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Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma.

Hay acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son, forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas, entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran a millones de personas.

Hay decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único.

La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares.

Hay que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre Cambiemos. Se verá.

En el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos de combatir una forma de concentración de poder fáctico.

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Los cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan.

La narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación. Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder mediático.

La legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela.

Hay en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín. Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y jaqueadas para dar con poderes comparables.

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La única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos de interés, a universidades. Son perejiles en este juego.

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Otro comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura un mercado cada vez más reducido y desigual.

Las alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero. Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes.

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La judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de enumerar.

Las instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín.

¿Tendrá, llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo.

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Se describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de profesionales de universidades públicas.

La elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta amarilla y honran rápido una deuda construida en años.

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Los cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma, todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”.

En la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales.

Es éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes) para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de todo al kirchnerismo.

Para el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta de haber sido el peor por vivirse.

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