El Gobierno nacional publicó el DNU firmado por Mauricio Macri que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disuelve el Afsca, la Aftic y crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que presidirá Miguel de Godoy. En líneas generales, prorroga las licencias actuales por diez años, amplía la cantidad de licencias que podrá tener un sólo medio y permite su transferencia. El kirchnerismo cuestionó el uso del DNU y sostuvo que se trata de una medida anticonstitucional y a la medida del Grupo Clarín. La Defensora del Público, Cinthia Ottaviano, reclamó una reunión urgente de la OEA y la intervención de la CIDH dado que se “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad”.

La decisión se dio tras la intervención de la Afsca y la Aftic y de la clausura de sus oficinas con la policía, que luego fue suspendida por una medida precautelar firmada por el juez de La Plata Luis Arias. El decreto 267 publicado ayer tiene 15 páginas, en las que modifica la ley de medios y la de Argentina Digital. No obstante, lleva la fecha del 29 de diciembre de 2015, un día antes del fallo del juez Arias que ordenó no tomar medidas que modifiquen las funciones de la Afsca (el DNU la disuelve). La abogada Graciana Peñafort –una de las redactoras de la ley de medios– acusó al Presidente y sus ministros de falsificar un documento público, dado que es sabido que en esa fecha Macri se encontraba de vacaciones en el sur.

A decreto limpio

El DNU disuelve la Afsca y la Aftic, así como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones. En estos dos consejos participaban representantes de las universidades, los sindicatos y las provincias. En su lugar, crea un nuevo ente, el Enacom, que estará subordinado al Ejecutivo y un Consejo Federal de Comunicaciones, cuya conformación será definida por el Gobierno dentro de 60 días. El decreto firmado por Macri argumenta que la existencia de los dos entes llevaba a la existencia de “inseguridad jurídica” e indica que el objetivo del Decreto de Necesidad y Urgencia es fortalecer la seguridad jurídica y fomentar las inversiones.

El Enacom será el ente único que controle las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones. Dependerá del Ministerio de Comunicaciones, que conduce Oscar Aguad, aunque será un “ente autárquico y descentralizado”. El directorio del Enacom tendrá cuatro integrantes del Poder Ejecutivo sobre un total de siete. Los otros tres serán designados por el Congreso (primera, segunda y tercera minoría). Es decir que el PRO se asegura mayoría en la toma de decisiones. Los directores asumen por cuatro años y “podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa”.

Además, dispone la transferencia de Arsat, Argentina Conectada y el Correo Oficial al Ministerio de Comunicaciones y crea una comisión bicameral “de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”, integrada por ocho senadores y ocho diputados. Esa comisión tendrá entre sus tareas elegir al titular de la Defensoría del Público, actualmente ocupada por Cinthia Ottaviano. También tendrá la potestad de removerla del cargo.

El decreto crea también, en el ámbito de ese ministerio, una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación” de las dos normas, a las cuales –a la vez– modifica sustancialmente.

Los cambios a la ley

Las modificaciones que Macri resolvió hacer vía DNU apuntan al corazón antimonopólico de la norma. El decreto establece una prórroga del plazo de licencias por 10 años y modifica el artículo 41 por el que las licencias eran instranferibles: ahora serán transferibles, con la aprobación posterior del Enacom. Si el ente no se pronuncia en 90 días, la transferencia se considera aprobada tácitamente. El DNU de Macri también amplía la cantidad de licencias: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares se podrán cotizar en bolsa.

Pero quizás la modificación más importante es que las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica. Además –como había anunciado el jefe de Gabinete, Marcos Peña– las telefónicas podrán operar el servicio de cable dentro de dos años (a partir del 1º de enero de 2018). El Enacom puede extender esa prohibición por un año más. Sobre la prórroga de licencias, si antes la ley preveía una única prórroga de diez años previa audiencia pública, ahora tendrán una prórroga automática de cinco años y otra más de 10, por concurso.

Como argumentación para estos cambios, destaca que la “convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de comunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía –voz– y banda ancha –internet– es una realidad indiscutible” y que así ocurre en “los países líderes en el sector”. Da como ejemplos Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, España, Italia y Australia.

El DNU busca evitar “la ejecución selectiva de sanciones, el otorgamiento discrecional de licencias y cualquier mecanismo de premios y castigos arbitrarios” y critica a la ley de Medios por ser una “norma anticuada y distorsiva”. Sin embargo, no profundiza en una argumentación sobre la necesidad y urgencia de modificarla salteando el Congreso. Simplemente indica que se “impone la necesidad de revertir inmediatamente el consecuente proceso de deterioro y regresión verificado en la industria”, que está en un “estado crítico” –sobre el que no se dan mayores pruebas– y que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo dificultaría actuar en tiempo oportuno”.

También advierte que existen “una gran cantidad de conflictos judiciales” en torno a la ley de medios y que “si bien algunas de sus disposiciones fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema, diversos actores afectados (empresas de medios, periodistas y asociaciones de consumidores) han planteado judicialmente la inconstitucionalidad sobreviniente del cuerpo normativo al momento de su aplicación”.

Réplicas

La Asociación Argentina de Televisión por Cable fue de las primeras en festejar el DNU: “La derogación de muchas de las irracionales asimetrías que regulaban el sector redundará en más inversiones y, por ende, en mejor calidad de servicios para los usuarios”.

En tanto, Martín Sabbatella consideró que el decreto es “brutal, ilegal, anticonstitucional” e indicó que está desobedeciendo una orden judicial. “La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de Héctor Magnetto y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que es la “necesidad y urgencia de las corporaciones y poderosos y la complicidad de los sectores políticos que representan esos poderosos y una parte del Poder Judicial que está colonizado de los intereses corporativos o tienen cosas para esconder y tienen miedo que Magnetto las ponga en la tapa de los diarios”.

Desde una perspectiva crítica al kirchnerismo, el especialista en comunicación Martín Becerra consideró que “en vez de gestionar la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la estructura y necesidades de los multimedios”. “Los beneficiados son no sólo los dos gigantes (Telefónica y Clarín), sino también todo licenciatario y todo actor del mercado telefónico. Considerando que las leyes audiovisual y de telecomunicaciones ameritaban cambios, hacerlo por DNU debilita su eficacia, sobre todo si el fundamento es la excesiva discrecionalidad de los órganos reguladores y su dependencia política del gobierno (anterior). En Enacom el Ejecutivo tiene mayoría y puede remover a todo el directorio”.