 2014. Fuentes oficiales informaron a este diario que el tal Bogado no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo ni ocupa cargo alguno. Tras la desclasificación, por orden de la Presidenta, de la identidad del supuesto agente, el juez Lijo resolvió publicar la totalidad de la denuncia de Nisman en el Centro de Información Judicial (CIJ), un resorte que depende directamente del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Antes de su muerte, Nisman había dicho que no quería dar a conocer las 300 páginas de su denuncia contra CFK, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche y el ciudadano argentino con públicas posturas pro-iraníes Alejandro “Yussuf” Khalil. El argumento de Nisman para no publicar el texto era que incluía los nombres de agentes de inteligencia involucrados.

El domingo Página/12 dio a conocer que el Ejecutivo desclasificaría la identidad de cualquier agente requerido por Nisman. Eso se concretó el lunes: el titular de la SI, Parrilli, le hizo saber al juez la decisión presidencial. A raíz de ellas, el juez Lijo, ya de regreso de sus vacaciones, le envió un oficio a Parrilli pidiéndole que la SI diga si Bogado e Yrimia trabajaron o trabajan para la central de inteligencia. En su respuesta, Parrilli le dijo al juez que ninguno de los dos integró la SI e incluyó un dato de importancia: que Bogado ya fue denunciado dos veces por tráfico de influencias a raíz de que se hacía pasar por agente de la SI supuestamente para hacer algún negocio. En un caso, ante la Aduana, lo que fue denunciado por la propia SI, con lo que se formó una causa judicial que tramita en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez. La calificación es “averiguación de delito”. En agosto de 2013, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 también se dirigió a la SI para preguntar por Bogado. Según parece, también en ese caso se hizo pasar por agente en un expediente que tenía que ver con una extorsión. Ya en ese momento se le informó al TOC 1 que Bogado “no pertenece ni ha pertenecido al organismo como personal contratado ni como personal de planta permanente”.

En su escrito dirigido a la SI, Nisman dijo que se debía identificar a los agentes que hablaron con cuatro celulares. Los cuatro números correspondieron a Khalil, aunque no los tuvo todos al mismo tiempo, sino sucesivamente. Y las escuchas se hicieron durante dos años y medio, es decir 30 meses.

En el texto completo de la denuncia que se conoció ayer no hay novedades importantes. Todo va en el mismo sentido que los resúmenes que entregó Nisman la semana pasada. Pero ahora se agrega que los que él menciona como agentes no son agentes.

Anoche se iniciaba una polémica por la publicación de la denuncia, en el CIJ, bajo el paraguas de la Corte. Fuentes judiciales recordaban que por muchísimo menos el juez Claudio Bonadio pretende imputar al fiscal Carlos Gonella por violación de secreto. Gonella ni siquiera publicó una denuncia, sino apenas un tuit en el que se refería a la publicación.

Algunas de las transcripciones de las escuchas de Bogado –que según escribió Nisman “ha jugado un rol por demás relevante”– son hasta cómicas y finge una familiaridad con la Presidenta que no tiene y que se basa en decirle falsedades a Kahlil. Es una especie de Superagente 86.

Por ejemplo, hace alardes diciéndole a Khalil “la jefa está con gripe” o “tiene un coágulo” que se le formó haciendo gimnasia, cuando es público que el episodio del coágulo tuvo que ver con un golpe. Pero además, Bogado afirma “esto está cerrado muy arriba”, sin que se aporte una sola prueba de que Bogado se haya encontrado con nadie o que conociera a nadie.

Para Nisman es relevante que D’Elía le dijera a Khalil “salgo del Ministerio, estuve con Julio y no se puede hacer nada si no firman el Memorándum”. De ello, el fiscal saca la conclusión que la familiaridad de D’Elía con De Vido está probada, cuando no está claro que haya estado realmente en el Ministerio de Planificación ni mucho menos que haya hablado con el titular de la cartera.

De la misma manera se toma como prueba que en una conversación con Khalil, D’Elía sostenga que “salgo de la Rosada”, sin que ni siquiera se aporte evidencia de que hubiera estado en la Casa de Gobierno, algo que es habitual en el dirigente de Miles que concurre a buena parte de los actos. Pero no hay prueba alguna de que haya estado con la Presidenta o que las cosas que menciona provengan de un diálogo con la mandataria.

Para más, ninguna de las cuestiones que supuestamente se pactaron terminaron concretándose.

- Al ex juez Yrimia se lo vincula con el plan de plantar una pista falsa a la que llaman “fachos locales”. Consistía en echarles la culpa del atentado a sujetos de la derecha vernácula. Nada de eso existió en la causa ni se le presentó a Nisman, quien debía recibir o tratar cualquier cosa referida al ataque contra la AMIA. Tampoco hubo notificación alguna al juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral.

