El Gobierno quiere designar como fiscal general del fuero de seguridad social a Juan Carlos Paulucci, cuyo padre, del mismo nombre, es el Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo designado por el macrismo en diciembre último, y a quien debería controlar e investigar. El pliego de Paulucci hijo fue enviado al Senado esta semana, pero para eso antes fue retirado el de Gabriel de Vedia, quien había quedado primero en el concurso, diecinueve puntos arriba de él. De Vedia es fiscal de primera instancia y subroga en la fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones. Cometió el “pecado” de participar en actividades de Justicia Legítima y defender la sustentabilidad del sistema previsional. También fue elevado el pliego para fiscal de Venado Tuerto, de Javier Arzubi Calvo, el secretario del juez federal Ariel Lijo quien un día antes de su postulación ante la cámara alta había dirigido los allanamientos nocturnos –sólo permitidos en casos de gravedad y con aclaración expresa– en las casas de ex empleados de la agencia de noticias Télam, entre ellos la de Mariana Inés Lopisi, a quien atinó a arrestar para averiguar sus antecedentes después de encontrar apenas dos anotadores en su mesa, tal como quedó relatado en el acta del procedimiento.

Estas son apenas dos de las designaciones judiciales que decidió impulsar el gobierno de Mauricio Macri después de que el Ministerio de Justicia revisara durante el mes pasado los candidatos a juzgados y fiscalías que había enviado la ex presidenta Cristina Kirchner y modificara varios de los nombres. Los pliegos fueron enviados detrás de los de los candidatos a la Corte Suprema, antes nombrados en comisión, Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz. En buena medida y en ciertos nombramientos, la gestión Cambiemos pone en práctica lo que les criticaba a sus antecesores. Para la selección, los criterios de capacidad e idoneidad no son regla. Ahora debe aprobar el Senado.

Es la política...

En el caso de Paulucci, la relación entre el ámbito de actuación de la fiscalía de cámara de la seguridad social, para la cual podría recibir acuerdo, y la actividad de su papá en el Gobierno, es ostensible y directa. Para colmo Paulucci padre es muy cercano al dirigente José Momo Venegas, titular de la Uatre (Unión de Trabajadores Rurales) y fue jefe de Gabinete de Planeamiento de su obra social. En circunstancias normales, su hijo debería excusarse de intervenir en infinidad de causas. La experiencia indica que cuando le tocó, como subrogante, actuar en temas vinculado al sindicato de los trabajadores rurales, no lo hizo. El campo de la seguridad social abarca una enormidad de temas que pueden disparar litigios y afectan a mucho ciudadanos: previsionales, desempleo, salud, obras sociales, deudas e impugnaciones en todos estos ámbitos. La fiscalía general que se ocupa de estas cuestiones tiene la llave para facilitar (o no) determinadas políticas y actos del Poder Ejecutivo vinculadas con sectores vulnerables que están discusión: el pago de montos discrecionales en las deudas a los jubilados, el desmantelamiento del Renatea (el registro de trabajadores rurales), la privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el recorte de medidas distributivas.

El pliego que había mandado el Gobierno anterior para esta fiscalía clave, era el de De Vedia. En el concurso había obtenido el primer lugar en todos los rubros: 52,25 en antecedentes, 41 en el examen escrito y 44 en el oral. En total 137,25 puntos. Paulucci obtuvo el segundo lugar en general (118,75 puntos) y en antecedentes obtuvo el peor puntaje de los cuatro primeros (34) y el tercero en el oral (38). El tercer puesto fue para Sandra Ruggeri, con un total de 115, 75 puntos, muy cerca del segundo. Es cierto que al comparar cómo eran los nombramientos en los noventa, la primera diferencia sustancial es que hoy para obtener un cargo en el Ministerio Público o el Poder Judicial, por lo menos hay que pasar un primer filtro, que es rendir un examen. Al final del camino, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir a quien quiera entre una terna. Pero un caso donde se retira el pliego del mejor puntaje por lejos, para poner en la especialidad de seguridad social al hijo del secretario de esa área en el gobierno, es cuanto menos un rasgo de nepotismo.

Con De Vedia no se aplicó el mismo criterio con el cual se otorgó un postergado reconocimiento a Analía Viganó, la esposa del líder de la Unión de Empleados para la Justicia (UEJN), Julio Piumato, cuyo pliego fue elevado para nombrarla al frente del juzgado 31 del Trabajo. En un concurso que se remonta a 2010 salió primera entre 85 aspirantes a 17 cargos vacantes en el fuero. Viganó lleva cerca de cuatro décadas en los tribunales del trabajo, donde es secretaria. En 2012 el Gobierno cubrió 11 de esos lugares, pero eligió desde quienes habían sacado desde el segundo puesto para abajo. Es decir, dejó afuera a Viganó. Ella decidió promover una denuncia por discriminación. Sostuvo que su exclusión se debió a la estrecha relación de su marido, con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que había entrado en confrontación con el kirchnerismo, tras años de alianza. Por esos días, explicó, Piumato había tenido una fuerte discusión en el Congreso con el kirchnerismo por la Ley de Riesgos del Trabajo. El gobierno de entonces, denunció Viganó, la excluyó en una “demostración de poder” por ser “la esposa de”. No tuvo suerte con el amparo, ni en primera ni en segunda instancia. Pero su pliego fue enviado la semana pasada, finalmente, al Senado en un gesto que no deja de ser político, en momentos claves de negociación salarial y de acercamiento del macrismo con Moyano.

