“Dotación óptima de personal”, es el eufemismo con que el Gobierno justificará la nueva ola de despidos en el Estado prevista para fin de año. El término da nombre a uno de los documentos internos que el Ministerio de Modernización giró a las direcciones de recursos humanos de los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo, a los que accedió Página/12. A modo de instructivo, el documento plantea una serie de objetivos y pasos a seguir por cada organismo a fin de “adecuar” la “dotación inicial” de empleados públicos a lo que el Gobierno considera una “dotación óptima”. Allí se explica que ese proceso apunta a “resolver los aspectos cualitativos y cuantitativos de personal”, intención que ya fue declarada en privado a los delegados y secretarios gremiales de ATE Capital por funcionarios que responden al ministro Andrés Ibarra. En otro papel filtrado, que lleva el sello de Modernización, se señala que los contratos de más de 114 mil trabajadores de la administración pública nacional se encuentran “bajo análisis”. Para llevar adelante este “análisis”, que puso en marcha en mayo y aceleró en las últimas semanas, el ministerio que ejecuta el deseo del Presidente de reducir el empleo público elaboró también un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen. Con el agravante, según denunció ATE, de que las encuestas son implementadas, en algunos casos, por consultoras privadas, y en otros, por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros.

“Programa de análisis y planificación de dotaciones”, se titula el documento de Modernización que blanquea entre sus objetivos “producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal”. El eufemismo “dotación óptima” aparece mencionado en varios apartados también como “dotación adecuada” y es definido como “la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos”. A través de esas definiciones, el ministerio da a entender a las direcciones de Recursos Humanos del Estado que existe un excedente de empleados públicos. El documento circuló con fecha posterior a los 11 mil despidos en la administración pública nacional con que comenzó la gestión macrista.

Otra de las cuestiones que blanquea el documento es el rumor que circula en los pasillos de los ministerios hace meses: las jubilaciones y los retiros voluntarios que ofrecerá –y a los que intimará– el Estado para desvincular a trabajadores tanto contratados como de planta permanente. “Jubilaciones”, “retiros voluntarios”, “bajas vegetativas (fallecimiento)”, se lee en el apartado titulado “Mecanismos de adecuación” del papel burocrático. En principio, el Gobierno está habilitado –por la Ley de empleo público– para avanzar en por lo menos 21 mil jubilaciones, número que duplica los despidos de principios de año. “Identificar las dotaciones de empleados jubilables (sic) y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario”, se enumera explícitamente como uno de los “objetivos específicos” del programa.

El texto también habla de “revisión de los sistemas de contratación” y de “movilización transversal” de los recursos; es decir, del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones. Según uno de los delegados consultados por este diario, funcionarios de Modernización ya hablan de “reasignación o resignación” a la hora de plantear el panorama de muchos trabajadores a partir del año próximo.

Los 114.962 mil trabajadores rotulados “bajo análisis” en un segundo documento configuran el “53,9 por ciento” del total de empleados públicos (a excepción del personal de seguridad), divididos en 78.533 de planta permanente y 36.409 contratados. A través de los cuestionarios, Modernización comenzó en mayo a recabar información sobre ese eventual universo de empleados, hasta ahora lo más parecido a un dato preciso en manos del Gobierno, que entre diciembre y marzo decretó el despido por igual de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores con fuertes lazos con el territorio, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Desde el ministerio que conduce Andrés Ibarra reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del “plan”, aunque negaron que el objetivo sea avanzar en nuevos despidos. “Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos”, dijeron, y explicaron que el término “dotación óptima” refiere “a la optimización de los recursos, porque hay áreas donde falta personal y otras donde sobra”. Para graficar la posición, aseguraron que no habrá otro decreto como el 254/15, que habilitó a Ibarra a la primera “revisión” en diciembre pasado, y sostuvieron que “de haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio”. En Modernización no quieren quedar pegados, por ejemplo, a las 200 cesantías que dispuso días atrás el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que derivaron en el abrazo simbólico alrededor del Palacio Sarmiento para el que se unieron trabajadores estatales, docentes y buena parte de la comunidad educativa.

Consultoras y encuestadores

En el cuestionario, que ya se comenzó a aplicar, los trabajadores deben responder sobre su estado civil, sus antecedentes laborales, su nivel de estudios, el tipo de contrato que los vincula al Estado y sobre cuántas horas semanales trabajan. También se les pregunta a qué superior “responde” cada uno y en qué año ingresaron a la administración pública, y se les pide que hagan un resumen “de las tareas cotidianas que realiza”. Los datos, completos, le ofrecerán a Modernización un CV reducido de cada trabajador e información relacionada con su situación laboral concreta. Este punto es especialmente sensible luego de la desarticulación de áreas y programas, que dejaron a muchos trabajadores en el aire.

