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Hace cinco años la Metropolitana desembarcó en la calle. Fue creada como una fuerza de proximidad con los vecinos, pero rápidamente se vio envuelta en escándalos que comenzaron cuando Mauricio Macri nombró a su primer jefe: Jorge “Fino” Palacios, quien terminó procesado por presuntas escuchas ilegales junto con el jefe de Gobierno que lo nombró. Le siguieron una decena de casos de policías con prontuarios a los que la gestión PRO también debió separar. En sus cinco años de existencia, la Metropolitana cambió de jefe cuatro veces. También tuvo participación en hechos represivos como el del Parque Indoamericano, la Sala Alberdi o el Hospital Borda, por recordar sólo algunos. Hoy cuenta con cinco mil policías y no cubre ni la mitad de la Ciudad de Buenos Aires.

El despliegue territorial de la Metropolitana alcanza a las comunas 4, 12 y 15. Además, hacen patrullaje de subtes, metrobuses, microcentro y Constitución. Este año no piensan ampliarse a nuevas comunas, sino sumar otros 1100 policías. En su informe “Cinco años y cinco deudas”, La Fábrica porteña –el think tank del kirchnerismo porteño– advierte que “sólo llega a completar el patrullaje en estas comunas, dado que no llegó a formar los 15 mil agentes que prometieron Macri y Montenegro”.

Tampoco se cumplió con la promesa de que fuera una policía nueva: el 60 por ciento proviene de otras fuerzas de seguridad, según el relevamiento que hicieron los ex legisladores Pablo Failde y Silvia La Ruffa, que trabajaron en la ley que creó la Metropolitana. De los policías que incorporaron, más de la mitad son de la Bonaerense, seguidos por los de la Federal. Entre esas dos fuerzas, proveen el 90 por ciento de los policías con experiencia a la Metropolitana. Los altos mandos son todos ex federales. A esto se suma otro cinco por ciento que proviene de las Fuerzas Armadas, pese a que la ley que creó la Metropolitana lo prohibía.

Pero el parámetro que más resalta son los delitos que fueron transferidos como competencias de la Metropolitana: todos aumentaron a más del doble. Según estadísticas de la Fiscalía General de la Ciudad, en 2008, la totalidad de delitos denunciados sobre los que tiene competencia la Metropolitana sumaba 7983 casos anuales. Esta cifra fue creciendo hasta llegar a 21.934 casos en 2013. Algunos ejemplos: los delitos contra la libertad pasaron de 4438 en 2008 a 13.964 en 2013; los delitos contra la propiedad, de 2311 a 5190. “A partir de estos datos, pareciera evidenciarse la ausencia de una estrategia efectiva para la disminución de los delitos”, advirtieron Failde y La Ruffa. El informe de La Fábrica porteña agrega que la Metropolitana instaló 2000 cámaras, pero tienen operadores para visualizar menos del 10 por ciento. “A cinco años de la entrada en actividad de la Metropolitana vemos que el Gobierno de la Ciudad no realizó el esfuerzo suficiente para desarrollar una policía local al servicio de la ciudadanía”, advirtió Matías Barroetaveña, uno de los coordinadores de La Fábrica porteña.

Un comienzo fino

En 2007, el Congreso derogó el artículo de la Ley Cafiero que impedía la creación de la policía porteña, que nació en octubre de 2008 con la Ley de Seguridad Pública. “Si hubiéramos tomado la misma actitud mezquina que toma hoy la oposición en el Congreso, hoy la Ciudad no tendría policía”, recordó La Ruffa, que presidía la comisión de Seguridad. En julio de 2009, la semana siguiente a las elecciones, Macri eligió a Jorge “Fino” Palacios como primer jefe de la Metropolitana. El nombramiento causó escándalo, dado que Palacios estaba siendo investigado por la represión en diciembre de 2001 y por el encubrimiento al atentado a la AMIA. Hubo críticas de opositores, organismos de derechos humanos y sociales. Al ministro de Justicia Guillermo Montenegro lo citaron a la Legislatura, donde dijo que Palacios era “el mejor policía para dirigir la Metropolitana”. Failde recuerda que conversó con el fiscal Alberto Nisman, quien le dijo que Palacios iba camino al procesamiento. La oposición porteña denunció las compras sospechosas de autos, armas, uniformes, chalecos antibala y hasta una polémica por las pistolas eléctricas Táser.

A las sospechas sobre el jefe, se sumó la noticia de que una decena de ex federales incorporados a la Metropolitana tenían causas abiertas, que incluían protección de prostíbulos y narcotráfico, entre otros delitos. La gestión PRO debió separarlos y el escándalo llevó a que la Legislatura creara una comisión para revisar los legajos de los incorporados por Palacios. El gobierno porteño retaceó información y documentos a esa comisión, que de todas formas pudo constatar que habían incorporado una cantidad llamativa de ex agentes de Inteligencia de la Federal y cuadros que tuvieron algún tipo de desempeño en la dictadura. En su informe final, recomendaron que se remueva a toda la cúpula de la Metropolitana.

“Cuando constatamos la incorporación a la Policía Metropolitana de personal de otras fuerzas de seguridad, formados o con actuación durante la última dictadura cívico-militar, y de personal con antecedentes penales, desde el bloque del FpV presentamos un proyecto de ley que apunta a prevenir estas situaciones. El PRO se negó a tratarlo”, advirtió la jefa del bloque kirchnerista Gabriela Alegre, quien condujo esa comisión.

“Después de cinco años queda claro que se ha perdido la oportunidad de tener una fuerza de seguridad depurada, profesionalizada y respetuosa de los derechos humanos”, indicó la legisladora.

Escuchas y represión

La causa por las escuchas ilegales en las que están procesados tanto Palacios como Macri impactó en la cúpula de la Metropolitana. El 25 de agosto de 2009 tuvo que renunciar Palacios, y el 29 de octubre, su sucesor Osvaldo Chamorro. Les siguió un civil, el macrista Eugenio Burzaco, pero en 2011 Macri les volvió a dar el control de la Metropolitana a dos ex federales: Horacio Giménez y Raúl Pedace, que coordinaron algunos de los hechos represivos en los que actuó la Metropolitana:

- Indoamericano: una represión conjunta con la Federal, que terminó con dos jóvenes inmigrantes muertos. Los 41 policías que habían sido imputados por estas muertes fueron absueltos. Apelaron la decisión.

- Sala Alberdi: se comprobó que en la represión a los ocupantes y manifestantes de la Sala Alberdi utilizaron balas de plomo que hirieron a dos periodistas de medios alternativos. Tres integrantes de la Policía Metropolitana están procesados. Fueron pasados a servicio pasivo.

- Borda: la represión contra pacientes, trabajadores, periodistas y legisladores opositores no tiene precedentes. Sin embargo, la mayoría de los policías fueron absueltos. Sigue procesado el titular de la Metropolitana, Horacio Giménez.

- Papa Francisco: en medio de una violenta represión, recibió balazos de goma el legislador Pablo Ferreyra, hermano del militante asesinado del PRO Mariano Ferreyra.