Diálogo real entre una abuela y su nieto, el jueves 19, en la Capital Federal, horas antes de que se presentara en La Plata la candidatura presidencial de CFK:

–Ja. Las mujeres en la política. Ahora resulta que son peor que los hombres –respondió la señora, de 89 años recién cumplidos. Cada caso tiene su propia lógica y moviliza intereses diferentes. Uno es opinable, otro indefendible y el tercero ridículo. Pero haría falta una sobredosis de ingenuidad para atribuir al azar que los días previos a la presentación de la candidatura hayan sido ocupados por denuncias en contra de tres mujeres, cuando recién comenzaba a olvidarse la agresión en Santa Cruz contra la hermana presidencial Alicia Kirchner.

Sin que esto signifique atribuir la coincidencia a una coordinación conspirativa, el mensaje que se transmite al observador distraído es nítido. A la presidenta chilena Michelle Bachelet le llevó un año y medio de gobierno descubrir la carga adicional que debe soportar una mujer. A Cristina se la hicieron sentir en cuanto se confirmó que encabezaría la fórmula oficialista. Quienes consideraron campaña sucia la denuncia de que Jorge Telerman y Juan Blumberg eran licenciado e ingeniero truchos o el recuerdo de que Maurizio era Macri, creen ahora que el gobierno se derrumba bajo el peso de su propia corrupción. Además de este ostensible doble standard y de la cuestión de género hay motivaciones políticas ostensibles, aunque difíciles de explicitar dadas las contradicciones manifiestas de la oposición: por un lado denuncia el presunto carácter monárquico que tendría la sucesión de un hombre por su esposa, como si fuera una imposición irresistible al pueblo; por otro, para darse ánimo necesita minimizar las posibilidades electorales de la candidata. Pero si su elección no es automática y el voto popular puede frustrarla en elecciones libres, ¿qué queda por objetar?

1. El detalle que faltaba

En el caso de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los datos del periodista Claudio Savoia sobre la contratación de tres centenares y medio de funcionarios, el alquiler de aviones privados y la adquisición de muebles y computadoras fueron en buena medida confirmadas por los informes oficiales, que sólo difirieron en detalles y en la interpretación de esos hechos, acerca de la idoneidad de ese personal, la cronología de un noviazgo o la necesidad de aquellos elementos o contrataciones. Es improbable que esos hechos coincidan con algún tipo penal, pero sí justifican un debate acerca de las modalidades habituales en la selección del personal y en las de su contratación en el Estado. El problema no es Picolotti sino la cultura institucional prevaleciente. No ha habido presidencia en el país ni hay ministerio o secretaría ahora en la cual se cierre la puerta a los parientes más o menos cercanos del titular, aberración que se encubre con apelaciones a la idoneidad o a la necesaria confianza en funciones sensibles. El artículo contenía inexactitudes, como suele ocurrir en una investigación periodística de cualquier medio, que no suele ni tiene por qué igualar el grado de certeza ni el tiempo de elaboración de un fallo judicial. Pero al llamar seudoperiodista al autor y desdeñar como imbecilidades sus alegaciones, el jefe de gabinete Alberto Fernández no contribuyó a esclarecer el tema. También insinuó que había intereses ocultos en la publicación, pero no las explicó. Clarín no suele dedicar su principal título de tapa a una investigación propia sobre una secretaría del gobierno ni emplear títulos tan genéricos como “Sospechas” o “Extraños manejos”. No hubiera estado de más aclarar que varias decisiones oficiales, ya tomadas o pendientes, pueden afectar negocios del Grupo Clarín por miles de millones de pesos:

- El 9 de marzo funcionarios de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable comprobaron el vertido de efluentes líquidos contaminantes de la planta en Baradero de Papel Prensa, del Grupo Clarín. La secretaría fijó un plazo de 180 días para eliminar esa contaminación. Las obras necesarias costarán unos 10 millones de dólares.

- El gobierno nacional había pedido que el canal 7 de televisión transmitiera un partido de fútbol los viernes. A raíz de ello los clubes reclamaron un aumento sustancial a Torneos y Competencias, del grupo Clarín, en el contrato por las transmisiones por cable. El nuevo contrato se firmó poco después. La empresa deberá pagar 180 millones de pesos por año, el doble que hasta ahora.

- El 27 de abril la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores, que considera inconstitucional. Esto a su vez afecta la reclamada fusión de Cablevisión con Multicanal, ambos operadores de cable del Grupo Clarín, cuya aprobación depende de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entre ambos superan los tres millones de abonados, en un negocio de miles de millones de dólares.

- Esos mismos operadores esperan una respuesta de la secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones a su solicitud de ofrecer también el servicio de telefonía por cablemodem digital.

Nada de esto invalida la investigación periodística sobre la secretaría ambiental, pero no es la mejor práctica sustraer del conocimiento del lector datos tan relevantes.

