Bastaron apenas 20 días. Fue el tiempo que transcurrió desde que la senadora Cristina Fernández de Kirchner hiciera público el proyecto oficial de reducir a cinco el número de miembros de la Corte Suprema y que el Congreso lo convirtiera en ley. Aunque la decantación de sus actuales siete miembros a cinco será natural y dependerá del paso del tiempo para que dos de ellos se jubilen o renuncien. Los cortesanos habían reclamado una definición que les permita establecer una mayoría de cuatro para agilizar los fallos de 87 mil expedientes que ahora tienen en sus manos. La oposición respaldó masivamente la iniciativa, pero cuestionó los vaivenes del Gobierno para definir la situación y la composición del máximo tribunal. El oficialismo justificó su postura con la autolimitación que se impuso el Gobierno para seguir nombrando ministros de la Corte. La aprobación se obtuvo con 192 votos y sólo una abstención.

Igual que Cristina Fernández en el Senado, el diputado oficialista Luis Cigogna hizo un extenso repaso histórico sobre las modificaciones en la composición de la Corte y hasta comparó la situación en otros países. Cuestionó las composiciones de la Corte durante los gobiernos radicales de Arturo Frondizi, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, pero Cigogna arremetió especialmente contra la mayoría automática menemista. “Las sospechas en la sociedad es que se había ampliado el número de miembros para tener una Corte adicta, que es lo malo y censurable. Es razonable que el Gobierno aspire a que la Corte tenga afinidad ideológica con su gestión, así ha ocurrido en Estados Unidos. Lo que es inadmisible que levantes el teléfono para que los jueces fallen en uno u otro sentido en una causa”, remarcó.

Cigogna defendió los juicios políticos a los miembros de esa mayoría automática y el consenso que obtuvieron en la sociedad los cuatro candidatos propuestos por el gobierno de Néstor Kirchner para reemplazarlos. Luego hizo suyas las palabras de Cristina Fernández en el Senado para afirmar que el proyecto significa “una inflexión en nuestra historia para mejorar la institucionalidad en la república”, reconoció que “la reducción no va a solucionar todos los problemas de la Justicia” y afirmó que “hay una Corte de cuya independencia nadie tiene dudas”.

Los cuestionamientos opositores se centraron –con diferentes niveles de beligerancia– en la manera en la que el oficialismo desestimó otros proyectos para reducir los miembros de la Corte, y en especial el dictamen que en octubre del año pasado había consensuado distintas iniciativas que proponían dejar en siete los ministros del tribunal. “La senadora firmante recordó las ampliaciones de la década del ’90 y les atribuyó gran parte del desprestigio de la Corte, a la que la UCR se opuso y no como en la provincia de Santa Cruz, donde el gobernador (por Kirchner) impulsó la ampliación de la Corte provincial de tres a cinco miembros, parecida a la hecha por (Carlos) Menem”, dijo el radical Pedro Azcoiti. Después aclaró que “esta senadora no es la autora del proyecto y debemos rendirle homenaje al verdadero autor: gracias al pueblo misionero”, sentenció, en referencia a la derrota electoral del gobernador kirchnerista Carlos Rovira.

El ARI también les atribuyó a otros motivos el giro del Gobierno sobre la Corte. Marcela Rodríguez manifestó que el oficialismo cambió su postura después de los reclamos de los propios supremos y de las organizaciones sociales y las ONG ligadas al tema jurídico, aunque antes el mismo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, “criticó hace un años atrás a la oposición que impulsaba el proyecto para la reducción de la Corte como autores de una jugada perversa y que actuábamos con vocación desestabilizadora”. La legisladora arista aseguró que “no existe una política judicial clara y coherente, mas allá del oportunismo político”.

El constitucionalista Jorge Vanossi, ahora en las filas de Macri, respaldó la iniciativa oficialista, pero se quejó de que no se avanzara en solucionar otras dificultades del sistema judicial. Afirmó que con los “197 letrados que trabajan como secretarios de la Corte Suprema se podría conformar un Tribunal intermedio federal” que haga de filtro de la propia Corte.

El final quedó en manos del jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi. El rosarino insistió en la importancia del proyecto “que autolimita las facultades del propio gobierno”, y que éste surgió del análisis de varias posibilidades: “Nombrar los dos casilleros vacantes o dejar el siete el número de los miembros de la Corte”. A esa altura de la noche, el único que anunció su abstención fue el ex zamorista Carlos Tinnerello. El oficialismo sabía con certeza que no tendría dificultades para transformar en ley el proyecto del Gobierno.