El técnico informático Diego Lagomarsino fue imputado ayer por la fiscal Viviana Fein por el delito de facilitar un arma a una persona sin la credencial de legítimo usuario. Se trata de un delito que tiene una pena de uno a seis años de prisión. Sin embargo, Fein señaló en un comunicado emitido al mediodía que “se están evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación”. Esta frase parece orientarse a la instigación de un suicidio, pero, como es obvio, la fiscal esperará a definir si Alberto Nisman se suicidó o si fue asesinado. Por ahora, afirma que “no hubo terceras personas en la muerte del fiscal”, pero está esperando dos estudios clave de la autopsia y el análisis de celulares, computadoras y cámaras de seguridad.

Lagomarsino declaró menos de 24 horas después de que se encontrara a Nisman en el baño de su departamento. En esa oportunidad relató que el fiscal le pidió el arma prestada aduciendo preocupación por su seguridad. A esta altura está probado que esa pistola calibre 22 fue la que le produjo la muerte.

El primer paso de Fein es la imputación por ese préstamo ilícito, porque no se le puede dar un arma a una persona que no tiene la credencial. El artículo 189 bis del Código Penal dice que “será reprimido con prisión de un año a seis años el que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare su condición de legítimo usuario”. El delito encaja con lo que hizo Lagomarsino: le entregó la pistola a una persona que no tenía condición de legítimo usuario.

A partir de este punto hay un debate entre los juristas consultados por este diario. Algunos sostienen que el expediente debe enviarse a la jueza Fabiana Palmaghini porque ya se identificó un autor (Lagomarsino), pero otros afirman que en este caso no es una imputación por la muerte del fiscal, sino por algo colateral (el préstamo del arma), que debería constituir una denuncia y causa paralela. Más allá de esta polémica que conduce a quién manejará la causa, la fiscal o la jueza, lo cierto es que hasta ayer Fein no había tomado la decisión de mandarle la causa a la jueza y dejó abierta la posibilidad de ampliar la acusación.

Fein todavía no puede definir el fondo del caso. Por lo que ella misma dice, del expediente surge –hasta ahora– que Nisman efectuó el disparo, básicamente por la distancia de menos de un centímetro, porque no hay heridas de defensa y porque no se ven rastros de una pelea en el baño. Pero en la definición jugarán elementos científicos que aún están en marcha:

• El análisis toxicológico. Es lo que determina si Nisman consumió o le hicieron consumir algo que lo haya dejado sin sentido. Es que en la hipótesis de la existencia de un asesino, un disparo a un centímetro, sin rasgos de lucha, sólo es posible si hubiera estado inconsciente.

• El estudio histopatológico, que supone una mirada microscópica sobre una serie de órganos y sobre el mismo orificio que produjo el proyectil. Es lo que confirma la distancia y el ángulo de disparo.

• El análisis de los celulares. Puede haber comunicaciones o mensajes de texto que indiquen que fue presionado o, por el contrario, que tomó una decisión trágica.

• El análisis de computadoras. Por la misma razón, textos o comunicaciones que puedan aportar datos sobre el final del fiscal.

• Las cámaras de seguridad. Supuestamente mostrarán si entró o no alguien sospechoso en el edificio y si se verifica el relato de los custodios.

Con todos esos elementos en la mano, la fiscal debería estar en condiciones de definir si hubo suicidio u homicidio. Por el momento, todo indica que Nisman se suicidó. En ese caso, la obligación de Fein es investigar si hubo instigación. Algo así como que Lagomarsino le llevó la pistola y le dijo: “Acá está, ya sabés lo que tenés que hacer”. Eso es lo que deja entrever como posibilidad la fiscal cuando habla de que estudiará pruebas y testimonios para decidir si amplía la imputación.

El grave problema de una acusación de esa naturaleza es que es muy difícil de probar, al punto que los memoriosos afirman que nunca en la historia judicial argentina hubo un condenado por instigación al suicidio. Es que requiere una amenaza por escrito, por mail, mensaje de texto, o una amenaza hecha delante de otras personas. Nada de eso es habitual y aun así el delito es de comprobación compleja.

Por ahora, Lagomarsino es un técnico informático que hacía trabajos para Nisman, no concurría a la fiscalía y cobraba una cifra desusadamente alta. O sea que su trabajo encierra un misterio, porque en las fiscalías no se les pagan 40 mil pesos a informáticos que hacen el trabajo que él dice que hizo. La fiscal Fein no sólo investiga qué hacía en realidad Lagomarsino, sino que está observando otros contratos existentes en la Unidad Especial AMIA. Es seguro que ahora entrará en su investigación el dato que dio a conocer anoche la Presidenta: que el informático sacó pasaporte el 14 de enero, o sea justito después de que se presentara la denuncia de Nisman.

Según le dijo a este diario una jueza amiga de la familia de Lagomarsino, Nisman le pidió el arma al informático porque el día anterior (viernes) lo había llamado el ex jefe de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiuso, para advertirle que debía desconfiar de su custodia y que tenía que ponerles seguridad a sus hijas. En su declaración ante Fein, Lagomarsino no contó este episodio, es decir que decidió sacar de escena a Stiuso, no se sabe por qué.

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