El tercer hombre de la Armada, el comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés, fue separado del cargo tras ser denunciado por ordenar tareas de espionaje político desde la base aeronaval de Trelew. También fue relevado el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi. Entre las pruebas, que ya están en manos de la Justicia federal, hay reportes de inteligencia recientes como una ficha con información sobre la ministra de Defensa, Nilda Garré, que incluye su foto, una síntesis de su carrera pública, un listado de sus hijos y las actividades a las que se dedica cada uno. También hay seguimientos sobre los actos de conmemoración de la Masacre de Trelew, los familiares de las víctimas, además de un parte referido a la reapertura de la causa judicial sobre la matanza. En algunas carpetas aparecen datos de archivos de la última dictadura, archivos cuya existencia la Marina siempre negó.

La denuncia fue presentada el viernes por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, junto con gran cantidad de documentación que servirá como prueba. El organismo, a su vez, le comunicó la situación al Ministerio de Defensa. Ayer, después de una reunión con la titular de la cartera, Nilda Garré, el jefe de la Armada, Jorge Godoy, informó a través de un comunicado la decisión de relevar a los dos altos jefes de la fuerza, el vicealmirante Avilés y el contraalmirante Rossi. Anunció que serán investigados por su responsabilidad en actividades que “versarían sobre ámbitos internos que exceden al marco legal de la actuación de los organismos de inteligencia militar” y que el subjefe de la Armada, Benito Rótolo, será quien quede a cargo de la investigación administrativa.

Todo comenzó cuando, el lunes último, un funcionario de la Armada se contactó con el CELS. “Es un hombre joven que no aceptó la orden de realizar tareas de inteligencia que están prohibidas por la ley. A raíz de la insistencia de sus superiores hizo la denuncia”, explicó Horacio Verbitsky, presidente de la entidad. Por oponerse a esas tareas, además, el denunciante, “comenzó a sufrir sanciones arbitrarias que perjudicaron su carrera militar”, añadió.

En una conferencia de prensa Verbitsky, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chiller y el abogado Rodrigo Borda, detallaron que las actividades de espionaje fueron realizadas desde la Oficina de Inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar, Chubut, la misma donde en 1972 fueron fusilados 16 presos políticos. “Esa base, significativamente, fue uno de los lugares de nacimiento del terrorismo de Estado”, dijo el periodista. Uno de los documentos entregados por el CELS a la Justicia también aporta indicios de que las disposiciones para hacer trabajos de inteligencia no se limitarían a Trelew sino que se extenderían a toda la Armada, a nivel nacional, ya que aparece una orden del propio comandante de Operaciones Navales, Avilés.

La ficha de la ministra de Defensa, Garré, es uno de los elementos más impactantes que obtuvo el CELS. Tiene un encabezado que dice “estrictamente secreto y confidencial” e información que parece obtenida de páginas web. Otra ficha, la del ex viceministro de la misma cartera, Jaime Garreta –segundo de José Pampuro– no sólo tiene información pública sino datos extraídos de los archivos de inteligencia de la dictadura, como su detención en sus primeros años de militancia política. Este es un dato relevante, ya que la Armada siempre negó tener en su poder archivos del terrorismo de Estado.

Muchos de los elementos reunidos que estudia el juez de Rawson hacen pensar que la reapertura de la causa de la masacre de Trelew, que está en trámite, genera gran inquietud en la Armada. Hay un parte sobre la reapertura en trámite de la investigación judicial de la masacre, ocurrida durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, donde podrían ser citados los militares que estaban en la base en aquella época. Abarca detalles sobre reuniones de funcionarios del gobierno con los familiares de las víctimas y un análisis de la probable evolución del caso. Un informe titulado “Acontecimientos acaecidos durante la semana de la Memoria” describe los actos de conmemoración de agosto del año pasado. Detalla los movimientos de funcionarios locales y de nivel nacional como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Agrega un listado de personas presentes, como la subsecretaria local del área (con todos sus datos personales), ex detenidos y madres de Plaza de Mayo.

El juez Pfleger hizo un allanamiento en la base naval y encontró más elementos: un organigrama completo del gobierno de Chubut y fotos de funcionarios entrando y saliendo de reuniones con organismos de derechos humanos. “Hay un claro seguimiento al gobierno provincial y a quienes ocupamos cargos públicos”, se quejó el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. “Pensé que esas prácticas habían quedado atrás, pero se encontraron fotografías de los fiscales Jorge Miquelarena (de Estado) y Alejandro Panizzi (anticorrupción), que viajaron recientemente a los Estados Unidos para exponer”, precisó. El CELS también mostró una foto de la base aeronaval donde se ve un mueble archivero con carpetas que dicen “ movimiento indigenista”, otra dice “gremios” y otra “religión”.

La denuncia del CELS es por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las leyes de Seguridad Interior y de Defensa prohíben a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia relacionadas con cuestiones de política interna.