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La sociedad argentina ha logrado avances significativos (en una visión comparada internacional) en lo que hace a la posibilidad de juzgar y condenar a los responsables de los crímenes de Estado cometidos en la década de los años 70: juzgamiento por tribunales naturales, sin limitaciones, condenas a penas severas, reconocimiento de la existencia de un genocidio, entre otros.

Dichos avances fueron complejos y tuvieron marchas y contramarchas (del Juicio a las Juntas a las leyes de impunidad y los indultos, los escraches, la apertura de causas en el exterior, los Juicios por la Verdad, la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad). Pero si algo caracterizó la persistencia y logros en esa lucha fue una alianza social y política plural, que tuvo una potencia difícil de encontrar en otras experiencias históricas. Más allá de diversas pertenencias y orígenes políticos, ello no fue obstáculo para encarar una lucha conjunta contra la impunidad, más allá de las caracterizaciones diversas sobre los gobiernos de turno (que las hubo y siempre generaron ríspidos debates, sin que ello quebrara la necesidad de acciones comunes).

Pese a los enormes logros de los últimos lustros, algo se fue quebrando en dicha alianza. No es objetivo de este escrito asignar responsabilidades por dicho quiebre, porque las mismas son múltiples, más allá de que no sean equivalentes: entre ellas la confusión entre lo gubernamental y la militancia en derechos humanos, los sectarismos, las faltas de respeto y las “chicanas” (que parecen haberse vuelto un mal inevitable). Lo cierto es que los distintos posicionamientos frente al gobierno kirchnerista quebraron la posibilidad de seguir construyendo prácticas comunes que respetaran las diferencias.

Producto de todo ello, una alianza social y política crucial para derrotar a la impunidad y garantizar logros colectivos, estalló en varios pedazos y se sigue desgajando.

Esto ha implicado, por primera vez desde 1983, que los sectores afines a los genocidas tuvieran la oportunidad de disputar la calle, la presencia en las audiencias de los juicios, la construcción del sentido común, la hegemonía en las representaciones colectivas en temas que son y serán cruciales para el futuro de todos.

Aún en los largos años de la impunidad (allí por la primera mitad de la década del 90), resultaba difícil cuestionar la integridad y legitimidad de los organismos de derechos humanos. Ante un gobierno dispuesto a avalar la impunidad y que pugnaba por una “reconciliación” sin memoria, sin verdad y sin justicia, se enfrentaba una sociedad civil que imaginó innumerables formas de continuar la lucha: apelando al principio de jurisdicción universal, encontrando las fisuras en las leyes de impunidad, reclamando ante los órganos regionales e internacionales o creando la práctica del “escrache”, una herramienta de una potencia increíble, pese a que luego fuera banalizada al aplicarse a situaciones no comparables (el eje del escrache era la vergüenza que implicaba la impunidad de genocidas bajo la consigna “si no hay justicia, hay escrache”).

Hoy el gobierno macrista, a diferencia de lo ocurrido a fines de los 80 y comienzos de los 90, no se pronuncia a favor de la impunidad, no ha enviado ley alguna de impunidad al Parlamento ni brega por el fin de los procesos de memoria, verdad y justicia, más allá de que no expresa una clara voluntad por sostenerlos (vaciando, por ejemplo, algunas de las áreas estatales o judiciales que deben sostenerlos).

Pero ocurre algo más grave: los personeros del terror y sus aliados han comenzado a salir de las sombras luego de tres décadas y comienzan a dar la “batalla cultural”: negando y relativizando las cifras de desaparecidos, presentando a los genocidas como “víctimas” del proceso judicial, reclamando prisiones domiciliarias y absoluciones, reinstalando la teoría de los dos demonios o la remisión a una “guerra sucia”, pugnando por la equiparación de los crímenes estatales con las acciones insurgentes, expresando el cansancio o hastío ante “tanta” memoria, verdad y justicia, asistiendo a las audiencias judiciales para expresar su apoyo a los genocidas, destruyendo o interviniendo los murales, placas conmemorativas, homenajes, entre otras decenas de acciones que se van sumando y les permiten comenzar a disputar el sentido común de los argentinos.

El desafío, por lo tanto, es más grave que el de un gobierno avalando la impunidad. Y también más inteligente. Habiendo aprendido de los logros de los organismos de derechos humanos, no buscan esta vez “imponer” la impunidad de arriba hacia abajo sino intentar revertir los logros de abajo hacia arriba para que dicho “clima” social presione a un gobierno dispuesto a ser presionado para sancionar una impunidad “reclamada por el pueblo”.

No será fácil, pero debemos estar a la altura de dicho desafío. Es hora de dejar las contradicciones secundarias de lado. Tendremos que construir instancias para iniciar diálogos difíciles, ser capaces de escuchar críticas que no nos gusten, asumir errores propios más que señalar los ajenos. Pero, sobre todo, volver a confluir en las calles para enfrentar a los genocidas y a sus herederos, con la misma originalidad y potencia con la que se los viene enfrentando desde hace cuarenta años. Y eso no se puede hacer bajo una sola bandera partidaria sino que requiere a todas las que estuvieron años marchando juntas pese a sus diferencias, no se puede hacer bajo la imposición de sectarismo alguno ni reivindicando a un gobierno o a un partido. Porque no fue así como se logró derrotar a la impunidad.

Necesitamos volver a estar juntos en las calles, en las plazas, en las marchas, en la disputa cotidiana frente a la injusticia, sin que ello borre ninguna de nuestras diferencias. Necesitamos estar juntos en la próxima Marcha de la Resistencia, juntos en una sola marcha el próximo 24 de marzo.

Juntos. Para recordarnos y recordarles que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y que, por mucho que se ilusionen, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.

* Investigador Conicet. Profesor de la Untref/UBA.