El canciller Héctor Timerman y su par iraní al firmar el Memorándum de Entendimiento.
Imagen: Télam.

El juez Daniel Rafecas se preguntó en el fallo que firmó el jueves por qué el fiscal Alberto Nisman incluyó en su denuncia datos falsos o distorsionados que eran fácilmente chequeables. Incluso señaló que en algunos casos el mismo fiscal tenía la evidencia de que las cosas no eran como las asentó en su escrito. El magistrado señaló, por ejemplo, que Nisman no libró, antes de presentar la denuncia, un oficio a la Secretaría de Inteligencia para saber si el falso espía Allan Bogado trabajaba allí. Este sujeto decía en las escuchas que había participado de negociaciones con iraníes en Ginebra y con la comunidad judía en Nueva York. Nisman nunca indagó acerca de sus salidas del país. En cambio, Rafecas consultó con Migraciones, que le informó que Bogado no salió de la Argentina en los últimos diez años. Otro caso similar fue el del periodista José “Pepe” Eliaschev, quien hizo –según Rafecas– afirmaciones en sus notas periodísticas y luego dijo algo muy distinto cuando declaró en sede judicial.

En su texto periodístico, Eliaschev –citado por Rafecas– sostuvo que “el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994 (...) según revela un documento hasta hora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán Alí Akbar Salehi, al presidente Mahmud Ahmadinejad. Para la diplomacia de Irán, las investigaciones argentinas habrían quedado cerradas. El canciller iraní asegura en su informe al presidente Ahmadinejad que ‘la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán’”.

A raíz de este texto, en el que se dice que el gobierno argentino ya no quiere resolver los dos atentados, Nisman llamó a Eliaschev para que declarara el 28 de abril de 2013. “Se imponía preguntarle al testigo –dice Rafecas– no sólo quién fue su fuente o al menos la nacionalidad de su fuente, dónde tomó contacto, de qué país provenía el original redactado en inglés, quién hizo la traducción, si el informe tenía un membrete, por qué sostiene que es la inteligencia iraní la que produjo el texto si al mismo tiempo se dice que eran opiniones de la Cancillería de Irán, si se trata de textuales o una interpretación.”

En su declaración bajo juramento, Eliaschev aclaró que no era un documento ni un cable sino un paper intergubernamental y que los que decían que estaban dadas las condiciones para que la Argentina decida dar vuelta la página eran los iraníes y no el gobierno argentino.

Rafecas sostiene que esto último es muy distinto a “la Argentina ya no está más interesada en resolver los dos atentados” de la nota periodística.

El magistrado señala que “no contamos con ese documento, no sabemos quién lo redactó, ni cuándo, ni dónde. No sabemos de qué manera salió del país de donde presuntamente era originario. Tampoco sabemos quién lo extrajo de su ámbito. Ni adónde lo llevó ni quién lo tradujo al inglés. No sabemos si se trataba de una copia o de un original del ‘informe’. No sabemos su contenido exacto, si recogía frases textuales o si era la interpretación o conclusiones de alguien que participó en la reunión. Y todo ello, además, coronado con las notorias y alarmantes deficiencias y vacíos que ostenta la declaración testimonial citada”.

“Es imposible aceptar como prueba lo que para Nisman fue ‘el comienzo de la trama del plan de impunidad`”, concluye Rafecas. Más allá de que el juez evalúa que no hay delito en la denuncia de Nisman-Pollicita, también menciona la gravedad que implica el hecho de que Nisman mencionara como pruebas hechos que para él mismo resultaban insustanciales o contradictorios.