Los represores Rubén Visuara, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti, Néstor Guillamondegui y Honorio Martínez Ruiz fueron procesados ayer por privaciones ilegales de la libertad, torturas y asesinatos de presos políticos en el centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. El juez federal Daniel Rafecas dio por probada la detención de 65 personas –la mitad uruguayas– y destacó que las víctimas eran sometidas a un régimen con tanta carga de terror y sadismo que el mismo secuestro era equiparable al delito de “imposición de tormentos”.

Cabanillas, que fue detenido el lunes, está acusado de haber sido, desde la SIDE, el superior inmediato del fallecido Aníbal Gordon, jefe del centro clandestino que funcionó en un taller mecánico alquilado en Venancio Flores y Emilio Lamarca entre mayo y noviembre de 1976. A su vez, este general respondía a Guillamondegui y Visuara.

Guglielminetti y Martínez Ruiz fueron dos agentes de inteligencia. Ambos se reciclaron en democracia. Cuando Rafecas ordenó su arresto, Martínez Ruiz ya estaba detenido por el robo a cajas de seguridad del Banco Nación. El nombre de Guglielminetti fue más escuchado una vez que los militares dejaron el poder: fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín y trabajó en el grupo de inteligencia paralelo Alem. Los secuestros extorsivos se convirtieron en una de sus especialidades. Durante la dictadura, actuó en, al menos, seis centros clandestinos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el juzgado, en Orletti las víctimas eran alojadas en la planta inferior o el garaje, donde eran mantenidos tirados o sentados en el piso, tabicados e imposibilitados de moverse. En la planta superior estaba la sala de tortura, donde los detenidos eran colgados de un gancho. “Esto implicaba ser esposados por detrás, de donde eran colgados hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y se colocaba por la cintura una especie de cinturón de cables que llegaba a una terminal eléctrica donde era conectado, produciendo un shock eléctrico en todo el cuerpo”, señaló el juez.

Al igual que hizo cuando procesó a los represores de El Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio, Rafecas dedicó una parte de su fallo a describir el ensañamiento con el que fueron tratados los detenidos de origen judío. El cuadro de Hitler que muchos sobrevivientes ubicaron en la oficina del jefe del campo es una muestra de la ideología nazi que impregnaba las prácticas de los represores de ese lugar. En ese sentido, el magistrado recordó el testimonio de un secuestrado, quien señaló que Gordon aseguraba: “Nosotros no somos pronazis, nosotros somos nazis”.

Tres de los cinco represores fueron procesados por el delito de homicidio calificado, que tiene pena de reclusión perpetua. Las privaciones ilegales de la libertad, en cambio, no llegan a diez años. (La desaparición forzada no está tipificada en el Código.)

Guillamondegui fue imputado específicamente por el asesinato del contador Carlos Santucho –hermano del dirigente del ERP Mario Roberto–, que fue ahogado en un tanque de agua a la vista de los demás secuestrados. Visuara y Cabanillas, a su vez, fueron responsabilizados por los homicidios agravados de cinco personas cuyos restos fueron encontrados en octubre de 1976 dentro de tambores sellados, rellenos con cal y cemento, que habían sido arrojados al río Luján. Entre las víctimas estaban Marcelo Gelman y Ana María Pérez, que estaba embarazada.

Este hallazgo se hizo a partir de una denuncia realizada por un cabo en octubre de 1976, que aseguró haber visto tres vehículos de donde se arrojaban bultos. A partir de ese informe se realizó un rastrillaje y se encontraron los tambores. “La organización estatal, mediante su maquinaria burocrática indetenible, paradójicamente ha documentado el accionar delictivo de los agentes subordinados funcionalmente al gobierno de facto”, aseguró Rafecas. El magistrado señaló: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.