Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.