Domingo, 13 de marzo de 2016 | Hoy
El Gobierno urge las leyes que habilitarían el acuerdo con los fondos buitre. Acechanzas económicas y de posibles juicios. El precedente Griesa, un alerta roja. Escenario en Diputados y Senadores. Las internas peronistas y los mapas que trazan. El conflicto de intereses puede contagiarse del Ejecutivo a la Corte.
Por Mario Wainfeld
“A Bernardo Neustadt le dicen sanguchito de miga: está siempre al lado de la torta.” La frase de Diego Armando Maradona aggiornó su eterna vigencia con los mensajes de WhatsApp sincericidas que intercambiaron los diputados Diego Bossio (peronista en tránsito) y Nicolás Massot (presidente del bloque del PRO). Fueron transcriptos en la nota de tapa de este diario el viernes: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294323-2016-03-11.html
El lenguaje entre sarcástico y cínico es habitual entre políticos y periodísticos, entre otras subculturas. No hay por qué tomarlo al pie de la letra pero sería pavote ignorarlo. La ostentación o el descuido para dejarlos ver integran la jerga, bien mirados.
Conviene no exagerar. Cuando Massot escribe “adoramos el endeudamiento” es factible descartar el lapsus freudiano y presuponer error de tipeo o corrección automática predeterminada.
Aun con tanta piedad, reluce una confianza y un nivel de acuerdo que raya en la pertenencia común. Lo peor, de cualquier forma, no es cómo se negocia sino qué se negocia.
El caso de Bossio (un freelance sin territorio ni votantes) puede distinguirse de las tratativas que llevan los gobernadores peronistas a la luz del día, con reuniones y fotos programadas. De nuevo y adecuando: el sistema político económico real existente fomenta o torna indispensables los pactos entre nación y provincias con fondos que van o vienen. Las fuerzas o debilidades relativas se irán midiendo.
La permeabilidad de “los gobernas” a las medidas del presidente Mauricio Macri trasunta sus flaquezas ideológicas o de convicciones. Para redondear el cuadro: es ostensible que Bossio y los gobernadores no han de haber cambiado tanto desde el 10 de diciembre. Su hechura es previa y pinta los límites que tuvo el kirchnerismo para permear las mentalidades de muchos cuadros aliados. Consiguió traccionarlos desde el poder del estado, jamás persuadirlos del todo. Sus virajes obedecen a las circunstancias.
El presumible acompañamiento al acuerdo con los fondos buitres de una fracción alta del peronismo institucional se expresa en bastante más que hablar de plata. Consiste en callar sobre decenas de miles de despidos, del modo ilegal y brutal en que se consuman, de vertientes de violencia como la represión a manifestantes, el encarcelamiento político de Milagro Sala y otros males que no se miden en pesos ni en dólares. Quien calla, otorga... en mala hora.
A la hora señalada (por Griesa): El devenir parlamentario de la derogación de las leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano” viene siendo todo lo que el oficialismo denostó cuando se oponía a los gobiernos kirchneristas. Tratamiento exprés, agravado por el contenido y porque los plazos perentorios obedecen a la voluntad suprema del juez Thomas Griesa quien le puso fecha al dictado de leyes argentinas.
Cero discusiones en “la sociedad” que tiene sus tiempos y sus cadencias que no son los del ukase de Su Señoría. Cooptación de opositores.
La alusión a los sanguchitos agrega un fantasma que sobrevoló a leyes entreguistas célebres como la Reforma Laboral (a) “Ley Banelco” o la entrega de YPF. En esos casos se comprobaron dádivas aunque “la Justicia” no hizo lugar a las denuncias. En los actuales, habrá que investigar no tanto para coronar en Comodoro Py, misión ardua en todas las etapas e imposible en esto momento. Sí para evaluar conductas y trayectorias.
Pero volvamos al fondo que es lo más trascendente. El vocablo es clavado cuando de endeudar a futuras generaciones se trata.
