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El 14 de enero el fiscal Alberto Nisman acusó a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y a su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman de encubrir la denunciada participación de Irán en un ataque terrorista de 1994.

Nisman fue hallado muerto cuatro días después, horas antes de su programada presentación para exponer sobre sus hallazgos ante el Congreso. Los títulos de los diarios en todo el mundo sugirieron que el gobierno tenía alguna responsabilidad en una de esas tragedias, o en ambas. Yo no lo creo.

Antes de que lo encontraran con una bala en la cabeza, Nisman había investigado durante casi una década el peor ataque terrorista en la historia argentina, la voladura del centro comunitario judío de Buenos Aires, que mató a 85 personas en julio de 1994. Su muerte conmovió al país y distrajo la atención de su escrito acusatorio de 290 fojas. La oposición veía la audiencia en el Congreso como un arma contra el gobierno mientras el partido gobernante se preparaba para señalar los puntos más débiles del escrito.

Los medios están filtrando fragmentos de 5.000 horas de grabaciones telefónicas de Inteligencia, en las cuales no se escucha a la presidente ni a su canciller. Además sobran los rumores acerca de si Nisman fue asesinado o se suicidó. La señora Kirchner osciló entre suponer que fue un suicido y sugerir que no lo fue. En un año electoral, aunque ella no puede postularse para un nuevo mandato, estas vacilaciones no favorecen a su partido.

Especulaciones a un lado, es importante cuestionar la exactitud de los cargos contenidos en la denuncia, que señala en dirección a Irán. El documento, que fue publicado on line, es autocontradictorio.

Primero, acusa a Timerman (quien es judío y fue víctima de la dictadura antisemita que secuestró y torturó a su padre) de buscar la anulación de las Alertas Rojas u órdenes de captura de INTERPOL contra los iraníes acusados. Luego cita una grabación en la que un presunto agente iraní denuncia a Timerman con un insulto antisemita, por no anular las alertas rojas.

Nisman fue criticado por el mismo hombre a quien elogiaba, el ex secretario general de INTERPOL, Ronald K. Noble. La acusación repite 96 veces que Kirchner y Timerman trataron de conseguir que INTERPOL levantara las alertas rojas contra los acusados iraníes. Pero Noble, que era el responsable de las alertas rojas, lo negó y dijo que los gobernantes argentinos fueron consistentes en el sentido contrario.

En una entrevista publicada el 18 de enero, Noble declaró que “lo que Nisman dice es falso”. El mismo día Nisman fue hallado muerto.

Es extraño que un fiscal con la experiencia de Nisman haya preparado un documento tan débil para formular tan serios cargos contra la presidente y el canciller. De las 290 fojas del documento, sólo dos dicen qué delitos se habrían cometido, sin mención alguna ni a doctrina ni a jurisprudencia. Por esto mucha gente cree que el documento no fue escrito por un abogado y que Nisman fue engañado y usado.

Es más posible encontrar la clave de esta historia en el gobierno del ex presidente Carlos Menem que en el actual. Menem es de origen sirio y antes de las elecciones presidenciales de 1989 se reunió en Damasco con el presidente Hafez al Assad, que le brindó apoyo financiero. La participación argentina en la Operación Tormenta en el Desierto contra el aliado de Siria, Irak, en 1991, arruinó ese romance. En 1992 fue demolida la embajada de Israel en la Argentina y en 1994 voló la mutual judía.

Documentos secretos desclasificados en 2003 revelaron que el primer ministro israelí Yitzhak Rabin mandó a la Argentina un enviado personal apenas horas después del ataque de 1994 con el propósito de concertar una versión común de los hechos para comunicar a la prensa. En ese momento, Rabin enfrentaba la presión política de los opositores a las conversaciones de paz con los palestinos en Oslo, que por primera vez contaban con la aprobación siria.

Después de reunirse con Menem, el enviado de Rabin acusó por el ataque a Irán. La misma semana, un vocero del Departamento de Estado de Washington fue más allá y excluyó a Siria de la lista de sospechosos.

A Menem también le pareció políticamente conveniente apartar la mirada de Siria e hizo todo lo posible para impedir que se investigara la pista siria, debido a su relación previa con el gobierno de Assad y sus promesas incumplidas de apoyo diplomático y cooperación en tecnología nuclear y misilística.

Hoy Menem está procesado junto con algunos miembros de su gabinete, con el juez y con dos de los fiscales, acusados de obstruir la justicia y encubrir evidencias sobre el atentado de 1994.

La organización que presido, el Centro de Estudios Legales y Sociales, representa a un grupo de víctimas del atentado. En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció la responsabilidad del Estado por no haber prevenido el atentado ni resolverlo después.

Se firmó un acuerdo en el que el Estado se comprometió a modificar la ley de inteligencia para impedir cualquier interferencia con la justicia. Llevó casi una década que la viuda de Kirchner, que ahora conduce el país, comenzara a cumplir ese compromiso.

En diciembre, la señora de Kirchner pareció actuar sobre la promesa de su difunto marido al descabezar la conducción superior de la Secretaría de Inteligencia en un retrasado intento de limpiar la casa.

La muerte de Nisman puede haber sido un gol en contra; muchos creen que el destituido jefe de operaciones de inteligencia, Antonio Stiuso, alimentó el escrito de Nisman y podría estar involucrado en su muerte.

De acuerdo con la denuncia, el Memorando de Entendimiento que la Argentina e Irán firmaron en enero de 2013 facilitó el encubrimiento, cuyo objetivo secreto era permitir la adquisición de petróleo iraní, algo altamente improbable debido a su alto contenido de azufre, seis veces mayor al que admiten las refinerías argentinas. Pero el propósito explícito del Memorando era permitir que el juez interrogara a los acusados iraníes y que se estableciera una Comisión Internacional de la Verdad, formada por prestigiosos juristas de otros países.

Firmar un memorandum con la ingenua ilusión de que algún día permitiera llevar a los acusados ante un tribunal, como ocurrió con los acusados libios por el avión derribado sobre Lockerbie en 1988, no constituye delito. El gobierno argentino ignora quiénes son los culpables pero quiere permitir que la justicia los descubra.

La muerte de Nisman y la incertidumbre que se prolonga sobre el atentado de 1994 pusieron en evidencia las fallas del sistema judicial argentino y su relación promiscua con los servicios de inteligencia.

Las prometidas reformas no pueden postergarse. La Argentina necesita más transparencia, más control sobre los servicios de Inteligencia y la interrupción de los lazos inapropiados entre espías, jueces y fiscales.

La señora de Kirchner anunció esta semana la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia. Este es sólo el primer paso para conseguir justicia para las víctimas del atentado de 1994 y la familia de Nisman.