“Está detenida”

El miércoles 10 de febrero, cerca de las diez de la noche, la cuadra donde vive en La Plata Mariana Lopisi, una ex gerenta de Legales de la agencia de Noticias Télam, se llenó de camiones de Gendarmería. Los gendarmes rompieron la cerradura y entraron a su vivienda, cuando ella no estaba. La denuncia es por “averiguación de delito” a raíz de un video difundido por Infobae donde se ve a tres personas sacando cajas y moviendo elementos de Télam. Se lo explicaron los agentes cuando la vieron entrar, pero también le anunciaron que quedaba detenida, ya que lo había dispuesto el secretario judicial a cargo del operativo Javier Arzubi Calvo, y de su jefe, el juez federal Ariel Lijo. Ni bien intercedió un abogado, quedó evidencia el combo de anomalías, entre el allanamiento nocturno (prohibido por regla salvo expresa indicación) y el arresto por averiguación de antecedentes (algo ilegal en la provincia de Buenos Aires), que finalmente el juez dispuso anular.

Arzubi Calvo concursó para ser fiscal en Venado Tuerto y su pliego fue enviado al Senado el día posterior a los hechos. El acta del allanamiento, a la que accedió Página/12,muestra con claridad su papel: “siendo las 23.45 horas, el comandante Néstor Hugo Báez informa el resultado de la medida del doctor Calvo, quien interiorizado de las mismas, previa anuencia del juez exhortante, Ariel Lijo, en principio orienta sobre que se le efectúe la lectura de derechos y “detención” comunicada de la ciudadana Mariana Inés Lopisi, hasta que se efectúen las medidas de reincidencia, fichas, médico legista, foto de los secuestros y de la persona objeto de la medida (...) se realizan varias nuevas consultas al juzgado sobre la ordenada detención, cuando siendo las 23.59 horas, mediante una nueva comunicación con el doctor Calvo y por disposición del juez se ordena que se dejen sin efecto las medidas”. El documento también agrega que lo que incautaron los gendarmes fueron dos agendas anilladas con el logo de Télam y ocho papeles manuscritos. También fue allanada la casa Juan Dasso Freysz, ex gerente general. Y a Pablo Taricco, ex gerente de comunicación audiovisual, todavía no le tocó, porque lo buscaron en una dirección equivocada.

La vacante para la fiscalía de Venado Tuerto, que en rigor todavía no está habilitada, formaba parte de un concurso más grande para siete vacantes (en Iguazú, Corrientes, Concordia, Victoria, Río Gallegos, Esquel y Neuquén) que se cerró en 2014. El Ejecutivo fue eligiendo algunos nombres en 2015, y eso impactaba en los concursos pendientes, donde lo que estaban más abajo en las ternas, iban subiendo. Arzubi, originalmente estaba octavo para Venado Tuerto y número 14 en el orden de mérito general, pero fue escalando. Recién el Gobierno de Macri se ocupó de elegir al futuro fiscal.

Cajoneos que hablan

Es un dato real que en el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores fue frecuente que los pliegos quedaran cajoneados en el Poder Ejecutivo por años. El de Delfina Denogens, quien ganó el concurso para camarista de Chaco hace nueve años, hasta había recibido acuerdo del Senado, pero Cristina Kirchner nunca firmó el nombramiento. Denogens es amiga de Elisa Carrió y madrina de su hija Victoria, según ha contado ella misma. Macri ya la oficializó como camarista.

En la revisión de ternas, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se encontró con concursos para fiscales que viene de la época de la gestión de Estaban Righi en la Procuración. Es el caso de uno para fiscalías de tribunales orales criminales porteños, que comenzó en 2007. En 2012 fueron elegidos dos fiscales. Para los seis cargos que quedan, ahora se enviaron tres candidatos al Senado: Fernando Klappenbach, que es juez; Ana Helena Díaz Cano, esposa del ex juez Juan José Mahdjoubian, destituido por armar causas con su secretario y un abogado, con una maniobra tipo fórum shopping; Aldo de la Fuente, titular de la Ufisex (delitos contra la integridad sexual y prostitución infantil), denunciado por dejar prescribir como fiscal una causa de violencia institucional, por la muerte de Ricardo Kaplun a mano de policías, que llegó a la Comisión Interamericana, y derivó en una recomendación de reparación a la familia.

Hay también algunos borradores que quedaron dando vueltas por despachos del Gobierno, por ahora en veremos: uno es el que proponía a Andrés Gallardo, el juez contencioso administrativo de la Ciudad que ha sido un dolor de cabeza para el macrismo en causas contra el Estado, y que figuraba propuesto para fiscal en Córdoba (algunas teorías dicen que lo quieren mandar allí para tenerlo lejos); Maximiliano Rusconi, abogado de Diego Lagomarsino en la causa de la muerte de Alberto Nisman, iba a ser postulado ante el Senado para la fiscalía ante la Cámara de Casación Federal, después que Cambiemos lograra retirar el pliego del zaffaroniano Alejandro Alagia, pero la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado armó un escándalo. Tampoco era ninguno de ellos dos, sino Marcelo Ferrantes, quien había salido primero.

Juan Paulucci padre, titular de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.