Baring XXI o Megacanje XXI: El macrismo le paga caro a los fondos buitres, reconociendo sotto voce que no se hace solo por respeto a la sentencia de Griesa. Arguyen que esa libra de carne es el password para una nueva versión de endeudamiento externo.
La perspectiva oficial es que, una vez emitidos y colocados los bonos, lloverán dólares, esta vez baratos. Vendrán inversiones que lubricarán el “modelo”. Se fomentará la obra pública. Servirán para aminorar la inflación, generar empleo y, aunque no se verbalice, para compensar el jubileo impositivo que todo régimen neocon y ofertista lleva en su ADN.
El voluntarismo extremo caracteriza al oficialismo, cuesta muuucho compartirlo. Hasta ahora no entraron las divisas que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay hace casi tres meses. La primera emisión de bonos MM fue un fiasco, los aliados exportadores agropecuarios siguen jugando a que el dólar suba para liquidar divisas.
Un país que abre sus puertas y aduanas al intercambio desigual es mal prospecto para albergar inversiones de mediano y largo plazo. La bicicleta financiera es más veloz que el rayo en la aldea global. “Enterrar” capital en actividades a largo plazo es más trabajoso y, aunque no se diga, arriesgado.
La historia nacional enseña que las experiencias de endeudamiento bajo un paradigma de derecha fueron funestas. El presidente Mauricio Macri pronostica que ésta será la clave del desarrollo.
El porvenir es virtual, abierto. Tangible es el pago sideral a los fondos buitres. ¿O son holdcouts según escribe el relato oficial?
El nombre es arquetipo de la cosa: “Hold outs”, hasta un primitivo cultor del inglés lo advierte, son quienes quedaron afuera de los dos canjes soberanos concluidos en 2005 y 2010.
Los fondos buitres son llamados así en todo el globo con rigor ajeno al oficialismo y a la gran prensa que lo aúpa.
Un poco contra intuitivamente, el primer protagonista de alto nivel que caracterizó y denostó a los buitres fue Domingo Cavallo. Cuando asumió el ministerio de Economía en 2001, durante el gobierno de la Alianza, Super Mingo padeció un ataque fugaz de semi keynesiasmo y afán recaudatorio. Implantó el apodado “impuesto al cheque” mientras criticaba ácidamente al sistema financiero y los “mercados”. Fue un ratito, extraño mientras duró. La verdad a veces brota de la boca de mentirosos seriales tal vez porque nadie lo es todo el tiempo: Cavallo describió con pelos y señales los manejos de los buitres (que pronunciaba casi “huitres”).
Los buitres son los dueños de parte de la deuda no canjeada, que compraron a precio vil en el mercado. Compararlos con los estados acreedores del Club de París es sanata oficialista, ovacionada por la claque. Los estados prestaron plata a la Argentina y acordar con ellos no habilita los regateos accesibles con privados así sean usureros.
Los especialistas más cercanos al paradigma nacional-popular vienen detallando la magnitud de lo concedido, las comparaciones entre lo pagado por el 93 por ciento de la deuda y por los flecos actuales. A ellos se remite este cronista, la asimetría es brutal.
Oposiciones funcionales: El proyecto de Cambiemos fue retocado en la Cámara Baja para complacer-sumar a los filo aliados del Frente Renovador (FR) que lidera el diputado Sergio Massa.
Un aspecto central de los cambios es o puede ser meramente declamatorio. Hablamos del que restringe la afectación de los fondos que se reciban a fines productivos y no a repago de deuda o gastos corrientes. La prédica en ese sentido es correcta, también la formularon el gobierno anterior y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El punto es que la plata es fungible: puede usarse para un objetivo u otro. Las potestades del Ejecutivo para reasignar partidas son amplísimas (herencia del kirchnerismo, que el macrismo reproduce gozoso, con otro signo). Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pueden funcionar en la contingencia como un salvavidas para manejos propios del gobierno.
La “oposición de su Majestad” es funcional a las manos libres de Macri. Proponiendo cambios vistosos pero ineficaces u otorgando quórum para votar en disidencia parcial como harán los peronistas reconvertidos.
