Después del encuentro mantenido con el Presidente, los rectores universitarios llevaron al Senado su preocupación por la situación presupuestaria del sector. Las autoridades universitarias fueron recibidas por los senadores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara y explicaron que los fondos aprobados por el Congreso para 2016 quedaron desfasados ante el avance de la inflación y el incremento de las tarifas de servicios públicos, y que aún no se lograron mejoras salariales para los docentes y los trabajadores de las casas de estudios. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit, contó que se está “terminando una ronda de reuniones para intentar solucionar los temas que nos afectan” y que “la paritaria docente esperamos resolverla la semana que viene”.

Tanto autoridades académicas como estudiantes y docentes vienen alertando sobre el impacto de las medidas económicas de los últimos meses sobre las universidades y sus comunidades. Anteayer, los rectores fueron recibidos por Mauricio Macri: el Presidente anunció un refuerzo de 500 millones de pesos para el presupuesto universitario –que este año es de 51,9 mil millones–. El anuncio fue considerado insuficiente por las organizaciones docentes y estudiantiles, mientras los rectores dividieron sus reacciones: el bloque de radicales y aliados valoró la mejora de fondos y se mostró esperanzado ante los compromisos oficiales de solucionar los problemas de las instituciones; por su parte, el grupo de rectores peronistas y sus aliados señaló que el incremento resuelto por Macri “queda muy por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año” y destacó que “ninguno de los problemas” planteados “ha tenido respuestas precisas ni suficientes” por parte del Gobierno: se referían, sobre todo, a la escasez de fondos para funcionamiento, al atraso en las transferencias de recursos y a la ausencia de aumentos salariales.

La reunión de ayer, en el Senado, se realizó en el Salón Illia y se enmarcó en el debate sobre tres proyectos de ley: uno presentado por Juan Manuel Abal Medina (FpV) para eximir a las universidades del aumento tarifario fijado por el Gobierno; otro de la senadora María Inés Pilatti Vergara (FpV) para declarar la emergencia económica en materia energética para las universidades nacionales; y la propuesta de Silvia Elías de Pérez y Angel Rozas (UCR-Cambiemos) para modificar el Régimen tarifario específico para entidades de bien público e incorporar a las instituciones educativas.

El presidente del CIN, Tamarit, abrió las exposiciones y destacó los diálogos entablados con funcionarios del Gobierno en busca de soluciones.

El rector de la UBA, Alberto Barbieri, aseguró que “el aumento de tarifas implica 150 millones de pesos para la Universidad de Buenos Aires”. Daniel Martínez, de La Matanza, explicó que “la realidad que afrontamos las universidades del conurbano es que recibimos más del 700 por ciento de aumento en las tarifas”. El rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, sostuvo que “nos encontramos con una universidad con un presupuesto muy comprometido”, mientras el titular de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, advirtió que “el problema son los pibes que están dejando de cursar por el tema del aumento del boleto y el tema de las becas”.

El presidente de la comisión del Senado, Juan Manuel Abal Medina, dijo que “el gobierno nacional debe garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema universitario y es evidente que las soluciones propuestas son insuficientes. La situación de las universidades supera ampliamente la necesidad de eximirlas de los aumentos tarifarios”. Para la próxima semana, los senadores prevén convocar a funcionarios del Gobierno para avanzar en el tratamiento de la situación.