Cuando en mayo los formularios comenzaron a bajar a los ámbitos de trabajo, delegados de ATE detectaron el desembarco de consultoras privadas. La prueba piloto fue en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). “Es un hecho sumamente grave porque las consultoras tienen una visión economicista del trabajo, no hacen un análisis desde la política pública”, sostuvo el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.

El gremio ya pidió una reunión con Modernización para ser informado sobre el proceso de contratación de privados para esa labor, dado el malestar que generó entre los encuestados. “Quieren aplicar acá también la famosa planilla de Excel. El problema es que con esa lógica, irremediablemente va a haber gente que sobra. Los despidos de principios de año vinieron de la mano de la reducción de la política pública. Vaciaron programas, suspendieron áreas y esa es la razón por la que hoy hay compañeros sin funciones”, agregó Fernández.

Pese a que no hubo hasta ahora resoluciones publicadas en el Boletín Oficial a tal fin, el apartado “Metodología de abordaje” del documento filtrado da cuenta de la conformación de grupos de análisis integrados por más de 20 “asistentes técnicos” aportados por Modernización, que no cuenta actualmente con esa plantilla, lo que hace suponer que efectivamente buscarán apoyos externos.

Desde el ministerio sostienen que “es posible” que a futuro se contraten consultoras. Ibarra cuenta con el antecedente de haber realizado el mismo proceso en el ministerio homónimo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2012 y 2013 contrató a las consultoras PCG SA y TBT SRL por más de 11 millones de pesos para un trabajo similar: contabilizar la cantidad de empleados de determinados ministerios e identificar a los trabajadores “jubilables”.

“El uso de consultoras remite a la década del 90. Los privados toman competencias que son de las direcciones recursos humanos. Hablan de un criterio objetivo, pero no tiene nada de objetivo: no es lo mismo la dotación óptima en un país como Suecia que en Argentina. No son los mismos Estados ni los mismos desarrollos históricos. Durante el kirchnerismo, el Estado claramente creció en competencia y en personal, porque se propuso llegar al núcleo de los problemas sociales y abordar el territorio. La lógica del macrismo es la de la grasa militante, omitiendo que vaciaron programas o suspendieron determinadas políticas del gobierno anterior. Entonces, cuando terminen las encuestas, una consultora privada, con esa misma lógica, va a encontrar gente que sobra y van a decirle a la sociedad que tienen la excusa para echar compañeros. Nosotros vamos a oponernos y vamos a salir a luchar”, describió Fernández.

Algunos ministerios, como el de Justicia y Derechos Humanos, optaron por delegar la tarea de los cuestionarios en los propios trabajadores. “Armaron un equipo de laburantes que se habían quedado sin tareas porque cerraron el área”, describió Leonardo Surraco, delegado de ese ministerio. Se trata un grupo de trabajadores primero despedidos y luego reincorporados que desempeñaban tareas en programas como Asistencia a la víctima, que quedaron sin funciones luego de su desarticulación. “Son psicólogos, asistentes sociales y profesionales que los pusieron a hacer las encuestas. Los mandan, por ejemplo, a la ex Esma, con una computadora, y van leyendo las preguntas. Muchos compañeros no quieren contestar porque hay datos personales y de formación que no tienen por qué dar”, graficó Surraco.

Otra de las preocupaciones que manifestó el gremio es el destino que se le dará a los datos de los empleados, teniendo en cuenta la obsesión del Gobierno por recolectar información privada de las personas, como quedó al descubierto con el convenio que firmó la Anses con la Secretaría de Comunicación Pública. “No sólo nos pasaron por arriba a la hora de aplicar las encuestas, sino que tampoco sabemos adónde va a parar esa información. Una cosa es que la administre un organismo público y otra que quede en manos de una consultora privada”, sostuvo Fernández.

Así las cosas, Fernández adelanta para diciembre, cuando vencen miles de contratos, un “panorama similar” al que se vio en los ministerios en los primeros meses del año. “Si seguimos así vamos al paro y movilización, con una situación social más delicada que en diciembre pasado y con un gobierno más deslegitimado”, aseguró.

Informe: Matias Ferrari.