Las negociaciones fracasaron. Después de seis meses de trabajo, la comisión binacional argentino-uruguaya del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) no arribó a una conclusión única sobre el impacto ambiental que provocaría la producción de las dos plantas de pasta de celulosa que se construyen en Fray Bentos, y ambas delegaciones emitieron sus conclusiones por separado tras su última reunión de ayer en Montevideo. La Cancillería argentina volvió a responsabilizar a las autoridades uruguayas de negarse a suministrar información técnica, mientras que funcionarios orientales aseguraron que ellos pusieron “todo sobre la mesa”. Sin acuerdo, y sin una solución política a la vista, nuestro país queda habilitado para recurrir a la Corte Internacional de La Haya, tal como había anunciado. En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se reunió ayer con los ambientalistas de Gualeguaychú que comparten su idea de ampliar la metodología de protesta, pero que se resisten a abandonar los cortes y bloqueos del paso internacional.

La suerte de la negociación estaba echada antes de que terminara la última reunión del GTAN. “Hoy nosotros terminamos los elementos para preparar los respectivos informes, sin un acuerdo”, sentenció el embajador Raúl Estrada Oyuela –director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y principal negociador argentino– antes de ingresar ayer al edificio de la Cancillería uruguaya, donde lo esperaba el resto de la delegación para completar las actas del último encuentro pactado en Montevideo. El diplomático enfrentó a la prensa y aseguró que Néstor Kirchner “estaba perfectamente informado” acerca de la situación a la que se había llegado en el GTAN y que el Presidente “dijo que estaba bien” la dirección que la delegación argentina le imprimió al tema.

El escueto comunicado emitido a última hora de la tarde por la Cancillería argentina fue igual de contundente. “Conforme surge de las actas y documentos del referido Grupo Técnico, el gobierno uruguayo no evaluó el impacto ambiental acumulado transfronterizo de las plantas proyectadas sobre el ecosistema asociado al río Uruguay, ni produjo la información técnica sobre esas plantas que le solicitó la Argentina a los fines de la evaluación”, dice en uno de sus tres párrafos, para concluir que “se cumple así el plazo de 180 días previsto para las negociaciones directas mencionadas en el Estatuto (del río Uruguay), quedando habilitada la vía de la solución judicial de la controversia”.

Acompañado por el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, Estrada Oyuela también responsabilizó a Uruguay por no entregar la suficiente información acerca de la tecnología que usarán las plantas de la compañía finlandesa Botnia y de la española Ence. Los 18 miembros de la delegación que viajaron a Montevideo volvieron a encontrarse sin novedades de sus pares uruguayos. Anoche preparaban los datos que incorporarían al documento de “requerimientos de información insatisfechos” que será la base del informe que elevarán al canciller Jorge Taiana.

Allí se describen las dificultades con las que se toparon en la negociación (ver aparte), además de las serias deficiencias detectadas en el informe que la consultoras Pacific Consultants International y Malcolm Pirnie elaboraron para el Banco Mundial, y que Página/12 adelantó en forma exclusiva hace quince días.

En tanto, las autoridades uruguayas volvieron a insistir en que su gobierno aportó toda información requerida por la delegación argentina. El subsecretario de Industria, Martín Ponce de León, que presidió la delegación oriental en la Comisión Binacional, aseveró que “Uruguay entregó toda la información y la puso sobre la mesa”. El funcionario señaló que, “sin duda, hay dos versiones diferentes” frente a las papeleras y admitió que durante el encuentro de las dos delegaciones en Montevideo “Argentina comunicó que el informe lo iba a hacer por separado basado en que considera que hay demasiadas discrepancias”.

Entrerrianas

En Entre Ríos había pocas expectativas sobre un resultado alentador en la reunión del GTAN. Todas las miradas estaban puestas en el encuentro que en la Casa Gris de la gobernación mantenía Jorge Busti con los miembros de Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Busti puso al tanto a los asambleístas del proyecto que enviará a la Legislatura provincial para pedirle al gobierno nacional que demande a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya y afirmó que “la corporación financiera internacional suspendió el otorgamiento de créditos a las papeleras”. La información luego fue desmentida desde Washington.

Pero también expresó su preocupación por la repercusión que los cortes y bloqueos de ruta del paso internacional que une Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos podrían tener sobre el tribunal. El mandatario provincial explicó el impacto positivo que causaron en el público del Festival de Cosquín los 100 mil folletos explicativos sobre la instalación de las papeleras que distribuyó la gobernación entrerriana. Y habló de repetir la experiencia en la Fiesta de la Artesanía, que se realizará en la localidad de Colón el 10 de febrero, y en otras actividades que impulsará la gobernación. Busti aseguró que revisar la metodología de protesta no implica “bajar ninguna bandera ni desmovilizar”.

Al término de la reunión, los ambientalistas ofrecieron una conferencia de prensa. “Fuimos invitados a una reunión sin temario previo”, dijo el representante de los asambleístas Javier Villanueva, y agregó que junto a las autoridades provinciales “intercambiamos ideas y comentamos cómo está la situación en Gualeguaychú, sin ninguna resolución”.

La Asamblea Ambiental se reunirá para evaluar las propuestas del gobernador y decidir cómo continuarán la lucha que emprendieron contra la instalación de las papeleras. “Vamos a reunir a toda la Asamblea, como es normal en Gualeguaychú, y conversaremos sobre el futuro de todo esto, teniendo en cuenta todas las alternativas”, reafirmó Villanueva. Los asambleístas definieron que los “une al gobierno el no a las papeleras”, pero que mantendrán su independencia para actuar frente al conflicto porque “nada ha cambiado todavía” para desechar cualquier iniciativa.