La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra Uruguay por el secuestro y desaparición forzada de la nuera y la nieta del poeta Juan Gelman durante la dictadura militar en ese país. Este proceso permitiría discutir en el organismo internacional la invalidez de la ley de caducidad, la norma que impidió y todavía impide hacer justicia en el país vecino sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se extendió desde junio de 1973 a marzo de 1985.

“Hay decisiones sobre otros países en las que se ha manifestado que las leyes de amnistía para este tipo de delitos son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló a Página/12 Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo de derechos humanos que patrocinó a Juan Gelman y su nieta Macarena ante la CIDH junto con el abogado José Luis González.

Tojo recordó el caso de la masacre de Barrios Altos en Perú y el de la ejecución del profesor Luis Alfredo Almonacid en Chile. En ambas resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a los estados por aplicar normas que impedían investigar los crímenes y sancionar a los responsables. En Argentina, el antecedente de Perú fue valorado por la Corte Suprema al confirmar la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, así como un informe anterior de la CIDH respecto de las leyes de impunidad en el país.

Al admitir el caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, el organismo internacional consideró que “aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del Plan Cóndor, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005”. Así, la CIDH entendió que las víctimas habían agotado los recursos a nivel local y, por lo tanto, correspondía habilitar la discusión en la instancia internacional.

María Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires junto con su marido, Marcelo Gelman, el 24 agosto de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. En 1989 fueron hallados sus restos, que habían sido arrojados al Río Luján en un tonel. María Claudia, que estaba embarazada de siete meses al momento del secuestro, fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del Cono Sur. Durante su cautiverio en Montevideo, dio a luz su bebé en el hospital militar. La nena fue entregada a otra familia, que la crió como propia. La niña, Macarena, recuperó su identidad en 2000 a partir de una investigación de su abuelo. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena, el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados sus restos.

La investigación penal sobre la desaparición de María Claudia fue reabierta en Uruguay por el juez Gustavo Mirabal. Además, el presidente Tabaré Vázquez consideró que este crimen estaba “excluido” de la ley de caducidad, por lo que dio el aval para que el expediente siga su curso. Aun así, el fiscal del caso, Enrique Moller, insistió con que el hecho quedaba comprendido dentro de la amnistía a los represores uruguayos, argumento que fue respaldado por un tribunal de apelaciones. De este modo, la justicia oriental terminó cerrando la causa. La desaparición de María Claudia fue incluida recientemente como parte de la investigación general sobre un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina y llevados luego a Montevideo. Pero hasta el momento no hubo novedades judiciales al respecto. En Argentina el caso es investigado por los jueces federales Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide, que pidieron la extradición de los involucrados.

Ahora que la CIDH consideró “agotados los recursos” en Uruguay, Gelman, su nieta y sus abogados esperan que sean removidos los “obstáculos” que impiden hacer justicia. Por eso, esta denuncia podría ser un caso testigo para comprometer al gobierno de Tabaré Vázquez en la anulación de la ley de caducidad. Actualmente, existe en Uruguay una Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad, que decidió comenzar la elaboración de un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de invalidar la norma que impide el juzgamiento de los represores.