Dos Cámaras, dos escenarios: Los proyectos entran por Diputados, la Cámara en la que el oficialismo la tiene más fácil. Con el aval de los propios, los aliados firmes, los implícitos y los culposos, los proyectos parecen condenados a salir con fritas el martes tras un debate vivaz.
El Frente para la Victoria (FpV) rehusará cooperar con el quórum aunque se sumará al debate. “Ganaremos el debate y perderemos la votación” sería su consigna no verbalizada. Cuenta con un arsenal de argumentos para rebatir las leyes y sus derivaciones. Se bifurcan en lo ruinoso del convenio con los buitres, del endeudamiento externo posterior y de los riesgos de demandas de bonistas que entraron a los canjes soberanos.
El titular del bloque, Héctor Recalde, propondrá la convocatoria a consulta popular vinculante, mecanismo previsto en el artículo 40 de la Constitución. Una herramienta de participación esencial, malamente archivada desde su instauración. La moción es más interesante que viable, dada la correlación de fuerzas.
La polémica será larga. El diputado massista Felipe Solá sazonó la tercera posición renovadora (bien leída, es la primera camuflada) poniendo un punto sobre las íes. Lo retraducimos all uso nostro: nada debe festejarse cuando el país se baja el copete (o los pantalones) ante los buitres. La coalición macrista, todo lo indica, no se privará de vivar (se) en la madrugada del miércoles.
Semana con visitas: El FpV cuenta con mayoría propia en el Senado y el bloque no se ha dividido, formalmente. Sí están escindidas las posiciones que podríamos resumir en tres grupos parejos en número, al día de la fecha.
El primero es el sector integrado por los kirchneristas más fieles lo que abarca a los de La Cámpora sin agotar la lista.
El segundo, más acuerdista, filo amarillo, está encabezado por los que responden a varios gobernadores con el salteño Juan Manuel Urtubey como adalid.
Coexiste un tercero que, se supone, todavía madura su voto.
El presidente del bloque Miguel Pichetto aspira a liderar las dos últimas facciones como ha verbalizado y corporizado en público.
Pichetto guarda estilo, anyway. El bloque ya se reunió con el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof y con abogados que analizaron los peligros de demandas millonarias.
La actividad planificada de la Cámara prevé seis días con invitados de fuste. Convocará a los 24 gobernadores cuyo criterio mayoritario ha sido cantado o insinuado a gritos en esta semana tras la reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.
También se citarán compañeros sindicalistas que tendrán que mostrar sus cartas e inclinaciones.
Dadas las circunstancias extrañas, el convite más fuerte motorizado por el FpV es para el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Se trata del jefe de los abogados del Estado nacional aunque el nombre de fantasía viene a cuento porque hay un tesoro o una fortuna en vilo. Se añora, al cierre de esta nota, un dictamen de Balbín.
El diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, se comprometió a llevarlo a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside. Quedó en veremos.
Denso cometido el de Balbín: asegurar que hay certeza sobre un porvenir impredecible. Ponerle el gancho a un dictamen que asegure que no habrá reclamos exitosos es un albur que no le haría pagar costos económicos pero sí pone en jaque su responsabilidad histórica. Veamos.
¿La resurrección de RUFO? Los canjes de deuda contenían la llamada cláusula RUFO, corriente en pactos de ese tipo. Una promesa de no mejorar la oferta a los bonistas acreedores que los aceptaran por un plazo que venció el 31 de diciembre de 2015. Es una regla sensata para tentar a quienes concedieron quitas formidables a trueque de pago seguro, en cuotas.
Si el new deal con los buitres es mucho más dadivoso que los canjes, existe la posibilidad de que los bonistas que confiaron en el Estado argentino se consideren defraudados y abran pleito en tribunales internacionales. El oficialismo y los abogados norteamericanos del estado argentino pontifican que esa hipótesis es imposible, está clausurada sin resquicios por la RUFO.
El problema es que este caso es único en la jurisprudencia universal. Las derivaciones de una contingencia judicial sin precedentes es cualquier cosa menos certera.
