El título es “Manifiesto para la convivencia, frente a la crispación” y ya recolectó alrededor de tres mil firmas de adhesión entre personalidades de la cultura española, inquietas, sobre todo, porque “el debate político argumentado está siendo suplantado por la descalificación y el insulto; (por)que el normal funcionamiento de las instituciones sea trastocado y se niegue legitimidad a quien gobierna por voluntad de la ciudadanía; (por)que el derecho a una información veraz se sustituya por la manipulación sistemática de los hechos a base de mentiras o de medias verdades que confunden a la opinión pública”. De la simple lectura puede deducirse que en todas partes se cuecen habas de calidades semejantes y que la gente sensata y decente está preocupada debido a “una realidad virtual, construida ex profeso con fines partidarios o electorales, que se sobrepone a unos hechos objetivos que quedan así, la mayoría de las veces, sepultados por una avalancha mediática que se concentra en ciertos temas y se olvida de todo lo demás”. La “realidad virtual”, que existe también aquí, siguió estremecida esta semana por las repercusiones del asesinato a mansalva del profesor neuquino Carlos Fuentealba, pero si no se reconstituyó aún se debe, más que nada, a que no cedió la protesta indignada de los ciudadanos de esa y de otras partes del país.

Si no fuera porque viven en su propia realidad electoral, los dirigentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), mayoría en esa provincia, hubieran consentido el juicio político al gobernador Jorge Sobisch por la responsabilidad en el crimen, no sólo por razones humanitarias sino además porque el acto mismo representa una afrenta directa al contrato de convivencia que suponen los valores de la llamada democracia republicana, porque implica una prolongación del método represivo que enlutó por décadas a las familias argentinas y porque los compromisos con la corporación partidaria no pueden ser mayores que los del bien común. El propio Sobisch expresó su disposición a someterse a juicio, así sea porque parece convencido que el fusilamiento, pese a su brutalidad, es un trampolín fáctico para su campaña presidencial, en la que quiere presentarse como el abanderado del orden, a cualquier costo. Será porque supone, en la lógica del pensamiento de la extrema derecha, que la sociedad “bien pensante” está harta de soportar las molestias de piquetes y mitines callejeros cada vez que una minoría tiene algo para demandar.

Cierto es que el instrumento constitucional del juicio político es usado por los políticos profesionales como un recurso adicional para sus particulares riñas internas, como acaba de suceder en La Rioja, donde fue destituido Angel Maza, más allá de las razones que se invocaron para acusarlo, o de las que arguyeron en su momento los legisladores porteños para revocar el mandato de Aníbal Ibarra, pero aun así es un camino legal. Llega un punto en que la crispación se justifica por sí sola, en especial cuando las legislaturas aparecen incapacitadas para dar respuestas a las demandas populares. Las prácticas mezquinas, sectarias, desacreditan la legalidad y a las instituciones encargadas de aplicarla, por lo que los ciudadanos tienen que ganar la calle, cacerola en mano, para convertirse en tribunal popular, ilegal pero legítimo. La ocupación de la sede legislativa en Santa Cruz es un acto radicalizado, tal vez con más inspiración ideológica que gremial, pero con los datos que maneja la opinión pública tampoco son visibles otras vías alternativas para desahogar las reivindicaciones de los trabajadores estatales que piden el reordenamiento de los valores componentes de sus remuneraciones de bolsillo.

El primer punto del “Manifiesto” español declara: “Es propio de sociedades democráticas el debate, la confrontación dialéctica, la crítica acerba y, cómo no, la utilización de los derechos de expresión o de reunión con el fin de manifestar la protesta o el apoyo. Nada de lo anterior nos debe, pues, preocupar ya que forma parte de la normalidad democrática”. Más de una vez, el discurso del presidente Néstor Kirchner expuso, en términos parecidos, los mismos conceptos, lo cual hace más incomprensible el peligroso estancamiento de las negociaciones salariales en Santa Cruz, encima porque el pleito fue “nacionalizado” por voluntad de la Casa Rosada que maneja como propios los sucesos de esa provincia. Así como Sobisch pretende encolumnar en su propio beneficio a los que aceptan el “gatillo fácil” como un daño colateral provocado por el “desorden” de la protesta social, el gobierno nacional debería demostrar en Santa Cruz y en otros territorios en conflicto, como hizo con su mediación en el conflicto docente en La Rioja, que hay otro orden posible, el orden democrático, incluso cuando en la vereda opuesta militen posiciones radicalizadas. Es un desafío para una administración que reivindica el diálogo y la disuasión pacífica como métodos válidos para responder a la huelga, al piquete y a otras maneras de expresar opinión de las minorías disconformes. “No es bueno olvidar –apuntan los manifestantes españoles– que cuando la manipulación o incluso la mentira encuentran eco en las personas, ello obedece, generalmente, a una insuficiencia de claridad y de capacidad de comunicación por parte de aquellos que administran la cosa pública.”

