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“El intendente de Olavarría está protegiendo a lo más oscuro de nuestra historia. Y encima le envía a su comunidad un mensaje de impunidad.” Las palabras del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto, condenan la inexplicable decisión de Helios Eseverri de mantener en un cargo público a un represor. A pesar de los testimonios de ex desaparecidos y las denuncias de los organismos de derechos humanos, el intendente se niega a remover a su director de Control Urbano, Omar “Pájaro” Ferreyra, acusado de haber participado en el centro clandestino Monte Peloni durante la dictadura. “No se fusila sin sentencia”, se defendió Eseverri, para quien las pruebas testimoniales no son suficientes. La comunidad de Olavarría ya dio su veredicto: muchos vecinos se niegan a que el represor les firme el carnet de conducir.
Un documento firmado por ex detenidos desaparecidos asegura que Omar Ferreyra participó de un operativo que entregó el cuerpo de Jorge Fernández a su familia en un cajón cerrado. Un contundente informe de la Secretaría de Derechos Humanos provincial lo vincula con los grupos de tareas que actuaban en el centro clandestino Monte Peloni. En la Conadep aparece un represor de Olavarría denunciado bajo el apodo de Pájaro. Ninguna de estas pruebas parecen alcanzarle al intendente que, desde que confirmó a Ferreyra en su cargo, se convirtió en el primer gobernante que se niega a remover a un represor de las filas de su administración.
“Eseverri quiere que le presentemos una foto de Ferreyra torturando o sus huellas digitales en una picana. Se olvida que las pruebas por las que se condenó a los miembros de la última dictadura son testimoniales”, se indigna Carlotto. Desde que en febrero pasado recibió la denuncia de la Central de Trabajadores Argentinos que afirmaba que un represor de Monte Peloni cumplía funciones en la municipalidad de Olavarría, el secretario de Derechos Humanos visitó reiteradas veces al intendente radical. Le recomendó personalmente y por escrito que lo separara a Ferreyra del cargo, pero no hubo caso. Eseverri no accedió. “Separar del cargo es condenar por sospechas y sin defensa en juicio a una persona que vivió en paz durante 20 años. Proceder así sería volver a utilizar el empleo público como instrumento de persecución política. ¿No estaremos poniendo en marcha una caza de brujas?”, respondió públicamente el intendente, quien parece confundir un acto de reparación con uno de persecución.
La revelación sobre el pasado de Ferreyra llegó a desencadenar, incluso, una crisis en el gabinete que terminó en la renuncia indeclinable del secretario de Gobierno, Héctor Vitale, quien no soportó que su jefe ratificara al represor en la Dirección de Control Urbano.
La Secretaría de Derechos Humanos ha logrado recolectar testimonios de varios ex detenidos desaparecidos que involucran a Ferreyra con la represión. En 1977, Rubén Sampini cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería Blindada de Olavarría cuando observó movimientos extraños. “Un grupo de suboficiales y oficiales andaban siempre vestidos de civil, entraban y salían a cualquier hora, se movían en vehículos sin chapa –recordó Sampini–. Entre ellos se encontraba un sargento Ferreyra al que apodaban el Pájaro.” Luego de descubrir un calabozo con detenidos, Sampini fue secuestrado de su casa, mantenido desaparecido en Monte Peloni y luego trasladado al Penal de Azul.
Otro de los testimonios es el de María del Carmen Fernández, hermana del secuestrado y luego asesinado Jorge Fernández. Tras enterarse por la radio que su hermano había muerto en un supuesto enfrentamiento, reclamó al teniente coronel Ignacio Verdura que le entregaran el cuerpo. Después de varios días de idas y venidas, finalmente le dijeron que se lo darían, bajo amenaza de no abrir el féretro “si no queríamos terminar como Jorge”. “El ataúd fue bajado de una Ford F-100 celeste por Omar ‘Pájaro’ Ferreyra. Luego lo llevaron a un depósito donde permaneció más de un mes”, explicó María del Carmen, como ya lo había hecho en 1983 en la Cámara 1 en lo Criminal de la Capital Federal, que en ese entonces llevaba la causa del Primer Cuerpo del Ejército.
“No quiero hablar absolutamente nada porque ya es mi vida pasada”, fue una de las pocas respuestas que dio Ferreyra al diario local El Popular. Ante la insistencia de la periodista sobre su actuación en Monte Peloni, el militar sólo atinó a contestar: “Si ustedes quieren saber algo, vayan y hablen con el regimiento”. Luego cortó la comunicación.
“La autonomía municipal le impide a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir en el asunto”, explicó Carlotto. Frente a la imposibilidad de desplazar al funcionario de su cargo, decidió impulsar la apertura de una causa ante la Justicia Federal para probar el funcionamiento del circuito de represión conformado por unos 15 centros clandestinos de Olavarría, Azul, Las Flores y Tandil. Las víctimas, los familiares y los organismos de derechos humanos encabezarán las querellas.
Aunque el Pájaro continúa en su cargo, la comunidad ya le dio la espalda. El 24 de marzo la plaza se llenó de fotografías de desaparecidos y la marcha por el 28 aniversario del golpe concluyó frente a la casa de Ferreyra, donde se realizó el primer escrache en Olavarría. Otro gesto marca posición: muchos vecinos se niegan a que el represor ponga su firma en sus permisos de conducir.

Informe: Martina Noailles