Durante la semana que culminó, Buenos Aires fue sede del IV Seminario Iberoamericano de Defensorías/Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de Argentina bajo el lema “Los derechos de las audiencias en escenarios de comunicación concentrada”. Del encuentro participaron representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 21 países, quienes firmaron una declaración final en la que se reafirma que “la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable” y en la que se señala “con preocupación cómo en diversos países de la región, las normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana”. Frente a este escenario los firmantes pidieron que “se promueva la creación de Ouvidorias y Defensorías de las audiencias” en los países de la región en los que todavía no existan.

Durante tres días el seminario fue un ámbito de debate e intercambio plural acerca de la situación de la comunicación en América latina. En ese clima los participantes señalaron también que organismos tales como la defensorías o similares pueden “contribuir a una verdadera democratización de la comunicación y a la promoción de calidad en las producciones de los medios, dado que es a través de la mediación y la pedagogía, en lugar de la aplicación de sanciones, que logran reparar derechos vulnerados, a la vez que promueven la participación en el debate ético sobre la actividad de la comunicación social, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En otra parte del documento final se subraya también el rol de los Estados “en la salvaguarda y promoción del derecho humano a la comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano”.

Al hablar en el encuentro la defensora del Público de Argentina, Cynthia Ottaviano, afirmó que “estamos viviendo (en el país) el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación democrática” subrayando que esto se hizo “de espaldas a las necesidades y las urgencias de las audiencias, pero de frente a los intereses de las corporaciones”. La Defensora dijo también en la ocasión que “nos hemos propuesto hablar de suicidio cultural y de las consecuencias reales y tangibles de la comunicación concentrada. Con un desafío, el de construir un pluralismo político, religioso, étnico y cultural”. Y subrayó que “hay que redistribuir la riqueza informativa, que es de todas y de todos” pidiendo que “no nos dejemos arrebatar nuestros derechos”.

El abogado Eugenio Zaffaroni, penalista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, envió un mensaje al encuentro en el que calificó de “gravísimo” el volumen financiero y patrimonial de los monopolios mediáticos latinoamericanos y aclaró que es una equivocación decir que están al servicio de las corporaciones trasnacionales, porque en realidad “forman parte del entramado financiero de esas corporaciones”. Para el ex juez, “estamos entregando algo más que la difusión de ideas. Estamos entregando nuestra cultura. Los medios son creadores y difusores de cultura. Y la gran riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural”. Agregó también que “la prohibición del monopolio de medios en América Latina tiene que tener jerarquía constitucional, porque es la única garantía que tenemos para tener democracias efectivas y reales”.

En otro momento, Fernando Oliveira Paulino, docente de la Universidad de Brasilia, calificó la concentración mediática de “una enfermedad tropical que pone en riesgo la diversidad cultural en la región”.

“La defensa del derecho humano a la comunicación es esencial para los pueblos y lo decimos nosotros, cooperativistas, que humildemente sabemos muy bien lo que significa la censura y la invisibilización de voces”, aseguró en su intervención el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form.

Ariela Peralta, miembro del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, trazó varias similitudes entre los casos argentino y oriental. Explicó que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya está vigente desde enero de 2015, y es “inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, hubo primero “una implícita y luego explícita voluntad política de dejar librado a la Justicia la decisión sobre avanzar o no en la implementación de las disposiciones”, a partir de recursos de amparo impuestos por los grupos mediáticos concentrados. “Tanto es así –explicó– que a la hora de aprobar el presupuesto nacional por dos años, no se asignó partida alguna para la implementación de la misma, sino hasta el último minuto bajo denuncia de los defensores de la ley.”

Pablino Cáceres, representante de Voces Paraguay, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, describió a su país como “dominado por una elite económica propietaria de la mayoría de los medios de comunicación”, donde “más del 90 por ciento de la información y el entretenimiento es controlado por cinco grupos empresarios”. Además, siete de los nueve canales de TV abiertos pertenecen a dos grandes empresas dijo, lo que “marca permanentemente la agenda del país, y la ruta a seguir”, señalando que esto representa “un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”.

Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, informó que en su país, la reciente modificación constitucional en materia de telecomunicaciones podría consagrar una serie de derechos que hoy faltan en ese lugar, como el acceso a las tecnologías a una gran parte de la población, jurisprudencia para efectivizar el derecho a réplica, desarrollo de programación infantil protegida, y garantías para el acceso a información plural y veraz. Sin embargo, la expresión de deseos acerca de lo que podría ocurrir en México no impidió a Solís Leree describir el presente como problemático y negativo: “El modelo mediático altamente concentrado que aún se presenta en mi país se refleja, en materia de radiodifusión, con dos empresas que acaparan el 94 por ciento del total de frecuencias comerciales y audiencias”.

En el seminario también se emitieron lineamientos básicos para que “las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena voluntad de quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas receptoras de quejas” para lo cual “es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal específico”. En ese sentido se pidió que se establezcan con claridad funciones, misiones y atribuciones de estas entidades, que las mismos tengan cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual, que cuenten con autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de comunicación y que se incorporen instancias formales de participación social en la fase de elección de sus titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras actividades o programas pedagógicos que se implementen. Se demandó además que las defensorías cuenten con presupuestos básicos para su funcionamiento y que quienes sean designados en los cargos tengan mandatos acotados como forma de “propiciar la diversidad de miradas y propuestas”.