Claro que en tiempos electorales ninguna razón es más fuerte que la lógica de los cazadores de votos, capaces de cualquier alquimia con tal de lograr la ventaja que les permita ganar la competencia. Los comicios del 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires ya dieron lugar a ciertas alianzas y combinaciones –la más reciente entre Telerman y Olivera/Carrió– que no son fáciles de asimilar por otro motivo que no sea la aritmética de las encuestas, algo así como oráculos posmodernos a los que acuden los competidores en busca de adivinar el futuro, pese a que demostraron ser falibles en más de una ocasión. Para escapar de la trama convencional o de los hábitos partidarios, Elisa Carrió encabeza una denominada “Coalición Cívica”, integrada en su mayoría por personas sin afiliación partidaria. En su discurso fundacional la candidata presidencial, que se define por oposición al gobierno nacional, al que acusa de “corrupto” y “fascista”, con un lenguaje que evoca al que usaba el antiperonismo cerril de mitad del siglo XX, aprovechó la ocasión para rendirle homenaje, en primer lugar, al “campo” que “nos dio la educación” y que sigue dando la riqueza a la nación, según sus particulares criterios.

Por cierto, ningún discurso de campaña llega a las profundidades explicativas en beneficio de frases contundentes y agitativas, pero no justifica la falsificación histórica. Es difícil de aceptar que “el campo” sea un bloque uniforme, que sus mayores poderes económicos hayan tenido preocupación alguna por la asistencia social y que los únicos villanos de la actualidad sean los frigoríficos. ¿O será que muchos no advirtieron que ya no existe la oligarquía con raíces rurales? Lectora insaciable, a Carrió tal vez le vendría bien repasar algunas versiones históricas, como las de Osvaldo Bayer y de otros autores de idéntica escrupulosidad, sobre la formación de los latifundios, los métodos de explotación de la peonada (¿habrá frecuentado el Martín Fierro?) y la expulsión masiva de trabajadores rurales que a mediados del siglo pasado llegaron a la ciudad huyendo de la pobreza más cruel, sin educación ni ningún otro derecho elemental, en busca de mejores horizontes en la naciente industria. Esa masa de campesinos, que refrescaron sus pies en la fuente de Plaza de Mayo aquel 17 de octubre, fue la corriente básica para la fundación del peronismo que hoy, después de 60 años y a 33 desde la muerte del líder, todavía define los resultados electorales y sus tendencias preponderantes están alineadas con Kirchner.

Lo más probable es que estos rudimentos de cultura política sean más que conocidos por quien pretende separar a las masas del influjo del “faraón” y guiarlas hacia la tierra prometida, pero ella también, quiéralo o no, sucumbe a las tentaciones electoralistas. Decepcionada de los votantes porteños de centroizquierda, que no la acompañaron en las urnas de 2003 en las proporciones que Carrió esperaba, hace ya algún tiempo que volcó su interés hacia los argumentos que complacen a la centroderecha y al antiperonismo, provocando diversas fragmentaciones en su penúltima creación, el ARI, que había agrupado militantes de diversos orígenes que compartían el sueño de realizar en el país las transformaciones progresistas, antioligárquicas y antiimperialistas, para que todos pudieran disfrutar de la libertad, el bienestar y la vida digna. Con un mensaje de aires proféticos y moralizantes como envoltura de su “actualizado” paquete ideológico, por el que abandonó el ARI, anunció que ésta será la última vez que compita por los votos de la mayoría, no se sabe si como promesa o amenaza. Para decirlo con palabras de quienes integran en España una coalición cívica de facto, sin apetencias electorales propias: “En democracia no se puede pretender torcer la voluntad ciudadana ni con soflamas ni con manifestaciones y menos con confusas actitudes ‘caudillistas’. Es el voto y sólo el voto el que debe decidir quién es el llamado a gobernar”.