EL PAíS

Peleas bajo el agua

 Por Cledis Candelaresi

La negativa de Aguas Argentinas a levantar lisa y llanamente su demanda contra el Estado argentino ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, deja en pie las dudas sobre el futuro de esta concesión, a pesar de la voluntad manifestada por Suez, principal accionista, a “permanecer” en el país. Los franceses también se avendrían al nuevo esquema privatizador que le apetece a Julio De Vido, donde quedarían limitados al gerenciamiento del servicio, priorizando el mantenimiento sobre el repago de su deuda en dólares. Tras una entrevista de sus máximos directivos con funcionarios locales en Buenos Aires, días atrás la firma francesa dio a conocer su vocación de atender una serie de demandas oficiales, incluida la de “suspender” la pretendida indemnización por 1700 millones. Pero los términos de este acotado compromiso no satisficieron al Gobierno, que tendría argumentos de sobra para dar caída la privatización.
Esta puja explica la recriminación que ayer públicamente le formuló Néstor Kir-chner cuando inauguró un plan para extender el servicio de agua potable y cloacas a 300 mil de los 700 mil habitantes del partido de La Matanza que no lo tienen. “Hace diez años que se privatizó el servicio y todavía hay mucha gente en esta situación. Esperemos que ahora las empresas aceleren las inversiones”, espetó el Presidente, en alusión al 47 por ciento de pobladores marginados de esa prestación esencial y al compromiso de Aguas Argentinas de dirigir técnicamente una inversión que se costeará en parte con fondos públicos y en parte con los recursos de un fideicomiso para obra.
La privatizada acusó el golpe, pero prefirió no subir los decibeles de la discusión con el Gobierno con una respuesta airada. Por eso, a media tarde difundió un comunicado en el que detalla cuál es su participación en los emprendimientos anunciados ayer, que en realidad son parte de un programa de obras que este año involucrará 242 millones de pesos, de los cuales 90 salen del fondo fiduciario administrado por el órgano de control. En el mismo texto, aclaró que “continúa trabajando comprometida con el desarrollo del país” y con “voluntad de permanencia”.
Aquel compromiso inversor está incluido entre los que la compañía admitió “considerar” el día que anunció su determinación de “suspender” hasta fin de año su reclamo ante el Ciadi, aunque sólo “provisoria y parcialmente”. Esto transforma esa promesa en pura retórica.
Por ahora, el tribunal bancomundialista seguiría analizando la competencia jurisdiccional del reclamo (si le corresponde atender la demanda por congelamiento de tarifas y otras imposiciones de la emergencia económica). Tarea que, se estima, podría estar lista para fin de año. Sólo entonces los árbitros se avocarían a considerar la cuestión de fondo: si el congelamiento viola o no un tratado de inversión y si el Estado debe resarcir o no al accionista. La suspensión, por lo tanto, no cambia nada.
Esta situación terminó generando desconfianza mutua. Suez no quiere correr el riesgo de deponer su reclamo en forma total si no tiene garantías absolutas de que el Gobierno no dará por caída la concesión.
Planificación y el propio Presidente no quieren cargar con el costo político de darle otra oportunidad a un adjudicatario probadamente incumplidor si éste sigue amenazando con una demanda multimillonaria.
El punto no permitió hasta anoche un acuerdo de partes que podría resultar más sencillo si se hubiese llegado a la renegociación contractual. Aguas no tiene inconveniente en limitarse al gerenciamiento del servicio, incluido el mantenimiento de las redes, delegando al Estado la decisión y ejecución de obras para expandir el servicio. En particular, si éstas se costean sólo con una pequeña porción de la tarifa y en gran medida con recursos o deuda pública.
También estaría dispuesta a destinar al repago de su deuda una porción minoritaria de su facturación, preservándola para mantener las redes. Para reestructurar los 700 millones de dólares defolteados, Aguas confía en ampararse bajo el paraguas de la trabajosa renegociación de las obligaciones públicas. Sin embargo, nada de esto parece servir demasiado ni no renuncia de un modo más genuino a sus reclamos ante el Ciadi.

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