La sentencia de Griesa, sin ir más lejos, rompió todas las reglas vigentes hasta ahí. Dicho en criollo, ya hubo un litigio en el que todos los antecedentes fueron arrojados al tiesto por un juez de primera instancia del Primer Mundo.
Así las cosas, la virtualidad de pleitos existe. Profetizar sobre su desemboque es una timba. Cifrémosla en una pregunta no tan delirante: si hay bonistas despechados que litigan por estafa o abuso de derecho de Argentina ¿puede existir en todo el mundo un juez que les haga lugar? ¿Uno en el mundo, por soberbia, ira, senilidad, sub imperialismo o por ser permeable a influencias o sobornos?
¿Quién puede jurar que no, si es creyente? ¿quién apostaría todo su patrimonio a que sea del todo imposible?
A mayor diferencia entre lo que embolsen los buitres y lo que percibieron los bonistas de buena fe, mayor es la potencial razonabilidad de su enojo. Y más grandes los incentivos para tirarse un lance en “la justicia internacional”.
Los razonamientos del gobierno son sesgados, por definición. Tampoco son verdad revelada los de los abogados norteamericanos, por apelar a un tierno eufemismo. Cuanto más facturen, menos creíbles son.
Afanes y perspectivas: El senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina le transmitió informalmente a su par chaqueño Angel Rozas (UCR-Cambiemos) que para el FpV es imperioso que Balbín concurra al Senado con su dictamen escrito.
Abal Medina formuló declaraciones periodísticas impropias e imprudentes en esta semana. Hasta aludió a cómo debía obrar el bloque de diputados kirchneristas. Los cuadros de situación de ambas Cámara difieren mucho y nadie tiene competencia para injerir en la otra. Fue por lo menos confuso en explicar cuál sería su postura frente al proyecto, al que se opondrá. En acción probará cómo se alinea y qué posición defiende.
La actividad parlamentaria del Senado pinta prolongarse hasta el 23 de marzo. Si se cumpliera el calendario, el proyecto podría tratarse en el recinto el 30 de ese mes.
El desenlace en el Senado es menos seguro que el de la Cámara Baja. El magma peronista se irá reacomodando, la presión de los gobernadores impactará en la votación.
Con ese mapa, la perspectiva más factible es que la ley se apruebe, raspando.
No está descartado que el FpV consiga introducir modificaciones al texto original agregando salvaguardas y tratando de bajar las cifras a pagar. Recalde y Pichetto que dialogan, más allá de sus posturas divergentes, analizaron ese escenario.
Sí así fuera, el proyecto volvería a la otra Cámara y pondría en un brete a los compañeros peronistas tránsfugas y a los legisladores del FR, que verbalmente quieren diferenciarse del oficialismo. Insistir podría lucir demasiado PRO...
Un rechazo senatorial está entre lo imposible y lo muy difícil.
A endeudar, a endeudar: Los gobernadores buscan el favor del oficialismo pensando en conseguir dinero por dos vías. El financiamiento internacional y las transferencias de la nación a sus provincias.
El endeudamiento externo es un pilar del bastante básico y no muy explicado programa económico oficial. Solo reactivando, bajando la inflación y cortando la hemorragia de despidos puede sensatamente suponer que conservará la legitimidad electoral de origen. Objetivos que van a contrapelo de los resultados de los primeros tres meses de gestión. Macri empeoró la “pesada herencia” aumentando el número de desempleados, bajando el nivel de actividad, ¡agravando la inflación! El valor adquisitivo del salario real se redujo merced a la “exitosa salida del cepo”, que así se apoda a la devaluación. Sería un logro que el macrismo terminara el año con los indicadores socio económicos que le dejó el gobierno anterior.
Chimentan que en Casa de Gobierno preocupa que las encuestas y los focus groups revelen que “la gente” piensa crecientemente que “Macri gobierna para los ricos”. La revelación motoriza a asesores de imagen o a comunicadores avezados. Quizás el oficialismo no deba pensar tanto en la percepción como en sus políticas. Mirarse al espejo, póngale.
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