Continuando con la tarea de emitir cartas quincenales dirigidas a sus comunidades y a la sociedad en general, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) dio a conocer un nuevo documento en el reiteran su demanda de libertad para la dirigente social jujeña Milagro Sala “y de todos los presos políticos”, denuncian las “políticas de derechos humanos regresivas y amenazantes” puestas en práctica por el gobierno de la Alianza Cambiemos y advierten sobre la represión de la protesta social y el “silencio” de los medios de comunicación acerca de los llamados “papeles de Panamá” que involucran al presidente Mauricio Macri y a funcionarios de su gobierno. Tras manifestar su preocupación por el “agravamiento progresivo y preocupante de la situación social y económica” los Curas sostienen que “son llamativas las supuestas amenazas recibidas por funcionarios, lo cual parece excusa para reforzar la represión”. Los sacerdotes expresan, una vez más, su convicción de que “este modelo no cierra sin represión”.

“Que el Presidente afirme que Hebe (de Bonafini) es ‘una desquiciada’ (un agravio de quien se arroga contradictoriamente la misión de unir el país) luego de manifestarse desinteresado en el número de desaparecidos y de hablar de ‘guerra sucia’ no hace sino sumar un nuevo repudio a los ya demasiados que nos vemos en la obligación de proclamar”, dicen los Curas en otro parte de su documento.

Sostienen que la diferencia entre el anterior gobierno y el actual “en un tema tan sensible, su colaboración activa en la justicia o su desinteresarse de ella nos parece demasiado grave, aunque el actual Presidente afirme que no quiere ‘tener injerencia en el poder judicial como lo hizo el gobierno anterior’”. Y subrayan los sacerdotes católicos que “lamentamos que se intente conceder prisión domiciliaria a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, como el caso emblemático de Etchecolatz” expresando al mismo tiempo “nuestro más firme repudio uniéndonos al reclamo que sobre el tema han formulado organismos de derechos humanos”.

Tras denunciar que en el caso de los “papeles de Panamá” existe un “silencio cómplice” de los medios nos preguntamos, dicen los Curas, “cuánto más debe esperar el Poder Legislativo para interpelar a todos los implicados en ‘la ruta de la corrupción M’”. Y señalan que “lo que revela el material presentado son pistas de posibles maniobras de lavado de dinero, el delito que figura en la carátula de la causa”. Expresan, no obstante, que “la investigación afortunadamente avanza y compromete cada vez más al presidente Macri, lo cual constituye una situación de considerable gravedad institucional que la población debe conocer”.

Otro de los capítulos del texto difundido por los Curas está dedicado a denunciar hechos de represión. Señalan que “Jorge Peña, de Renatea Jujuy fue interceptado en su automóvil en el que viajaba con sus tres hijas”; recuerdan la “grave represión en el Puente Pueyrredón con camiones hidrantes y policía a jubilados y otros manifestantes”; la “represión a quinteros en el Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires) con 48 detenidos (7 menores) uno de los cuales, Lautaro Leverato, recibió 13 balazos de goma”; que en Ramos Mejía “balearon el frente de la unidad básica “Los Mismos de Siempre” ubicada en la intersección de las calles Colón y Bulnes en la localidad de Ramos Mejía” y que la Gendarmería y Policía bonaerense reprimieron con balas de goma en la Autopista Buenos Aires-La Plata “a compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Anibal Verón y otras organizaciones sociales aplicando el infame protocolo elaborado y defendido por la ministra Patricia Bullrich”. A ello se suma a la “represión a azucareros que desde hace 56 días están defendiendo los empleos ya que enfrentan el lock out de la empresa Seabord Corporation a la que pertenece Tabacal Agroindustria que tiene paralizada la planta en El Tabacal, Salta incluyendo balas de plomo a los gases lacrimógenos”.

Los sacerdotes católicos que trabajan en medios pobres adhieren también a las denuncias del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) respecto de amenazas a dirigentes campesinos y el ataque de “sicarios” del “agro-narco empresario Orlando Canido” contra familias de la comunidad Iaku Cachi.

En el mismo texto se denuncia “una brutal transferencia de ingresos con una inversión de la ecuación distributiva de la renta nacional” y “un modelo económico que concentra la riqueza en pocos actores y generaliza el desempleo con salarios a la baja”, “un endeudamiento externo usurario y descontrolado”, “un quiebre violento de la protesta y la organización social de base como lo muestra el experimento jujeño” y “una destrucción del aparato productivo, la industria nacional y las economías regionales”. Por todo ello manifiestan su adhesión a la “marcha federal, el 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre contra el ajuste, los tarifazos, los despidos y exigiendo la liberación de los presos políticos”.

En el plano teórico el documento de los Curas en la Opción por los Pobres critican “una democracia de baja intensidad” que contradice los intereses de los trabajadores y los sectores populares.