“Los juicios de lesa humanidad fueron y son jurídicamente válidos. Su negación responde al interés por la búsqueda de impunidad”, reflexionó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. La opinión de Guadalupe Godoy, histórica defensora de víctimas de torturas, secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar, fue similar. Para la abogada, las críticas a los procesos jurídicos sobre violaciones a los derechos humanos son “una respuesta lógica y previsible” de los sectores “que participaron del terrorismo de Estado y quienes lo avalaron”. “Lo dijo un acusado en el juicio por los crímenes en La Cacha: en ellos vive una esperanza de que el cambio de gobierno genere buenas condiciones para la reconciliación”, completó Godoy. Ambas afirmaciones responden a la puesta en duda de la legitimidad de esos procesos que primero resonó en la Universidad Católica Argentina y días atrás volvió a oírse en otro claustro, la Universidad de San Andrés. Esta última actividad fue difundida por el sitio de información judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo el título “Derechos Humanos y Castigo: las discusiones pendientes”, un conjunto de profesionales de la materia –en su mayoría estadounidenses– y personalidades de la historia y la política, invitados por el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, afirmaron que los juicios que comenzaron tras la caída de las leyes de impunidad “no aportan a la verdad socialmente conocida”, que los hechos ventilados en ellos son “parciales” y que allí “no se reconoce el estado de indefensión en la que se encuentran los acusados, 40 años después de lo ocurrido”. La integrante de la Conadep y ex miembro del gobierno de la Alianza, Graciela Fernández Meijide; el historiador Luis Alberto Romero, el ex embajador de la Argentina en Naciones Unidas Emilio Cárdenas, disertaron entonces; también juristas estadounidenses, profesores de la casa y miembros del Ministerio Público de la Defensa nacional.

Mientras estudiantes de derecho y escasos periodistas tomaban nota, familiares de represores procesados y condenados por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, así como hombres y mujeres nostálgicos de aquellos años, oyeron con atención, se sorprendieron gratamente por los postulados expuestos por los expertos y rechazaron con movimientos de cabeza alguna que otra defensa del proceso de memoria, verdad y justicia argentino. Cecilia Pando se sentó en primera fila. La esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe del centro clandestino cordobés La Perla, filmó la jornada.

Para María Laura Bretal, tanto los responsables de las ideas que circularon en el auditorio de San Andrés como las que flotaron en la UCA hace unos días “evidentemente no quieren conocer la verdad”. Como integrante del colectivo Justicia Ya y ex desaparecida, Bretal coincidió con la definición de “juicios incompletos” que propuso Romero durante su exposición, pero invirtiendo de su planteo: “No son toda la Justicia que nosotros queremos, pero en el sentido contrario de lo que cuestionan estos reaccionarios. Queremos que se juzgue a todos los genocidas, a los cómplices civiles y a los eclesiásticos, que han sido los ideólogos de la dictadura y merecen juicio y castigo”.

A Godoy los planteos la enojan pero no la sorprenden. “Es lógico”, opinó. “¿Por qué hacemos los juicios? No solo para obtener condena, estamos disputando el sentido histórico de la dictadura. Antes de los juicios había una verdad social, la teoría de los dos demonios. Con los juicios la revertimos. Entonces, desde los imputados y los cómplices lo que hay es una respuesta lógica y previsible, una ofensiva disfrazada con argumentos jurídicos. Creen que es el momento oportuno para generar las condiciones para la concordia”, sostuvo la abogada.

“Se trata del crimen de masas más atroz que conoció la historia argentina: el Estado usó todos sus recursos para llevar a cabo un plan criminal dantesco”, definió Auat, quien se paró en esa conceptualización para relacionar la “ofensiva reaccionaria”: “La dimensión del crimen explica también que haya, a 40 años de sucedido, gente que siga pidiendo impunidad: no es un problema jurídico, sino estrictamente de índole político e ideológico”. En ese sentido, los entrevistados criticaron que el Centro de Información Judicial –órgano de difusión oficial de la Corte Suprema– haya sido uno de los canales de divulgación de la charla de la Universidad de San Andrés. A Bretal le pareció “terrible, lamentable y repudiable”. Para Godoy, la Corte “no es inocente” en el acto de difusión, un paso que “completa el mensaje que da con la cantidad de condenas a genocidas que no están firmes y que, si se mueren, lograrían el sobreseimiento”.

“Por más de que ese pequeño sector reaccionario, ideológicamente parte de esa dictadura, intente instalar la idea de la reconciliación, no va a lograrlo porque los argentinos estamos reconciliándonos con nuestra propia historia hace 12 años”, remarcó Victoria Montenegro, víctima directa del terrorismo de Estado. Tenía dos semanas cuando la secuestraron junto con sus padres, quienes permanecen desaparecidos; el coronel del Ejército Hernán Tetzlaff la inscribió y crió como hija propia; recuperó su verdadera identidad hace 15 años. Desde ese lugar, refutó el planteo de que los juicios de lesa humanidad no sirvan para la construcción de la verdad: “Son inmensamente reparadores para quienes somos víctimas, que sea la Justicia quien determine que estas personas son genocidas y la condena que les corresponden es poder tener algo de reparación después de tantos años” porque “acá no hubo una guerra, sino un Estado que decidió desaparecer 30 mil argentinos, instalar un modelo económico y, por las dudas, también se apropió de sus hijos”.