“Con un cambio normativo no alcanza. Hacen falta herramientas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil sobre el sistema de Inteligencia”, dice Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en relación con el proyecto de ley que crea una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de la vieja SIDE. Será parte del planteo que el organismo propondrá hoy en el Congreso para modificar el texto presentado por el Poder Ejecutivo, al que apoya en su esencia. Estarán en el centro del planteo el control de las actividades de la AFI, de los fondos reservados, el destino de su vieja planta de personal, la distinción entre investigación e inteligencia, el acceso y clasificación de la información y la ejecución de las escuchas.

–En el contexto mundial actual es imposible pensarlo, sería una ingenuidad. Lo que sucede es que debe funcionar para defender las instituciones democráticas y colaborar en la defensa nacional y la defensa de la seguridad interior. La pregunta es cómo lograr que se diseñen límites y mecanismos para que haya control político del sistema de Inteligencia, controles parlamentarios y sociales de manera de evitar que se autonomice.

–Hubo problemas de funcionamiento en los distintos gobiernos que generaron relaciones y modos de vincularse que le fueron permitiendo autonomizarse y actuar para sus propios intereses, y en relación al sistema político y al judicial, pactando. En ciertos momentos, esa autonomía genera problemas de gobernabilidad. En el caso AMIA se vio a la propia SIDE involucrada en la maniobra de encubrimiento, con actores políticos y judiciales. Es algo difícil de revertir, pero es necesario hacer una reforma que cumpla con los objetivos del Estado de Derecho y el sistema democrático. La Ley de Inteligencia nacional que se reforma es parte de uno de los acuerdos centrales de la recuperación democrática junto con la Ley de Defensa y de Seguridad. La disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva agencia son fundamentales para una reformulación, pero no alcanza con un cambio normativo.

–Hacen falta herramientas normativas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil. Y que se plantee en serio una depuración de la planta, con un proceso de revisión del personal actual, del trabajo hecho y apertura de archivos. Como mecanismo de control, deberán preverse monitoreo, autorización de actividades y control de la clasificación de la información desde distintas instancias del Poder Ejecutivo. El proyecto no avanza sobre el diseño de estos mecanismos. Hay que mejorar los controles parlamentarios, la comisión bicameral hoy no funciona. Si bien requiere voluntad política, la ley debe mejorar las atribuciones parlamentarias, con exigencias de registro de información y garantía de acceso a ella para quienes deben controlarla.

–La implementación de la reforma debe trabajar sobre esos riesgos también. De hecho el proyecto dice que la nueva agencia debe ocuparse eso.

–Es difícil que funcione sin ellos, ciertas actividades requieren reserva. Lo central es cómo se va a controlar la ejecución presupuestaria de los gastos reservados. El proyecto de ley dice que habrá que establecer controles sobre los fondos reservados, pero lo posterga para la reglamentación. La ley debe exigir registro de los gastos para que haya control efectivo y seguimiento del uso de los fondos. Tiene que haber control del Poder Ejecutivo, y que una parte del presupuesto sea como la de cualquier otra repartición, y la parte reservada tiene que ser específica. La ley tiene que proporcionar reglas para el registro de los gastos por parte de áreas del Ejecutivo y de la bicameral.

–Está bien para las escuchas que tienen que ver con las investigaciones criminales, es decir, cuando son parte de la producción de prueba. Es parte de la tarea del Ministerio Público, y de todos modos siempre debe tener autorización del juez. Las escuchas a la vez son controladas por las partes, pasan a ser parte de una prueba que se judicializa. Desde ese punto de vista técnico no es un problema. Sobre el resto de las escuchas, las que tienen que ver con inteligencia preventiva, eso será discutido.

–Es fundamental profesionalizar la planta y achicarla, que tenga como función el análisis de información pero no tenga funciones operativas. Esas funciones las deben tener los subsistemas como Dirección de Inteligencia Criminal (del Ministerio de Seguridad) y la dirección de inteligencia estratégica militar. El proyecto tiene problemas conceptuales y le da a la AFI funciones de investigación que no corresponden. Debe dedicarse al análisis de información. Hay que separar la función de investigación de la inteligencia. Esa confusión es la que ha generado los lazos poco claros con la justicia federal.

–El proyecto acierta en centralizar las relaciones judiciales con un director o un subdirector de la agencia. Los agentes no pueden tener relaciones directas con la Justicia. Pero para nosotros no resuelve el problema si no separa la inteligencia y la investigación.

–La primera es producir información y analizarla, incluye analizar riesgos, amenazas y fenómenos. La investigación abarca actividades para conseguir prueba. La AFI sólo debe hacer inteligencia y no intervenir en un caso judicial, donde sí debe hacerlo la policía u otra fuerza de seguridad que sea auxiliar, incluso si se creara una policía judicial.

–No sólo es importante que se apruebe sino cómo, por el contenido y por el nivel de acuerdo político. Esperamos un debate serio en el Congreso y que tanto el Gobierno como la oposición den lugar a que eso suceda.