Por primera vez se estimó la magnitud del aborto en la Argentina a través de dos métodos científicos validados internacionalmente. El cálculo obtenido concluyó que anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Se concluyó que a lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Además, se dedujo que por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requieren.

“Es un avance importante. Ahora hay un número con un sustento científico. No es más una apreciación fortuita”, destacó la médica Zulema Palma, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de más de 250 ONG que el lunes último presentó en el Congreso un proyecto de legalización del aborto (ver aparte).

El estudio fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, a un equipo encabezado por reconocidas investigadoras en la temática: Edith Alejandra Pantelides, del Conicet y el Centro de Estudios de Población (Cenep), y Silvia Mario, del Instituto Gino Germani de la UBA. “Hasta ahora había estimaciones más precarias”, señaló a Página/12 Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien viene estudiando desde hace varios años la problemática del aborto en la Argentina. La cifra que se mencionaba desde organizaciones de mujeres y voces gubernamentales era de alrededor de medio millón de abortos por año: finalmente es un número que se acerca al obtenido a través de las dos metodologías científicas validadas internacionalmente usadas por Pantelides y Mario.

“Como toda información con rigor científico, permite armar el debate social en mejores términos. Además, desmiente a quienes sostenían que no había tantos abortos en el país. Cincuenta mil abortos más o menos no hacen diferencia a la hora de evaluar el problema”, consideró Ramos. “Un aspecto importante –agregó– es ver la relación entre el total de nacimientos y la cantidad de abortos: ésa es la magnitud relativa a tener en cuenta.”

Medir la dimensión de una práctica clandestina, que es penalizada por el Código Penal, no es sencillo. Por esa razón, obviamente, no existen registros oficiales. “Se debió recurrir a métodos indirectos y se abandonó la pretensión de obtener una cifra exacta, sino más bien un rango de órdenes de magnitud”, explicó Mario. “Se ha utilizado la mejor metodología del mundo disponible, con las restricciones que tiene por los parámetros que hay que medir”, subrayó Ramos.

Las investigadoras recurrieron a dos métodos muy diferentes. El primero está basado en estadísticas del sistema de salud, en este caso el registro de egresos hospitalarios en el que quedan asentadas las hospitalizaciones debidas a abortos complicados. Se parte del supuesto de que estos casos, que demandan atención médica, representan sólo una parte del total de abortos inducidos. A partir de una encuesta a informantes clave, mayoritariamente jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia del sector público con desempeño también en el ámbito privado, el equipo coordinado por Pantelides y Mario estimó la cantidad de abortos que se practican en la clandestinidad, que no terminan en complicaciones que requieran internación.

Se calculó entonces que por cada mujer que llega con hemorragias o infección a un hospital después de un aborto, hay siete que no demandan ayuda médica, principalmente porque la interrupción se hizo de forma más segura y con menor riesgo. A ese número –que representaría la parte oculta del iceberg– se lo denomina “factor multiplicador”. Se multiplicaron por siete la cantidad de egresos hospitalarios (el último registro corresponde al año 2000) post-aborto. Así, las investigadoras concluyeron que se practicarían un total aproximado de 460 mil abortos a nivel nacional.

Las entrevistas a informantes clave fueron realizadas en el conurbano y en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Resistencia. Además de médicos, se encuestaron integrantes de ONG de mujeres y jefes provinciales de programas de Salud Reproductiva.

Para llegar al multiplicador 7 tuvieron en cuenta una serie de conclusiones obtenidas a través de la encuesta. Entre ellas que:

- La práctica del aborto asistida por profesionales médicos se considera segura.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos medios y altos rara vez (o nunca) recurren a no médicos o se autoprovocan un aborto.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos recurren para interrumpir un embarazo mayoritariamente a personas que no son médicos o se lo provocan ellas mismas.

- En la mayor parte de los casos, los abortos autoinducidos se provocan con la ingesta o introducción vaginal de pastillas de misoprostol, una droga que se puede comprar bajo receta en las farmacias y tiene otra indicación médica.

- Entre el 80 y el 100 por ciento de las mujeres con complicaciones por un aborto recurren a un hospital público.

- Los métodos más usados por los médicos son la dilatación y legrado y el aborto con medicamentos (en general, con misoprostol).

“La percepción de los entrevistados indica que en la actualidad la práctica del aborto inducido parece realizarse en un contexto de mayor seguridad que en el pasado, sobre todo para las mujeres de estratos medios y altos, a pesar de su ilegalidad. Es esperable entonces que las hospitalizaciones reflejen una proporción pequeña del total de abortos”, sostuvieron Pantelides y Mario en su investigación, que lleva por título “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”. En ese sentido, advirtieron que la práctica del aborto ha cambiado “sustancialmente” durante las últimas décadas. Por un lado, el uso extendido de antibióticos como preventivo de infecciones por parte de quienes realizan el procedimiento médico y de las mismas mujeres “ha reducido notablemente el riesgo de complicación”. Por otra parte, la utilización del misoprostol, “método con escasas complicaciones asociadas”, se ha difundido entre los proveedores de abortos y también entre las mujeres.

Dos por cada mujer

A través de la otra metodología científica aplicada se obtuvieron dos estimaciones, combinando distintas variables, que ubican el número de abortos anuales entre 486.000 y 522.000, para el 84 por ciento de la población femenina. Por lo tanto, habría que sumarle un 16 por ciento más: con lo que se obtiene un número total de entre 560.000 y 615.000 interrupciones voluntarias de embarazo inducidas.

¿Cómo se llega a esa estimación? Este método no es sencillo de explicar. Consiste en relacionar una tasa de fecundidad máxima teórica por mujer –que surge de estudios internacionales que evaluaron distintas poblaciones– con los factores que la disminuyen: el uso de anticonceptivos, la infertilidad post-parto y el aborto. Todos los índices se calcularon con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-2005, que incluye un módulo sobre salud sexual y reproductiva e indaga además sobre lactancia en el cuestionario de niños. “El índice para el aborto se obtiene a partir de los valores conocidos –uso de anticonceptivos, infertilidad post-parto teniendo en cuenta la lactancia promedio en la Argentina–, reordenando los términos de la ecuación principal. A partir de este índice se calcula la tasa de aborto y el número de abortos anual, en esta caso el año 2004-2005”, explicaron las investigadoras.

La estimación indica que cada mujer a lo largo de su vida fértil se practicaría dos abortos. La tasa de abortos cada mil mujeres sería de 60. Teniendo en cuenta que en el país se producen alrededor de 700 mil nacimientos cada año, habría poco menos de un aborto por cada nacimiento.

“Para el cálculo de la infertilidad post-parto se tomó en cuenta la duración promedio y la duración mediana de la lactancia: de ahí que surjan dos mediciones distintas”, aclaró Mario.

“Estos dos métodos son los únicos que se pueden aplicar en el país”, explicó Pantelides a Página/12. Las metodologías no se habían ensayado antes porque se estaban perfeccionando en otros países, y además porque no existía en la Argentina alguna información necesaria, que recién estuvo disponible a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Tampoco antes se había dispuesto de fondos para encarar el estudio. El trabajo fue resultado de una investigación apoyada por la beca “Ramón Carrillo-Arturo Oñativa” para Estudios Colaborativos Multicéntricos de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria.