Habrá siete jueces supremos pero con el tiempo serán cinco. No es una adivinanza sino la forma en que quedará conformada la Corte Suprema de Justicia si (como es casi de cajón) se aprueba el proyecto de ley que presentó ayer la senadora Cristina Fernández de Kirchner. La norma, que pasará con facilidad el Senado y, seguramente, sin mayores ripios en Diputados pretende saldar una deuda del Gobierno a partir de las dos últimas vacantes generadas en el tribunal. El proyecto es bien breve, apenas consta de tres artículos de fondo. Deroga la ley con la que Carlos Menem amplió el número de jueces. Establece que el número definitivo de integrantes volverá a ser cinco, el que rigió durante casi cien años de historia argentina. Y regula, mediante una cláusula transitoria, cómo funcionará el cuerpo mientras duren los actuales siete miembros y cuando se reduzcan a seis. La propuesta se conoció en la noche de ayer, la senadora aseguró que se viene estudiando desde hace meses. Pero es difícil no inscribirla en los cambios que viene obrando el Gobierno desde la derrota de Carlos Rovira en Misiones, hace algo menos de un par de semanas.

La exposición de motivos y las explicaciones que dio de modo informal la senadora a algunos medios, entre ellos Página/12, incluyen un argumento no demasiado usual en la retórica del Gobierno, que es el de recuperar la tradición histórica. La Corte, desde la reforma constitucional de 1860 y hasta la Revolución Libertadora, tuvo cinco miembros, una continuidad francamente inusual en las instituciones nativas. En 1990, el artículo primero de la ley 23.774 dictada por Menem hizo trepar el número a nueve miembros. Para Fernández de Kirchner tiene un pequeño valor agregado revocar esas leyes ligadas a momentos históricos con los que discrepa.

La ley 23.774 será derogada por el artículo primero de la que motoriza el oficialismo. El segundo dice que la Corte estará compuesta por cinco jueces.

Dado que los magistrados gozan de inamovilidad en sus cargos, el proyecto incluye en el artículo tercero una cláusula transitoria, que reconoce la realidad existente e inmodificable desde otro poder del Estado. “A partir de la entrada en vigencia de la ley se reduce transitoriamente a siete el número de jueces que la integran”, dice el proyecto al que tuvo acceso este diario. Cuando se produzca una vacante definitiva por cualquier causa, sigue el texto, se reducirá transitoriamente a seis jueces. Cuando acontezca otra vacante quedará definitivamente fijado en cinco. El proyecto no lo aclara, pero las vacantes sólo pueden producirse por renuncia, destitución por juicio político o fallecimiento de los supremos. Para impedir todo tipo de discusión acerca del número de votos necesarios para hacer mayoría en cada caso, la ley lo prevé, en línea con el criterio constitucional: mayoría absoluta. O sea, serán cuatro mientras haya siete supremos y aún cuando queden seis. Serán tres sobre cinco integrantes.

Una gambeta ofensiva

El Gobierno se sale así de un brete institucional en el que había quedado en parte por las circunstancias y en parte por su propias contradicciones. La seguidilla de juicios políticos más la renuncia de Gustavo Bossert determinaron que nombrara cuatro magistrados (Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti). El presidente Néstor Kirchner dictó el decreto 222 que autolimitaba sus facultades, reglando los modos y los plazos para proponer candidatos a jueces ante el Senado. Pero, en los últimos casos, las vacantes se prolongaron períodos superiores a los autorizados por el decreto 222, Néstor Kirchner había quedado en mora respecto de su propia regulación. “A Kirchner le molestaba tener que nombrar tantos jueces, le parecía que eso oscurecía la regeneración que se viene obrando en el tribunal”, explican al ladito del Presidente.

Los actuales cortesanos se quejaban de padecer un encierro legal: el tribunal legalmente tiene 9 integrantes, se requieren cinco para hacer mayoría... pero sólo votan siete. Aunque se habló de buscar un atajo interpretativo, la situación era enojosa e injustificable, las voces de sus señorías se venían haciendo oír, cada vez más estentóreas (ver nota aparte).