- La primera parte de la denuncia gira en torno del supuesto acuerdo para que se levanten las órdenes de captura con alertas rojas. Ya el ex secretario general de Interpol derrumbó esa parte del escrito de Nisman: “Lo que dice el fiscal es falso. Nunca el canciller Héctor Timerman ni ningún funcionario argentino hizo gestiones o sugirió que se levanten las alertas rojas. Todo lo contrario, en cada conversación me hicieron saber su compromiso ciento por ciento con el mantenimiento de las alertas rojas”, sostuvo públicamente y ante este diario el norteamericano Ronald Noble, quien encabezó Interpol desde 2000 a 2014.

- D’Elía, Esteche, Bogado y Khalil hablan del acuerdo comercial entre Argentina e Irán: se cambiaría petróleo iraní por granos argentinos. Esto no ocurrió. No hubo tal acuerdo. Pero, además, hoy en día, el comercio con Irán lo hacen los privados: el 80 por ciento es soja y el principal proveedor de Teherán es el grupo Grobo.

A esto se suma ahora que los dos espías denunciados, según la SI, no lo son. Y, por lo menos en el escrito de Nisman, no se aporta ninguna evidencia de que efectivamente trabajen para la ex SIDE.

En el texto hay algunos argumentos llamativos. Por ejemplo, se da por probado que existían negociaciones entre el gobierno argentino y el iraní por las siguientes cuatro razones:

- Que cuando el periodista Pepe Eliaschev dijo que había negociaciones, Timerman lo trató de “pseudoperiodista”. Se recuerda que Eliaschev afirmó que los cancilleres se vieron en Alepo, Siria, donde supuestamente Timerman estuvo en forma secreta. Sin embargo, la presencia del canciller fue pública, al punto tal que hubo un cable de Télam cubriendo la información.

- Que en el 17º aniversario del atentado, en julio de 2011, la Cancillería de Irán sacó un comunicado rechazando cualquier participación en el atentado. Lo que para Nisman constituyó una prueba del “pacto de impunidad” es que la Argentina no contestó a aquel comunicado.

- Que el embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas no dejó su banca cuando habló el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, ante la Asamblea General de 2011. En la Cancillería sostienen que lo importante es que se ausentó la Presidenta de aquel discurso y que, en todo caso, no es la prueba de un pacto de impunidad, sino decisiones políticas.

- Que en 2012, AMIA y DAIA no fueron invitados a viajar a las Naciones Unidas. Según la Cancillería es falso. En la única ocasión en que las instituciones no viajaron fue en 2013, porque coincidía con Rosh Hashaná y Yom Kipur.

Las bases de la denuncia son de ese estilo. Se involucra a Andrés Larroque porque hay una escucha telefónica en la que D’Elía le dice a Khalil que estuvo con Larroque y que éste le dijo que no vaya a una manifestación “porque va a ser copada por los troskos”. En otra ocasión Khalil afirma que “vengo de La Matanza de hablar D’Elía y Larroque que tenían un mensaje para darle al gobierno (de Irán). Estoy yendo a la casa del embajador en Martínez”. No hay ninguna escucha a Larroque mismo, ninguna oportunidad en que hable con Khalil, ninguna prueba de la existencia de aquel encuentro y todavía menos que se haya llevado a cabo una reunión por orden presidencial.

Del mismo tenor es otra supuesta prueba presentada en la denuncia. Se dice que existe un texto del ex canciller iraní Alí Akhbar Salehi supuestamente dirigido al presidente de su país, en que dice “Argentina no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero en cambio que quiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. No hay copia, no hay nada de ese documento, sólo dichos de dos periodistas claramente opositores que dicen haberlo visto. Ni siquiera hay alguna evidencia de la autenticidad de lo que les habrían mostrado. Y más allá de estos elementos, lo cierto es que no hubo acuerdo ni mejora en las relaciones económicas.

Como se sabe, Nisman considera el Memorándum “la pieza clave del plan criminal”. Lo cierto es que se trata de un acuerdo público firmado por dos cancilleres y votado por el Congreso argentino. Puede tratarse de un mal acuerdo, hasta una ley inconstitucional, pero no un delito.

Tal vez la mayor sorpresa que queda de la publicación del texto completo de la denuncia de Nisman es que no existen las fabulosas escuchas que se preanunciaban. Son unas pocas, todas a Khalil, y con intervenciones de protagonistas que han manifestado públicamente su simpatía con el régimen iraní como D’Elía o Esteche. Un ex juez que participó de una pista de “fachos locales” que nunca se presentó. Un espía, “Allan”, que la SI había denunciado porque no es del organismo y trató de hacerse pasar por espía en dos oportunidades anteriores.

La lectura de la totalidad del escrito no cumplió con las expectativas de que incluiría escuchas sorpresa o pruebas inesperadas. Después de que Ronald Noble lo desmintiera; que el juez Rodolfo Canicoba Corral dijera que “la denuncia del fiscal tiene nula o escasa validez probatoria”, todos los que conocían la presentación completa sabían que el fiscal tenía muy poco para defender su denuncia.

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