2. Bolseos

El hallazgo de un sobre con dinero en el baño de Felisa Miceli fue revelado por el columnista Jorge Lanata en el semanario Perfil. Discriminada en la asignación de publicidad oficial, la editorial del mismo nombre tiene una buena motivación subjetiva para marcarle su presencia al gobierno que la ningunea y esta vez encontró un tema de interés público. Las contradictorias explicaciones de Miceli en un comunicado y en un reportaje y la reconstrucción por el fiscal Guillermo Marijuán de la ruta del fajo termosellado que apareció en el baño ministerial, pusieron a la funcionaria al borde de un precipicio. El presidente Néstor Kirchner le pidió que saltara. La primera declaración de Miceli era verosímil y Kirchner no tenía motivos para ponerla en duda. Pero cuando la justicia estableció que ese ladrillo con cien mil pesos había salido del Banco Central rumbo a una financiera que no tiene registros de su retiro por parte de ningún cliente, tardó sólo horas en pedirle que dejara el cargo. Más allá de la relevancia que el desempeño de Felisa Miceli haya tenido durante su año y medio en el gobierno, el ministerio de Economía estuvo por primera vez en manos de alguien cuya preocupación central pasaba por los trabajadores y que llegó a ese cargo sin vinculación previa con las grandes empresas, sus cámaras patronales u organismos internacionales aliados. Quienes compartían esa perspectiva oscilan entre la pena y la indignación hacia la ex ministra. En cambio el establishment festejó con entusiasmo el juramento de Miguel Peirano, cuya carrera laboral se inició en Techint y prosiguió en la Unión Industrial.

3. La extorsión

La decisión del juez federal en lo penal económico Guillermo Tiscornia de investigar a la ministra de Defensa en un caso de contrabando y subfacturación de piezas de armas fue firmada el martes 17, con el ostensible propósito de maniatar al Consejo de la Magistratura, cuya comisión de Acusación y Disciplina había incluido en su agenda para el jueves 19 el tratamiento de un dictamen que recomendaba la suspensión y juicio político del juez por la solicitud de coimas a una empresa española que explota bingos y tragamonedas. El diario La Nación reservó el principal título de tapa del jueves 19 a informar la imputación contra la ministra. Cuando la Comisión aprobó de todos modos el dictamen acusatorio, La Nación invirtió la secuencia y sostuvo que esa fue la respuesta del gobierno ante la decisión de imputar a la ministra, como si el trueno precediera al relámpago. El expediente dice lo contrario.

Los emisarios de Tiscornia fueron filmados mientras solicitaban cuatro millones de dólares a cambio de no procesar a los directivos de la empresa Codere. El caso en su contra no fue instruido por un político sino por el consejero abogado Santiago Montaña, cuyo voto se sumó este jueves a los del académico Mariano Candioti, la secretaria de justicia Marcela Losardo y los legisladores oficialistas Diana Conti y María Laura Leguizamón. Los dos luises que representan a los jueces en el Consejo, Cabral y Bunge Campos, se abstuvieron. Bunge quería una prórroga para profundizar el estudio del dictamen, Cabral estaba de acuerdo con la acusación pero propuso agregar el modo irregular de la citación a la ministra en el caso de los repuestos de armas. La mayoría no aceptó esa dilación, porque hubiera obligado a citar una vez más al juez para escuchar su descargo por esta nueva causal de remoción. Además, hubiera dado apariencia de realidad a la suspicacia inducida por La Nación acerca de una represalia por implicar a Garré, cuando la causa contra el juez por los bingos empezó hace más de un año y las pruebas son abrumadoras. Puesto su juego en evidencia, ahora amenaza con renunciar para victimizarse.

El bingo de Tiscornia

El decreto 603/92, contra la proliferación de armas de destrucción masiva, regula las exportaciones sensitivas y de material bélico. Todo su articulado apunta a imposibilitar la venta irregular de materiales o equipos nucleares, misilísticos o aptos para la guerra química y bacteriológica. Para controlarla se creó una comisión integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa) y la Dirección General de Aduanas. El Renar tiene a cargo el control de las exportaciones de armas de fuego en el caso de fusiles o sus partes y la Aduana la inspección de la carga y la verificación del material. Según el juez, bajo la máscara de una venta de material de desguace a Estados Unidos, podría esconderse un cargamento de partes de armas que luego se transformarían en fusiles terminados para ser vendidos a otro país. Las constancias del expediente del ministerio de Defensa muestran una serie de precauciones para impedir esa posibilidad. Por ejemplo, pidió a Citefa un peritaje, que determinó que las piezas exportadas en distintos embarques autorizados entre 2003 y 2006 alcanzaban sólo al 66 por ciento de las que componen un fusil liviano y el 46 por ciento de las de un fusil pesado. El 15 de junio de 2006, la Comisión fijó cuatro condiciones adicionales para autorizar la exportación: debían detallarse los números de serie de cada pieza a exportar, cosa que no se había hecho en ninguno de los actos previos; los agregados militares en Estados Unidos debían verificar que el material llegara a la empresa importadora; la autorización no sería abierta sino con un plazo de vencimiento de un año y Fabricaciones Militares debía informar las fechas de salida y de recepción del material. Recién entonces, Garré firmó la resolución 1334, de diciembre de 2006, que autorizaba el embarque. Tiscornia también remitió copia de la causa al fuero federal, donde el juez Jorge Ballestero debería investigar un posible fraude a la administración pública. Para que se entienda la relevancia del caso: los 6.739 kilos de repuestos de armas fueron declarados a un valor de 2.664 dólares, es decir a razón de 40 centavos por kilo, cuando el valor de la chatarra oscilaría entre 1,50 y 3 dólares. La Aduana es el organismo obligado a inspeccionar la carga y verificar el material. Al hacerlo descubrió la diferencia de valores que dio lugar a la aparatosa intervención del juez Tiscornia, quien imaginó que esos 6.739 kilos de fierros podían ser el salvavidas que lo rescatara de las aguas del juicio político y gritó ¡Bingo!