El proyecto se hace cargo de esos reclamos y va en línea con la mayoría de las propuestas de legisladores de otras bancadas, entre otras las de los senadores Ernesto Sanz (radical) y Rubén Giustinianni (socialista). En general, esos proyectos fijaban en siete el número de cortesanos, tal como proponía, pioneramente en el Gobierno, Horacio Rosatti cuando era ministro de Justicia. Lo de cinco integrantes tiene una relativa novedad.

La finalidad política de la reducción es, en el corto plazo, patente: una autolimitación del Gobierno si se producen nuevas vacantes, que no exigen nuevos nombramientos. Para la Corte será una señal de estabilidad, no habrá nuevas designaciones ni será tan complejo lograr mayoría para las sentencias.

El proyecto dice aspirar, más allá de la coyuntura, a que la recuperación de ese número histórico sea definitiva, sin más vaivenes. Desde luego, se trata de una ley que puede ser revocada por otra y que no goza de la amplia estabilidad de una constitución. Pero será arduo para este gobierno o para los siguientes en los próximos años impulsar otro cambio.

La oportunidad

“Veníamos pensando esto desde hace meses, no lo decidimos en los últimos días. Claro que lo hablamos con Kirchner y con el presidente de nuestra bancada”, comenta Fernández de Kirchner, fiel a su hábito de usar el vocativo “Kirchner” para mentar al Presidente. Es real que el Gobierno venía discurriendo la cuestión, pero es difícil separar la oportunidad del momento político ulterior a las elecciones en Misiones. Tras el revés, el oficialismo viene dando señales de haber registrado el reclamo de las urnas y de revisar algunas de sus decisiones y hasta ciertas gestualidades. El freno a los intentos de re-elección de los gobernadores Eduardo Fellner y Felipe Solá es un dato ineludible. El proyecto que se viene comentando, anticipado por Página/12 en su edición del domingo, es otro.

El ambiente político, cuando menos, apuró los tiempos. En los pasillos del Senado, que iban quedando vacíos cuando caía la noche de ayer, algunos confidentes comentaban que “es evidente que Miguel Pichetto no conocía la inminente presentación de esta propuesta anteayer, cuando despotricó contra la Corte y dijo que Kirchner dispone cuándo nombra los relevos”.

Los integrantes de la Corte tampoco fueron consultados ni avisados, comentan en el despacho de ambos senadores oficialistas, porque “la división de poderes debe regir en todas las direcciones”.

Hechos y palabras

El oficialismo ha hablado muy poco de su evaluación del plebiscito misionero, pero algunos de sus protagonistas principales vienen, en la intimidad esbozando un discurso que, curiosamente, minimiza la entidad de los discursos. “El Gobierno no opina sobre las elecciones, sino que actúa. Los gobiernos no deben juzgarse por lo que argumentan sino por sus conductas y por sus hechos” afirman, de momento sin micrófonos delante, Alberto Fernández y Cristina Fernández, entre otros.

El proyecto en mención es parte de esos hechos. Fernández de Kirchner aspira a que se trate y apruebe antes de fin de año. También impulsa una ley que saldaría una deuda constitucional que se remonta a 1853, la de implementación del juicio por jurados. En ese caso, seguramente más discutible porque se buscará armonizar el nuevo proyecto con otros preexistentes, quizás el debate se prorrogue en el 2007 (ver recuadro aparte).

La recomposición de la Corte de Justicia, los nombramientos de jueces de reconocido nivel técnico y probidad es una de las mejores medidas del actual gobierno que perdurará más allá del mandato de Kirchner. La propuesta de limitar el número de sus integrantes, en los hechos preservar su actual composición por el mayor tiempo posible, va en el mismo sentido.

Andando los días comenzarán las especulaciones acerca de quiénes podrían ser los primeros magistrados que dejen el tribunal, y es verosímil (pero no seguro) que por razones de edad Carlos Fayt tenga más posibilidades que otros. Pero lo real es que una Corte que ha ganado prestigio y merecida reputación de independencia puede llegar a tener facilitada su tarea de lograr mayorías y tiene por delante un escenario de estabilidad, que venía reclamando en voz baja durante meses y en volumen más elevado en los últimos tiempos.